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jueves, 3 de agosto de 2017

Banco Mundial urge reformar sector público. Hace serias recomendaciones al régimen de Ortega.

Nicaragua tiene que tomar medidas adicionales para fortalecer las instituciones y reformar el sector público para que sea más eficiente y mejore sus regulaciones comerciales y el clima de inversión —en particular en áreas como acceso a financiamiento, regulaciones y burocracia, procedimientos de aduana y competencia— y mejorar la productividad en el sector agrícola y levantar las restricciones para que el sector privado florezca.

El Índice de Competitividad Global 2016-2017 clasificó a Nicaragua en el puesto 122 de los 138 países en el tema de las instituciones. El país se clasifica bajo en varias categorías, en particular en la independencia judicial (136), el favoritismo en las decisiones de los funcionarios gubernamentales (129), los derechos de propiedad (124) y la transparencia en la formulación de políticas gubernamentales.

Los Indicadores Mundiales de Gobernabilidad (WGI) también señalan grandes debilidades institucionales. Según el WGI, para el año 2015 Nicaragua se ubicó en el tercio inferior de todos los países: la media del rango percentil en el WGI fue de 31.4 (30.9). Una comparación con la región muestra que el país siguió el promedio de América Latina y el Caribe (ALC) (54.6) por un gran margen. 

El ranking de Nicaragua en el WGI también fue bajo en comparación con otros países de ingresos medios bajos. Los consultados en la encuesta ejecutiva del Informe de Competitividad Global identificaron la burocracia gubernamental ineficiente como el factor más problemático para hacer negocios por seis años consecutivos. Además, los indicadores de calidad burocrática sugieren que Nicaragua se está quedando atrás de todos los demás países centroamericanos.

Para fortalecer las capacidades de la administración pública y su efectividad, Nicaragua necesita trabajar hacia procesos de toma de decisiones menos concentrados y de mayor empoderamiento de los funcionarios públicos en esta área.
La falta de separación de las decisiones técnicas de las fuerzas políticas puede conducir a la inacción o la implementación fallida, ya que asegurar continuamente la lealtad política puede afectar la velocidad y la capacidad de tomar y aplicar decisiones en toda la cadena administrativa.

Una de las debilidades identificadas es la necesidad de fomentar un debate amplio y una formulación de políticas basada en la evidencia. El establecimiento de evaluaciones de impacto de programas seleccionados y el fortalecimiento de sistemas de monitoreo y evaluación podrían conducir a mejores resultados de desarrollo. 

Aunque se recopilan datos administrativos sistemáticos en todos los ministerios y organismos, estos raramente se utilizan con eficacia para adaptar y ajustar las políticas y programas debido en parte a la debilidad de la capacidad, pero también a esta centralización excesiva de las decisiones clave. 

Los desafíos en esta área, si no se abordan, podrían convertirse en obstáculos para aportar certeza a largo plazo a los inversionistas extranjeros y nacionales. De acuerdo con el indicador de la Guía Internacional de Riesgo de País, la rendición de cuentas y la  democracia de Nicaragua ha mostrado un deterioro constante desde 2008, disminuyendo de 6 puntos a 2.5 en septiembre de 2016.

El indicador WGI Voice & Accountability— que refleja la libertad de prensa y asociación— ha caído desde el rango porcentual 45.2 en 2000 a 35.0 en 2015. Los resultados de la encuesta también sugieren una tendencia decreciente en la tolerancia política en el país, pasando de 60 puntos (sobre 100) en 2010 a 46.8 puntos en 2014. 

La Dirección General de Contabilidad Gubernamental del Ministerio de Hacienda no prepara estados financieros consolidados, una práctica que tampoco es seguida por las instituciones individuales, lo que dificulta la evaluación del balance del gobierno y de las entidades públicas. La falta de información confiable y completa sobre las finanzas públicas puede tener un impacto en la transparencia fiscal y en el monitoreo del riesgo fiscal. 

Una gestión eficaz y transparente de las finanzas públicas puede ayudar a Nicaragua a generar confianza para movilizar la inversión interna y extranjera, además de apoyar una asignación más estratégica de recursos y un monitoreo del gasto público.


Dada la ubicación geográfica y las debilidades institucionales de Nicaragua, también es importante fortalecer la implementación de un marco de lucha contra el lavado de dinero y lucha contra el financiamiento del terrorismo (LBC / CFT) para prevenir y detectar flujos financieros ilícitos en el país.

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