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lunes, 14 de agosto de 2017

Comunitarios Creole de Blufields reclaman a magistrados del poder judicial.

Comunidad Creole de Bluefields  se dirigen en carta  abierta a magistrados de la Corte Suprema de Justicia para desmentir a los representantes de este poder del estado sobre reclamos de propiedad.  
La misiva está dirigida a la Dra. Alba Luz Ramos, Presidenta de la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua y al magistrado Rafael Solís quien preside la Sala Constitucional.

Señala la misiva:  Magistrados Ramos y Solís,  la presente comunicación obedece a su llamado público, divulgado en la edición del diario La Prensa el día 5 de agosto de 2017 que literalmente dice: “Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia Alba Luz Ramos y Rafael Solís solicitaron el viernes a todas las personas en general, incluyendo a la Embajada de Estados Unidos, a que presenten los casos en concreto, donde haya problemas con las propiedades y las resoluciones judiciales, para resolverlos, y de una vez desvirtuar la imagen que en Nicaragua no hay seguridad jurídica, institucionalidad y Estado de Derecho”.

Por lo que los abajo firmantes, en nuestra calidad de Presidenta  del Gobierno Comunal Creole de Bluefields (GCCB), primer Vocal del GCCB, y representante del pueblo Creole ante la Comisión Nacional de Demarcación y Titulación (CONDETI); nos dirigimos a Ustedes para presentarles nuestro caso concreto, cuya retardación de justicia puede tener como consecuencia  la usurpación del territorio tradicional de la Comunidad Negra Creole Indígena de Bluefields (CNCIB).

Hemos presentado ante la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua, entre los años de 2013 y 2016, diez (10) Recursos de Amparo, principalmente por la aprobación (sin la realización de una consulta libre, previa e informada), de la Ley 840 que otorgó la concesión del Gran Canal Interoceánico por Nicaragua (GCIN);  y la subsecuente creación de un gobierno paralelo al GCCB, al que el señor Presidente de la Republica de Nicaragua Daniel Ortega entregó el 29 de octubre de 2016 un título que no cumplió con el procedimiento establecido por la Ley 445 y que además reduce drásticamente en un 93% el reclamo territorial aprobado en asamblea por el pueblo Creole de Bluefields, vulnerando así nuestro derechos fundamentales; todo para facilitar el paso de la ruta del GCIN sobre nuestro territorio tradicional.

A pesar que en los 10 Recursos  se documenta claramente cada una de las violaciones constitucionales de las que fuimos objeto en ese proceso, 8 de los Recursos fueron declarados sin lugar, con sentencias que abiertamente confunden y desconocen el régimen jurídico de autonomía regional,  indígena y afrodescendiente, consagrado en las Leyes 28 y 445 desarrollando los artículos 5, 89 y 180 de la Constitución Política de Nicaragua.

Los otros 2 Recursos actualmente adolecen de retardación de justicia al estar sin resolver; uno de los cuales fue el primero,  presentado el  4 de febrero de 2014 (Causa No. 364-14), dirigido contra la Presidenta del Consejo Regional Autónomo de la RACCS por el señor Merando Hodgson, cuestionando la legalidad de la Certificación de nuestras autoridades del GCCB. Recurso que  sirvió de excusa a los funcionarios públicos para crear el gobierno paralelo al GCCB.  

Sin embargo, el señor Merando Hodgson  ha declarado públicamente en Bluefields que nunca se personó ante la Corte Suprema  de Justicia y por lo tanto,  como lo establece la Ley de Amparo, este debe tenerse por no presentado.

Sin embargo,  la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua no solo ha omitido su deber de fallar el caso, sino que tampoco ha permitido a las autoridades del GCCB ni a su apoderada legal, el acceso al expediente ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema desde septiembre del año 2014, a pesar de las múltiples solicitudes presentadas al respecto.


Por lo que solicitamos a los Magistrados Ramos y Solís nos confiera una audiencia para exponerles nuestros argumentos, así como sus buenos oficios para que la Corte Suprema de Justicia se pronuncie en el caso concreto antes expuesto, cumpliendo así con su deber de salvaguardar los derechos y garantías constitucionales de protección a la propiedad comunal tradicional de la Comunidad Negra Creole Indígena de Bluefields, para “de una vez desvirtuar la imagen que en Nicaragua no hay seguridad jurídica, institucionalidad y Estado de Derecho”.

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