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viernes, 20 de octubre de 2017

Denuncian “terrorismo de Estado” en Las Segovias. Comunitarios temen por sus vidas.

Dirigentes comunitarios de Las Segovias denunciaron en el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), la inestabilidad económica, amenazas, impunidad, hostigamiento, daño al medioambiente y persecución que están padeciendo en esa zona del país.
Haydée Castillo, coordinadora del Instituto de Las Segovias, resumió en un comunicado, que los abusos afectan la vida de muchas familias y comunidades, además de tener un alto costo material y emocional. Agregó que las arbitrariedades están empobreciendo a los pobladores, aumentando la migración e incrementando la inseguridad y el miedo en las mujeres.
“Agradecemos al Cenidh esta acogida, llegamos a Managua para que se escuche nuestra voz, no podemos venir todos, porque el viaje es largo”, afirmó Castillo, quien consideró que las elecciones municipales del próximo cinco de noviembre, no hacen más que aumentar el temor y la desconfianza en las comunidades, pues no quieren que más hechos sangrientos como la matanza en El Carrizo o Ciudad Antigua, se repliquen.
El pronunciamiento señala la preocupación de un “terrorismo de Estado” que está sembrando el miedo en las comunidades y que funciona como un mecanismo de control de parte de la Policía Nacional, el Ejército y los operadores políticos del Frente Sandinista.
Pedro Basilio Guerrero es habitante de la comunidad de Santa Rosa, en el municipio de San Fernando, Nueva Segovia. Desde hace cinco años él y los demás pobladores, demandan que se detenga la explotación del bosque que realizan madereros en la zona, en conjunto con el Gobierno municipal. Hasta en este año, la agresión al medioambiente, ha disminuido, sin embargo, un nuevo problema asoma a la vuelta de la esquina.
Existe cierta presión del Estado para dar continuidad a los planes de explotación, partiendo del decreto presidencial 15-2017, aprobado hace pocos meses, y que eliminó los requisitos de los estudios de impacto ambiental para la ejecución de proyectos, que intervienen en los recursos naturales.
Según el decreto oficial, se trata de un proceso de “Actualización del Sistema de Evaluación Ambiental de Permisos y Autorizaciones para el Uso Sostenible de los Recursos Naturales”. Pero el Gobierno no ha brindado ninguna explicación ante el reclamo de organizaciones ambientalistas.
“Paralelo a esto, sabemos que en la zona norte están concesionadas para actividad minera alrededor de 133 400 hectáreas. Nos preocupa porque esto además de secar, deja el agua envenenada. Nosotros como campesinos vivimos del frijol, del maíz y si hacemos un análisis, no se van a poder consumir estos granos. Estamos ante un crimen nacional, en un país de locos”, explicó Guerrero.
Domingo Gutiérrez Machado, habitante de la comunidad San Albino, en Nueva Segovia, también denunció la fragilidad de esta localidad frente a las pretensiones de dos empresas mineras: Golden y Cóndor S.A.
“Queremos denunciar ante el mundo entero la situación que enfrenta esta comunidad histórica, cuna del sandinismo. El Gobierno de Unidad y Reconciliación ha vendido toda Las Segovias a concesiones mineras extranjeras. Nosotros los productores estamos claros que la minería solo deja destrucción y sabemos que si esto continúa pasaremos a ser el desierto de Centroamérica”, reflexionó Gutiérrez.
Por el territorio de Nueva Segovia pasan 17 ríos que se unen al Río Coco y juntos desembocan en Cabo Gracias a Dios. Pedro Pablo Pastrana, representante de la Asamblea Coordinadora Chorotega, consideró que las concesiones mineras otorgadas por el Gobierno a empresas extranjeras, no solo pondrán en riesgo las fuentes hídricas, sino la supervivencia de los pueblos indígenas.
“Yo soy de Mozonte. Las concesiones mineras se han otorgado sin consultar a los pueblos indígenas. Estamos claros que en el tiempo de la colonización, los españoles vinieron y saquearon todo, tal y como pretenden hacer estas empresas transnacionales, pero no nos van a engañar como lo hicieron en aquella ocasión”, afirmó Pastrana.
Maritza Rodríguez, es una agricultora que siembra frijol y maíz en el municipio de San Fernando, en Nueva Segovia. Ella denunció la competencia desleal que sufren de parte del Gobierno al momento de la compra y venta de sus productos. “Tenemos que ofrecer un precio más bajo, ellos nos botan los verdaderos precios”, refirió.
Rodríguez señaló que acciones como estas y la poca presencia del Gobierno municipal en la zona, han provocado que más mujeres migren a países como España, Panamá o Costa Rica, exponiéndose a violaciones y abusos a sus derechos como trabajadoras.
“El Gobierno dice que no hay pobreza, pero esto es falso. Si estuviera en lo correcto nuestro pueblo no se marcharía del país, no tendríamos ancianos y niños desnutridos. Y esto es un problema que afecta a más de 14 comunidades”, relató Rodríguez.
Rosario Rugama, originaria de Ocotal, manifestó que otro abuso, que no es tomado en cuenta por el Gobierno, es la violencia que las mujeres sufren en sus casas, sus trabajos y que en la mayoría de ocasiones es de parte de sus parejas y de autoridades del Gobierno.
Rugama declaró que en su barrio, debido a la violencia que sufren niñas y adolescentes en sus hogares, estas se “refugian” en las calles y terminan en grupos delincuenciales consumiendo drogas y expuestas a cualquier abuso sexual. “Y después están los casos que terminan engavetados porque el denunciado tiene algún contacto. Las autoridades no dan el seguimiento necesario y a veces hasta la misma Policía es partícipe de los abusos”, expresó Rugama.
Para llegar a Managua los líderes comunitarios de Las Segovias tuvieron que salir de forma sigilosa desde sus comunidades, pues en varias ocasiones las autoridades policiales no han permitido que los pobladores se manifiesten para denunciar todas las arbitrariedades que padecen.
Raúl Gómez, originario de Dipilto, manifestó que además de esta presión de parte de las autoridades, también las poblaciones sufren de un abandono gubernamental. En muchas comunidades pasan hambre y duermen en casas hechas de plástico.
Gómez ahondó sobre la crisis política que tienen en Las Segovias y las destituciones que el Gobierno ha hecho a presidentes de los Consejos Electorales Municipales (CEM). Un caso reciente fue la expulsión de Noel Talavera, quien denunció anomalías en los procesos de cedulación.
“Fui destituido de manera arbitraria. Uno está ahí como un títere y reclamé porque no me permitían ejercer mis funciones, como dice la ley. También porque señalé que los ciudadanos que son de la parte democrática, se les niega el derecho a tener su cédula. Anomalías que no contribuyen en nada a la transparencia del proceso electoral”, relató Talavera.
El expresidente del CEM de Dipilto explicó que las autoridades utilizan los medios de la municipalidad a su gusto y antojo, y a beneficio de los candidatos oficialistas que participarán en las próximas elecciones para alcaldes y vicealcaldes.
El seis de noviembre del 2016, día en que se celebraron las elecciones presidenciales en Nicaragua, en el municipio de Ciudad Antigua, fueron descubiertos los cuerpos de José Nahúm Mendoza, Margarito Mendoza y Armando Pérez López. Los tres hombres, según la versión ofrecida por la Policía Nacional, fueron “encontrados con dos fusiles AK, una escopeta recortada, siete cargadores para fusil AK y una mochila con 40 libras (18,16 kilos) de marihuana en óvulos”. Las autoridades policiales desvincularon el hecho del proceso electoral y aseguraron que la muerte de estos se debió a rencillas entre grupos de narcotraficantes.
Sin embargo, en ese momento familiares de los tres fallecidos, negaron la versión policial y aseguraron que se trataba de una persecución política. Denunciaron que desde 2012 José Nahúm Mendoza, uno de los fallecidos, era hostigado por parte de la Policía y el Ejército, y por tal motivo vivía “en el monte” a causa del acoso, dijeron su esposa e hijos.
Nelda Damaris Mendoza, hermana de uno de los tres asesinados, afirmó que casi un año después de la matanza, las autoridades policiales no han mostrado ningún avance en las investigaciones y la masacre continúa en la en la impunidad. Mendoza, quien es vicealcalde del municipio de Ciudad Antigua, expresó la preocupación que existe de parte de la población de esa y otras comunidades, por el acoso que reciben de parte de las autoridades policiales y militares.
“Algunas personas no denuncian el acoso porque tienen miedo. Los militares a veces entran a las casas y cuando son sorprendidos por los dueños de las viviendas, dicen que se confundieron. Pero realmente nos están vigilando. Ya no sabemos qué hacer”, denunció Mendoza.
Vilma Núñez, directora del Cenidh, explicó que el responsable de este tipo de crímenes y violaciones en contra de los ciudadanos, es el presidente Daniel Ortega, pues aunque se señale al Ejército y la Policía, la máxima autoridad continúa siendo el mandatario sandinista.
“Vamos a recurrir y demandar las investigaciones correspondientes de todos estos casos ante las autoridades”, afirmó Núñez.
En los últimos años en la zona norte del país se ha desarrollado un escenario de guerra y represión, cuyo objetivo es anular las denuncias de las comunidades y evitar que se pronuncien ante los medios de comunicación nacional e internacional.
“Lo que hacen es investigar a los dirigentes de estos grupos. Asesinarlos selectivamente imputando delitos comunes. Esto sin lugar a dudas constituye una criminalización de la protesta y es una forma más de violar los derechos humanos. Este sigue siendo un escenario de muerte y represión que se impulsa en este país”, finalizó la directora del Cenidh.
Los líderes comunitarios esperan que el Gobierno no ignore sus denuncias y que haga justicia y se reestablezca el orden constitucional en el país. Asimismo hicieron el llamado a otras comunidades a un proceso de intercambio en el que se expongan las realidades que pasan día a día.

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