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lunes, 23 de octubre de 2017

Campesinos de Nueva Segovia denuncian violaciones a Derechos Humanos.

La destitución de un presidente de Centro Electoral Municipal; la impunidad en que continúa el asesinato de tres personas en Ciudad Antigua; el envenenamiento de los ríos y la pérdida de los bosques por las concesiones mineras y madereras; la profundización de la pobreza, sobre todo de las mujeres; la discriminación de pueblos indígenas; y la violencia contra niñas, adolescentes, jóvenes y adultas, fueron algunas de las denuncias de parte de unos 40 campesinos de Nueva Segovia, esta mañana en el Cenidh.

Ante periodistas de unos doce medios de comunicación escritos, televisivos, radiales y cibermedios, el presidente del Centro Electoral Municipal (CEM) de Dipilto, Lic. José Noel Talavera, dijo que fue destituido por denunciar anomalías que se estaban cometiendo en esa instancia. La gota que rebasó el vaso fue cuando señaló que en la entrega de cédulas estaban excluyendo a personas que no son del partido FSLN. Los CEM son parte de los Consejos Departamentales y actúan bajo el Consejo Supremo Electoral (CSE).

Talavera también había estado señalando el uso indebido de recursos de la municipalidad, lo cual lo convirtió “en una basura en el ojo de esa gente”, quienes actúan “como una mafia”. Ellos son los demás miembros de esa estructural del CSE, de quienes dijo que no están interesados en un manejo honesto y transparente del proceso electoral, por lo cual considera que están preparando para un fraude.

En un momento de intenso dramatismo, la hermana de uno de los tres asesinados el 6 de noviembre del año pasado en Ciudad Antigua, Nelda Damaris Mendoza, dijo que aunque ya ha pasado casi un año, los funcionarios de la Policía y del Ejército no han investigado y la masacre se mantiene en la impunidad. Ella también es vicealcaldesa de este municipio.

Los asesinados fueron José Nahún Mendoza, 47 años, su yerno, Margarito Mendoza Sevilla, de 34, originarios de Ciudad Antigua; y Armando López, de Totogalpa, Madriz. Antes, ellos huyeron a un lugar montañoso tras saber que eran perseguidos por policías y miembros del Ejército, por haber participado en una protesta por cédulas de identidad. Un jefe militar dijo en ese entonces que habían muerto por narcotraficantes. Presentaban heridas en el cuello y cuchilladas en los pies y otras partes del cuerpo. Dos de ellos tenían quebradas las piernas y los pies.

Al borde del llanto, Nelda Mendoza denunció que ni la Policía ni el Ministerio Público les recibieron la denuncia que quiso interponer sobre la muerte de su hermano y las otras dos personas, y dijo que hay mucha preocupación por casos similares que están ocurriendo en las montañas de Nicaragua, donde algunos familiares no denuncian por temor a ser asesinados.

También señaló Nelda Mendoza una invasión de efectivos del Ejército a varias comunidades de Nueva Segovia, donde se meten en viviendas cuyos dueños se llevan la sorpresa de encontrarlos bebiendo agua o café en la cocina del lugar. “No sabemos qué hacer”, admitió. Dijo que ella y su familia “estamos decepcionados de las autoridades, quienes maltratan al pueblo en vez de cuidarlo y protegerlo” y señaló los crímenes de Kevin Alberto Bautista López, René Lagos y Harold Jiménez, entre otros.

Oriundo de Santa Rosa, San Fernando, Pedro Basilio Guerrero dijo que en los últimos meses había disminuido el despale de bosques, pero que comenzó a aumentar con el decreto presidencial que suspende los estudios de impacto ambiental. Al indicar que más de 136 mil hectáreas de Nueva Segovia han sido concesionadas a los madereros, señaló la disminución del caudal de agua de 17 ríos tributarios del Río Coco en cuyas riberas hasta Cabo Gracias a Dios, vive medio millón de personas.
Concesiones mineras son una amenaza a la vida y al territorio

La señora Maritza Rodríguez, de la comunidad de San Nicolás, en San Fernando, denunció la profundización de la pobreza en este territorio donde muchas mujeres se han visto obligadas a emigrar a Panamá, Costa Rica y El Salvador, sufriendo algunas de ellas abuso sexual.

Contó que muchos ancianos y niños están desnutridos en 14 comunidades donde hay dos mil 700 habitantes. A quienes dicen que ya no hay pobreza en Nicaragua, los invita a visitar estos lugares.

Por su parte, Domingo Gutiérrez Machado, de San Albino, lamentó las concesiones mineras otorgadas por el gobierno a las compañías Golden Reign y Cóndor, S.A., cuyas operaciones amenazan con la contaminación de los ríos y la desaparición de los bosques. Afirmó que “Solo dejan destrucción”, y reivindicó el carácter histórico de este lugar, donde se levantó en armas el Gral. Augusto C. Sandino, el 26 de octubre de 1926.

Don Pedro Pablo Pastrana López, miembro del Consejo de Ancianos de la Asamblea Coordinadora Chorotega, que representa a cinco pueblos de esta etnia (Mozonte, San Lucas de Iscayan, Cusmapa sitio El Carrizal, Totogalpa y Litelpaneca), demandó que se actualice la ley de etnias, porque los excluye. “Todos los indígenas debemos ser respetados en nuestros derechos”.

Reivindicó el derecho de los indígenas a decidir sobre las concesiones mineras y no que les impongan una explotación de sus recursos naturales como los españoles en el pasado. Advirtió que “Ya no nos engañan con espejitos, como hicieron con nuestros ancestros”. También hizo ver el peligro de contaminación de los ríos por la minería extractiva.

Reside en la periferia de Ocotal doña Rosario del Carmen Rugama, donde, según denunció, muchas niñas, adolescentes y jóvenes, debido a la pobreza viven en situación de riesgo, son menores transgresoras que han caído en la droga y algunas fueron obligadas a prostituirse. Varias han sufrido violencia de parte de familiares y también de efectivos de la Policía y del Ejército. 

Contó el caso de la esposa de un militar a la que el tipo amenazó poniéndole una pistola en el cuello.  Es de Dipilto don Heberto Gómez Espinoza, quien denunció que la ley de fronteras lesiona los intereses de los productores de la Cordillera de Dipilto, donde hay gente en extrema pobreza, incluyendo algunos que viven en “casas de plástico”. También cuestionó la ley de seguridad soberana que impide la libre circulación por la cercanía a la guardarraya con Honduras.


Reveló que los campesinos de Nueva Segovia presentes en el Cenidh tuvieron que disgregarse y salir en pequeños grupos por los impedimentos que les ponen efectivos policiales y del Ejército. También denunció que hay espionaje sobre ellos y que existen obstáculos para la actividad electoral, excepto cuando se trata del partido de gobierno.

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