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sábado, 16 de septiembre de 2017

El Congreso de Guatemala entona un "perdón" colectivo y vota dar marcha atrás al blindaje legal a Morales.

Ciudad de Guatemala/ El País  - Con el voto unánime de los 130 diputados que este viernes acudieron a la sesión extraordinaria del Congreso, convocada para dar marcha atrás a la modificación de dos artículos del Código Penal con los que los legisladores pretendían blindar al presidente Jimmy Morales, el Legislativo sepultó una ley que la opositora Nineth Montenegro definió como “atrocidad jurídica”. 

No fue una reacción espontánea de los legisladores que se percataron de su error monumental –la norma era, incluso, violatoria de la Constitución–, sino fruto de las protestas de la población que salió a las calles para denunciar esa situación y de las críticas de la comunidad internacional y de la prensa independiente, cuyos titulares subrayaban que el Congreso legislaba a favor de la corrupción y la impunidad.  

Nada más trascender las reformas, decenas de guatemaltecos se congregaron frente al Congreso y en la plaza Mayor, frente al antiguo palacio de Gobierno para condenar la acción y exigir, a voz en grito, la depuración del Legislativo y la renuncia del presidente Jimmy Morales. 

Conforme pasaban las horas, las manifestaciones se tornaron numerosas y se produjeron réplicas en ciudades importantes del interior del país. La manera en que se aprobaron los artículos, en una sesión ordinaria celebrada la víspera de las fiestas de la Independencia de Guatemala, proclamada el 15 de septiembre de 1821, era ya de por sí, “sospechosa”. Muy raramente en el año el Congreso reúne en el pleno a tantos legisladores. 

Más difícil de creer, cuando era la víspera del puente más largo del año.  “Es innegable que hay mala intención. Que con estos decretos los legisladores pretenden legalizar la corrupción”, dijo, la noche del jueves, la Fiscal General del Estado, Thelma Aldana, a la cadena de noticias estadounidense CNN en español.

Uno de los ponentes de la ley, Manuel Conde Orellana, es de los pocos que en las condiciones actuales apoya la norma, aunque reconoce que la manera en que fue aprobada fue un error. Insiste, eso sí, en la necesidad de reformar la tipificación del delito de financiamiento ilícito, aspecto que trabajará para que en el futuro se distinga entre tres supuestos: financiamiento ilícito, cuando proviene de organizaciones delictivas; el no registrado, cuando los aportes no se consignan en los libros de contabilidad del partido, y el anónimo, cuando no se logra establecer su origen. 

“Los tres deben tener una pena diferente”, dijo Conde a EL PAÍS.

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