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jueves, 31 de agosto de 2017

Por decreto Daniel Ortega elimina los estudios de impacto ambiental en todos los proyectos de desarrollo.

De insólito, calificaron la medida anunciada por el presidente designado por el poder electoral, Daniel Ortega, quien eliminó mediante un decreto ejecutivo la obligación de los inversionistas de realizar Estudios de Impacto Ambiental antes de iniciar sus obras en Nicaragua.

El artículo 3 del decreto 15-2017 publicado en La Gaceta, referido a las facultades del Marena, indica que esta institución es la que puede dar permisos y autorizaciones para el uso sostenible de los recursos naturales de Nicaragua.

El decreto 76-2006 del Sistema de Evaluación Ambiental, aprobado por el entonces presidente Enrique Bolaños, en su artículo 2 establecía que dicha norma era aplicable a “Planes y Programas de Inversión Sectoriales y Nacionales”, así como a “Actividades, Proyectos, Obras e Industrias sujetos a realizar Estudios de Impacto Ambiental”.

Tras la publicación del decreto ejecutivo 15-2017, organizaciones ambientalistas manifestaron su profunda preocupación por la suerte de los recursos naturales del país y han anunciado que coordinan la emisión conjunta de un pronunciamiento de rechazo a tal iniciativa.

El decreto 15-2017, publicado en La Gaceta, Diario Oficial, número 163 del 28 de agosto del año en curso, en su artículo 7 deroga el decreto 76-2006 del Sistema de Evaluación Ambiental, de manera que ya no se realizarán estudios de impacto ambiental para cualquier obra y bastará el aval del Marena y otras instituciones públicas para la ejecución de las obras.

“Con este (decreto) se pasa por alto las restricciones ambientales para permitir la extracción de recursos minerales, forestales, biodiversos y favorecer aquellos que andan haciendo negocio con los recursos naturales. Es lamentable que en Nicaragua en lugar de proteger los recursos suspendamos los estudios de impacto ambiental”, dijo el científico y ambientalista Jaime Incer Barquero.

Ortega derogó con su nuevo decreto la normativa vigente desde diciembre del 2006 aprobada para garantizar que el Estado de Nicaragua protegiera sus recursos obligando a los inversionistas a realizar Estudios de Impacto Ambiental y presentarlos a las autoridades para su evaluación.

Incer asegura que este decreto de Ortega viola las leyes nacionales, los acuerdos y convenios internacionales y regionales, creados con el fin de proteger y conservar en forma ordenada los recursos naturales de Nicaragua.

“Se vuelan de un solo plumazo convenios y leyes que protegen áreas de conservación, ahí están las áreas protegidas, las reservas naturales, de biósferas, es permitir a personas o empresas operar de forma legal lo que por tanto tiempo ha sido ilegal”, 
agregó Incer Barquero.

Por otra parte, el decreto 15-2017, en su artículo 6, Actividades, obras y proyectos de emergencia nacional establece: “Por motivos de fuerza mayor, tales como proyectos formulados para mitigar desastres o proyectos de interés nacional o de seguridad nacional que den respuesta a situaciones de emergencia nacional, el Ministerio de Ambiente y los Recursos Naturales podrá dictar una resolución de excepción de estudio de impacto ambiental y podrá dar trámite de urgencia a proyectos o actividades que requieran un estudio de impacto ambiental”.

El obispo auxiliar de Managua, Monseñor Silvio José Báez, reaccionó al decreto presidencial, y escribió en su cuenta de  twiter: “ Irresponsabilidad del gobierno y dañino para Nicaragua eliminar exigencia de estudios de impacto ambiental para proteger recursos.

Por su parte, el gobierno de Costa Rica ve con preocupación los eventuales impactos ambientales en su territorio por la construcción de un canal interoceánico en Nicaragua y demanda a ese país compartir la información sobre este aspecto, afirmó el canciller costarricense Manuel González.

“Nosotros ya en dos ocasiones le hemos pedido a Nicaragua que comparta y le hemos indicado su obligación de compartir con nosotros los estudios ambientales”, manifestó González en entrevista con la AFP.

“En la primera ocasión la respuesta fue, palabras más o menos: no se preocupen, nosotros vamos a asegurar que no haya ningún daño ambiental, sabemos lo que estamos haciendo. En la segunda ocasión ni siquiera nos contestaron”, explicó el jefe diplomático costarricense. González dijo que el tema ambiental es importante para Costa Rica porque el proyectado canal atravesará el lago de Nicaragua, del cual se derivan el río San Juan (fronterizo) y el río Colorado.

“En el río San Juan, Costa Rica tiene derechos de navegación y el Colorado es un río nacional que es muy importante para nosotros”, apuntó el ministro. “El dragado que hay que hacer (para construir el canal) es muy grande, la generación de sedimentos que eso va a provocar, inclusive potenciales inundaciones muy cerca de la frontera, son peligros reales”, agregó.

El gobierno de Nicaragua concedió a la empresa china HKND la construcción de un canal con una longitud de 278 km y con un costo estimado de 50,000 millones de dólares, cuyos trabajos preliminares arrancaron en diciembre pasado. González manifestó que la construcción del canal “es un proyecto soberano de ellos (los nicaragüenses) y desde ese punto de vista no tendríamos mucho que opinar, excepto en la medida en que tenga una afectación a nuestro territorio y a nuestros ríos”.

Se espera que el presidente nicaragüense, Daniel Ortega, visite San José el miércoles para asistir a la III Cumbre de la Comunidad de Estados  Sin embargo, el tema del canal no será tratado en el encuentro ni se tiene previsto que el presidente costarricense se entreviste a nivel bilateral con Ortega.  Aunque mantienen relaciones diplomáticas, ambos países están distanciados a raíz de tres diferendos fronterizos que son ventilados ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ).naturales”.



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