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miércoles, 5 de julio de 2017

Maduro arrincona a la fiscal general y nombra una ‘número dos’ sancionada por EE UU.

Caracas Venezuela / El País  - La guerra entre el régimen de Nicolás Maduro y la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, ya es total. 

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) nombró este martes a una nueva vicefiscal, Katherine Harrington, sancionada por EE UU, y ha dejado en suspenso el destino de la fiscal general de la República que se ha pronunciado en contra del Gobierno durante las protestas. 

Después de la audiencia de este martes ante 32 magistrados de la Sala Plena, el presidente del Supremo, Maikel Moreno, ha anunciado que en los próximos cinco días se conocerá si la máxima representante del Ministerio Público podrá ser enjuiciada y eventualmente destituida de su cargo.

Ortega Díaz no acudió a la vista porque consideró que con su presencia “convalidaría un circo que teñiría la historia de Venezuela de vergüenza y dolor”. “La decisión está cantada y no los reconozco (a los togados)”, ha agregado, en una clara alusión a su casi segura destitución. “No he cometido delitos ni faltas, y no me someteré a este tribunal inconstitucional e ilegítimo. 

Quieren intimidarme, callarme para que no siga diciendo verdades. Todavía persiste en Venezuela la ruptura del orden constitucional (…) Esto es un golpe de Estado, más grotesco que el de Pedro Carmona”, ha asegurado, al comparar la solicitud de un juicio en su contra con el breve golpe de Estado que en 2002 desalojó al entonces presidente Hugo Chávez durante 72 horas.

En la audiencia intervinieron el diputado del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Pedro Carreño, principal demandante, el Defensor del Pueblo, Tarek William Saab, el Contralor General, Manuel Galindo, y un defensor de oficio nombrado por el tribunal. 

Durante la vista, los demandantes trataron de demostrar que Ortega Díaz había incurrido en faltas graves al negar que hubiera participado en la reunión del Consejo Moral Republicano, que seleccionó a los 17 magistrados incorporados al Supremo a finales de diciembre de 2015, en vísperas del cese del Parlamento controlado por el chavismo.


El régimen necesita dar la impresión de que las instituciones funcionan y se procede conforme al derecho. La deserción de Ortega Díaz ha dejado en evidencia que el Gobierno de Maduro es capaz de simular que cumple con la ley si está en juego su permanencia en el poder. 

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