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sábado, 30 de septiembre de 2017

Nica Act en las puertas del Congreso de EEUU el próximo martes 3 de octubre.

Miami Florida EEuu/ pOR Judhit Flores  - El proyecto de Ley Nicaraguan Investment Conditionality 2017, H.R. 1918, (Nica Act), será discutido el próximo martes 3 de octubre en el pleno del Congreso de Estados Unidos, con ello concluye el proceso de aprobación de la iniciativa de Ley en esa Cámara legislativa.

El proyecto, de convertirse en Ley, castigaría a funcionarios del gobierno del designado presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, involucrados en actos de corrupción y pondría en aprietos económicos al país. Antes de este último paso, el proyecto de ley fue aprobado por unanimidad en el subcomité del Hemisferio Occidental y en el comité de Relaciones Exteriores en la Cámara de Representantes.

La iniciativa ha ido avanzando pese a los esfuerzos que realizan el gobierno de Ortega y la empresa privada que han contratado tres firmas de cabildeo en menos de un año en un intento de detener el proyecto legislativo.

La iniciativa de Ley que promueven los congresistas Ileana Ros-Lehtinen y Albio Sires, no ha logrado ser detenida pese al acuerdo entre la Organización de Estados Americanos (OEA) y el gobierno de Ortega, en el que el organismo regional se compromete a acompañar las elecciones municipales de 2017 y se dan un plazo de tres años para “valorar si hay cambios electorales en Nicaragua”.

Los legisladores no creen en ese acuerdo y han criticado el reciente anuncio de la OEA, de enviar una misión solo tres semanas antes de las votaciones municipales del próximo cinco de noviembre en Nicaragua.

Para los legisladores ese acto de la OEA solo validará “un proceso corrupto e ilegítimo”, según declaración conjunta del senador Ted Cruz y Ros-Lehtinen el pasado 21 de septiembre.

La Nica Act, de convertirse en ley, mandataría al Secretario de Estado de Estados Unidos a presentar al Congreso un informe sobre el supuesto involucramiento de altos funcionarios del Estado de Nicaragua en actos de corrupción y violaciones a derechos humanos.

El proyecto legislativo tiene como objetivo que Estados Unidos vote en contra de los préstamos del gobierno de Nicaragua ante los organismos multilaterales hasta que el presidente designado Daniel Ortega haga cambios sustanciales y creíbles en el restablecimiento de la democracia, el combate a la corrupción, la protección a representantes de Organismos No Gubernamentales (ONG), la sociedad civil, derechos humanos, periodistas, sindicalistas y la libre organización de los partidos políticos de oposición.

Una vez aprobada la Nica Act en la Cámara de Representantes el próximo paso será su debate en el Senado, donde ya fue presentada por Cruz y los otros patrocinadores.
En la Cámara Alta el proyecto de Ley es patrocinado por el senador Ted Cruz, y el senador Marco Rubio, a quien el gobierno de Ortega, le impidió el ingreso a Nicaragua en diciembre del 2014. 

La medida contra el senador Rubio incluyó a la congresista Ileana Ros-Lehtinen. La acción de Ortega contra los legisladores estadounidenses fue en reciprocidad a las restricciones migratorias que Washington impuso a varios funcionarios del régimen de Venezuela.

Algunos analistas han considerado que en la Cámara Alta sería un poco más difícil la aprobación de la Nica Act; sin embargo, asesores en el Congreso estiman que será aprobada porque los senadores están informados del retroceso democrático en el país, donde existe un gobierno involucrado en presuntos actos de corrupción, y que viola los derechos humanos.

El régimen de Ortega se ha encargado de poner al país en el radar internacional al asumir una férrea defensa del régimen de Venezuela que lidera Nicolás Maduro, uno de los funcionarios que enfrenta sanciones de Estados Unidos por presuntos nexos con el narcotráfico y el crimen organizado.

A eso se le suma el presunto involucramiento de la empresa Alba de Nicaragua (Albanisa) “en una red de aliados” de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en Centroamérica para ejecutar acciones ilícitas de lavado de dinero, un testimonio que realizó el investigador Douglas Farah, ante la Comisión del 

Farah recomendó ante esa comisión del Senado una investigación exhaustiva de las transacciones financieras de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) y sus filiales en Centroamérica como Albanisa, ante posibles actividades de lavado de dinero procedentes de las FARC.

Pero también las relaciones del régimen Ortega-Murillo con Rusia e Irán contribuyen a llamar la atención de los legisladores estadounidenses.

Al menos tres empresas de cabilderos han sido contratadas en menos de un año para detener el avance del proyecto de Ley Nica Act. La última de ellas ha sido contratada por la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (Amcham).

La primera fue contratada por el gobierno de Daniel Ortega, la firma es Gephard Group, el contrato vence en diciembre próximo, el costo para el país centroamericano es de $420,000.00 dólares. El contrato supuestamente habría sido disuelto pero la información no ha sido confirmada por el gobierno de Ortega.

La segunda firma contratada es Estopiñan Group, cuyo propietario es Arturo Estopiñan, que fungió como jefe de despacho de la congresista Ros-Lehtinen hasta el 30 de junio del 2016. La firma fue contratada por el empresario Roberto Arguello, de CEO Advisors, y hasta junio pasado había pagado 60 mil dólares en servicios de cabildeo, según el registro público.

La tercera firma de cabildeo fue contratada el pasado 18 de septiembre por Cámara de Comercio Americana de Nicaragua, AMCHAM, se trata de Carmen Group Incorporated, el contrato establece realizar cabildeo en el Senado y como tema específico la Nicaraguan Investment Conditionality Act 2017.



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