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sábado, 19 de agosto de 2017

Colombia informa que la ex fiscal venezolana y su esposo están en Bogotá.

Bogotá, Colombia/EFE - La ex fiscal venezolana Luisa Ortega, destituida por la Asamblea Nacional Constituyente de su país, y su esposo, el diputado Germán Ferrer, llegaron  a Bogotá procedentes de Aruba, informó Migración Colombia.

"El día de hoy en horas de la tarde ingresó al país proveniente de Aruba la señora fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, quien arribó en un vuelo privado al Aeropuerto de Bogotá", reza un comunicado difundido por Migración. La información añadió que ambos hicieron "su correspondiente trámite migratorio ante las autoridades colombianas", sin precisar mayores detalles.

Horas antes, Ortega intervino vía telefónica en la Cumbre de Procuradores y Fiscales de América Latina, que hoy concluye en la ciudad mexicana de Puebla, y atribuyó la "persecución sistemática" del Gobierno de Nicolás Maduro hacia ella y personal del Ministerio Público al proceso por los sobornos de la firma brasileña Odebrecht.

"Es el mayor hecho de corrupción en la región y eso los tiene muy preocupados y angustiados porque saben que tenemos la información y el detalle de todas las operaciones y montos y personajes que se enriquecieron", afirmó la exfiscal, y advirtió que la investigación "involucra al señor Nicolás Maduro y su entorno".

El pasado 5 de agosto, Ortega fue destituida de su cargo por la ANC que la acusó de haber cometido "actos inmorales", una acción que para la exfiscal es un paso más del Gobierno de Maduro hacia el establecimiento de una dictadura.

Ortega estuvo vinculada en el pasado al chavismo y se distanció de Maduro en los últimos meses después de denunciar la ruptura del orden constitucional en su país tras dos sentencias del Tribunal Supremo de Justicia que le quitaban competencias al Parlamento y limitaban la inmunidad de los diputados.  

Además, la ex funcionaria criticó duramente la actuación de la fuerza pública venezolana para contener las manifestaciones en contra de Maduro, que en cuatro meses dejaron más de un centenar de fallecidos.

Ortega, destituida por la fraudulenta Constituyente, atribuyó la "persecución sistemática" del régimen de Nicolás Maduro hacia ella y personal del Ministerio Público a la investigación del caso de sobornos de la firma brasileña Odebrecht a funcionarios de la región.

"Es el mayor hecho de corrupción en la región y eso los tiene muy preocupados y angustiados porque saben que tenemos la información y el detalle de todas las operaciones y montos", afirmó en un enlace telefónico con la Cumbre de Procuradores y Fiscales de América Latina que este viernes concluye en la ciudad mexicana de Puebla.

"Esta investigación involucra al señor Nicolás Maduro y su entorno", por lo que cualquier información que sea remitida al Ministerio Público "va a ser utilizada para fines contrarios a los previstos", la evidencia sería destruida y la información aprovechada "para atentar contra la fuente", advirtió Ortega.

Al respecto, refirió que en Venezuela se vive "una situación bien difícil, una crisis", debido a "un Gobierno que no es demócrata, que asumió la independencia de los poderes públicos como una amenaza a su estabilidad". "Lo que ocurrió el sábado 5 de agosto fue la materialización de las amenazas y asedios que durante meses vivimos todos los que trabajamos en el Ministerio Público. Nuestra institución fue tomada militarmente por la fuerza de las bayonetas", dijo, aludiendo a la fecha en que fue removida de su cargo.

Contó que ese día "más de 300 militares de la Guardia Nacional y otros cientos de funcionarios de la policía política participaron en este deshonroso evento".  "El personal del Ministerio Público y muchos fiscales fueron desalojados de forma violenta de sus lugares de trabajo. 

Ellos y todo el personal fueron sometidos a degradantes humillaciones y muchos han tenido que abandonar el país por temor a represalias o a que atenten contra su vida", aseveró. Añadió que a 74 fiscales nacionales especializados en corrupción se les ha dictado prohibición de salida del país "sin ninguna fórmula procesal, o sea por capricho del Gobierno, y mucho de esto tiene que ver con la investigación de Odebrecht".


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