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jueves, 19 de octubre de 2017

Doña Francisca Ramírez denuncia en Irlanda que Ortega los trata como delincuentes.

La dirigente campesina, Francisca Ramírez denuncio en Dublín, Irlanda, ante defensores de derechos humanos del mundo, que el régimen de Daniel Ortega los trata como delincuentes.

El 17 de octubre, Front Line Defenders inauguró su Plataforma Dublín, para Defensores de Derechos Humanos 2017, con activistas perseguidos de más de ochenta países, actividad en la que participa Ramírez. “Lastimosamente vengo hablar de mi país donde se violan los derechos humanos de las personas”, dijo.

La dirigente campesina explicó la situación de Nicaragua tras las 95 marchas campesinas en contra del proyecto del Canal Interoceánico.

“Del 2013 para acá el Gobierno ha cerrado todos los medios de comunicación, no tenemos derechos de ir a un espacio porque todos los tiene él (Gobierno). Algunas organizaciones que nos apoyaron en su momento están siendo cerradas una a una en Nicaragua, porque la persona que quiere ayudarnos para defender los derechos, es enemigo del Estado de Nicaragua”, relató Ramírez.

“Todas las personas en Nicaragua que nos oponemos a cualquier proyecto que haga el Gobierno no tenemos derecho a un trabajo, nos quitan el trabajo, a nuestras familias, no tenemos derechos a nada como un ser humano, somos tratados como si fuéramos unos delincuentes, unos terroristas, cuando nosotros solo pedimos el respeto de nuestros derechos”, dijo Ramírez.

En su testimonio Ramírez señaló que aunque la Constitución Política establece el derecho a la libre movilización, en el país ha sido utilizadas maquinarias de las municipalidades para cortar carreteras e impedirles el paso a las marchas campesinas.

Ramírez al igual que el resto de participantes también tendrán la oportunidad de reunirse con representantes de Naciones Unidas y parlamentarios irlandeses. Una nota de la oficina de prensa de Front Line Defenders señala que los defensores que asisten al encuentro en Dublín, compartirán historias de resistencia, lucha y represión, así como estrategias de seguridad y protección.

El martes asistieron a la actividad , el Relator Especial de Naciones Unidas sobre la situación de defensores de derechos humanos en riesgo, Michel Forst, el Secretario General Adjunto de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Andrew Gilmour, el director ejecutivo de Front Line Defenders, Andrew Anderson organismo promotor de la actividad.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor de la dirigente campesina anticanal Francisca Ramírez y de su familia, quien consideró que esto es “un gran respaldo para el movimiento y para los campesinos”. La CIDH solicitó al Gobierno adopte las medidas necesarias para preservar la vida e integridad personal de Ramírez.

“Creo que eran necesarias porque hay tantas cosas que este gobierno y el Estado de Nicaragua han venido atropellándonos”, sostuvo la dirigente campesina, tras señalar que “eso nos da más fuerza para seguir la lucha”.

Ramírez al igual que la directora de Popol Na, Mónica López, una de las organizaciones peticionarias junto con el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), recordaron que también hay una solicitud similar para las comunidades afectadas con la llamada ruta del Canal. López destacó que el trámite es lento por la cantidad de población y territorios que abarca la solicitud.

En la resolución 33/2017 la CIDH expresa que otorga las medidas cautelares a favor de Ramírez por ser objeto de amenazas, hostigamientos y actos de violencia en su contra y pide al Estado de Nicaragua informe sobre las acciones adoptadas en cuanto a la investigación de los hechos alegados “que dieron lugar a la adopción de la presente medida cautelar y así evitar su repetición”.


Entre la información aportada ante la CIDH para ilustrar la presunta criminalización de la cual sería objeto Ramírez, resaltan las detenciones de manera arbitraria en varias ocasiones durante los años 2014, 2015 y 2016 por diferentes motivos, presuntamente relacionados con su labor como defensora, y las amenazas de muerte recibidas.

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