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sábado, 29 de julio de 2017

Poder Legislativo de Nicaragua oficializa demanda contra EEUU.



Con  88 diputados la Asamblea legislativa controlada por Daniel Ortega, a probaron ley que rechaza la iniciativa Nica Act que apropobó la comision del exterior del senado de EEUU.

Aún con problemas técnicos en la pizarra electrónica los parlamentarios votaron a mano alzada las dos propuestas legislativas presentadas en el plenario consistente en una ley que rechaza la ley que congela fondos a Nicaragua y persigue a los corrupto del pais.


La Declaración A.N, No. 02-2017 fue para ratificar el rechazo categórico a la actuación injerencista del Congreso Norteamericano, contenido en la Declaración A.N No. 01-2017. Presentada por diputados Alejandro Mejía Ferreti, Carlos Wilfredo Navarro Moreira, Edwin Ramón Castro Rivera, Gladys de los Ángeles Báez, Gustavo Eduardo Porras Cortés, Loria Raquel Dixon Brautigam, María Haydée Osuna Ruiz, Mario José Asensio Flores.

Objetivo de la ley es, para rechazar tajantemente la actuación injerencista del Congreso Norteamericano, contenida en la declaración A.N. No. 01-2017, porque intenta menoscabar los derechos fundamentales de soberanía y autodeterminación mediante el proceso de aprobación de la iniciativa de Ley conocida como Nica Act (Nicaragua Investment Condicionality Act.

Dichas acciones no contribuyen a las relaciones de amistad, complementariedad y solidaridad recíproca entre los Pueblos y Gobiernos de Nicaragua y Estados Unidos de América.

Estado: Aprobada en lo General con 87 votos a favor, 0 en contra, 2 abstenciones.  Los diputados miembros de la Bancada Liberal a través de un pronunciamiento expresaron su preocupación ante el avance de la iniciativa de Ley Nica Act considerando que esto provocará efectos negativos en la estabilidad económica, social y política del país.


Ley de Defensa del Patrimonio Nacional. Presentada por Poder Ejecutivo con trámite de urgencia.  Objeto: Asegurar el cumplimiento de la indemnización que establece la Corte Internacional de Justicia de La Haya en la sentencia dictada el 27 de junio de 1986 en el caso Actividades militares y paramilitares en y contra Nicaragua, en el año 1989 que manda a los Estados Unidos de Norteamérica a indemnizar al Estado y pueblo de Nicaragua (17 mil millones de dólares), dado que Nicaragua jamás ha desistido de su demanda ni de la ejecución de la sentencia ni ha presentado nunca documento formal alguno que muestre que ha cesado de su pretensión de que se cumpla con la sentencia.



Con 75 votos a favor, 13 en contra, 0 abstención, 1 presente, ley para enfrentar al gobierno de EEUU, despues que la Cámara de relaciones exteriores apoyó por unanimidad la ley Nica Act.

Los diputados de la Bancada del Partido Liberal Constitucionalista votaron en contra y algunos se pronunciaron pidiendo no precipitarse, hacer un análisis de la situación actual así como evitar un ambiente de confrontación con el gobierno de Estados Unidos.

El diputado Alfredo César no estuvo de acuerdo con la iniciativa y consideró inútil el cobro de esta deuda tomando en cuenta que la misma había seguido su proceso en el trámite de desistimiento para acabar finalmente con el bloqueo que vivía el país en los años 80.

Sin embargo, el cobro de una indemnización de 17 mil millones de dólares a Estados Unidos, por las actividades militares financiadas por aquel país contra Nicaragua en la década del ochenta, “es un caso cerrado” que “terminó hace décadas y estamos enfocados en el futuro”, dijo el viernes la embajadora de Estados Unidos en Nicaragua, Laura Dogu.

Dogu explicó que Nicaragua es “un país soberano y tiene el derecho de hacer lo que quiera”. Las declaraciones las brindó después de participar en un evento deportivo en el cual las autoridades de la Alcaldía de Managua rindieron homenaje al ex big leaguer nicaragüense Denis Martínez, en las instalaciones del Instituto de la Juventud en Managua.

“Es un caso cerrado”, reiteró Dogu sobre dicho cobro a su país, mientras calificó como un “derecho soberano” de Nicaragua la aprobación de una ley en el Parlamento para llevar a cabo esta pretensión. El gobierno sandinista reactivó el jueves el reclamo de la indemnización, fallada a favor del país en 1986 por la Corte Internacional de Justicia (CIJ), y lo hizo a pesar del cuestionamiento de los expertos que recordaron que en 1991 el Estado de Nicaragua renunció a cualquier cobro.

La reacción del Ejecutivo ocurrió como respuesta al avance de la propuesta de Ley Nica Act en el Congreso de Estados Unidos. El régimen de Nicaragua se opone a esa iniciativa, que califica de injerencista, porque haría posible el veto de Estados Unidos en la aprobación de préstamos en organismos internacionales a favor de Nicaragua, pues pone como condición el restablecimiento de la democracia y el respeto de los derechos humanos.

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