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sábado, 7 de octubre de 2017

En Nicaragua no hay presos políticos.

Por Enrique Sáenz/ En Nicaragua no hay presos políticos, afirman los paniaguados del régimen. Y es una frase que esgrimen como demostración de que en Nicaragua se vive en una democracia, donde se respetan los derechos de la ciudadanía.

Y hay quienes se creen el cuento.

Lo primero que debemos argumentar es que no hay presos políticos porque los dejaron enterrados en la montaña. Decenas de campesinos han sido abatidos en los últimos años sin mayor investigación. Se les aplicó la pena de muerte y bastó con un simple comunicado del ejército o de la policía para dar por finiquitado el asunto.

El CENIDH, en un elocuente documento, anota lo siguiente: “El propio Ejército de Nicaragua reconoce la existencia de cincuenta y cinco muertos en los años 2008, 2011, 2012 y 2013 sin dar mayor explicación de las circunstancias en que sucedieron los hechos ni los nombres de los involucrados en los mismos. Simplemente en su Memorias Anuales hablan de delincuentes muertos en “resultados operacionales”. (Impunidad de las violaciones a los derechos civiles y políticos…).

En otros casos, los presos políticos son tratados como delincuentes comunes. Allí están, por ejemplo, los trabajadores de la zona franca, que están condenados por reclamar sus derechos laborales.

Pero en esta ocasión quisiéramos referirnos al caso de Marvin Vargas, cuya historia, una desgraciada historia, fue relatada en un reciente reportaje del diario La Prensa.
¿Quién es Marvin Vargas?

Según la nota periodística, Marvin, en la década de los ochenta, se metió como voluntario a prestar servicio militar en el ejército sandinista. Formó parte pues del contingente de jóvenes nicaragüenses que recibieron, en la época, el apelativo de Cachorros de Sandino. Vivió una azarosa vida militar. Incluso estuvo perdido en la montaña por varios meses. Al salir del ejército, sin oficio, se dedicó a múltiples actividades para sobrevivir, hizo de todo en el mercado oriental y terminó como chofer.

Cuando Daniel Ortega regresó al poder, Vargas, al igual que miles de desmovilizados del ejército, alentó la esperanza de que recibiría una retribución por su participación en la defensa del gobierno sandinista en la década de los ochenta, y formó, junto a otros, una asociación de desmovilizados. Comenzaron las demandas por salud, trabajo, atención a lisiados, pero el régimen nunca cumplió sus promesas.

Organizaron varias protestas, algunas en las instalaciones de la catedral de Managua y en la Avenida Bolívar. El régimen respondió con la represión. Vargas terminó encarcelado. Estando en prisión realizó varias protestas, incluyendo una huelga de hambre, también se hizo público que se había cosido la boca: una dolorosa forma de protestar.

Repentinamente apareció una acusación penal. Un compañero de lucha lo acusó por estafa. El juicio que se siguió culminó con una condena a cinco años de prisión.
Pero no acabaron aquí las penurias del dirigente de los cachorros de Sandino. Cumplió su condena pero las autoridades del régimen no acataron la orden de libertad y lo dejaron ilegalmente en prisión.

Después de casi seis meses de permanecer ilegalmente detenido, apareció una increíble acusación. Se le acusó de traficar estupefacientes dentro de la cárcel y el juez le decretó prisión preventiva.

De acuerdo con representantes de las organizaciones nacionales de derechos humanos resulta inconcebible que Vargas pudiera cometer ese delito porque siempre estuvo en una celda aislada, con vigilancia especial. Ahora enfrenta la amenaza de hasta doce años de prisión.

En una ocasión, el desmovilizado declaró a los medios de comunicación “Nosotros vamos a montar el Operativo Danto 2011, éste es el principio del operativo. En marzo vamos a montar una operación extrema, porque han sido extremos los 25 años en que nos han sometido al abandono a los 150,000 cachorros de Sandino. Estamos dispuestos a todo, porque toda lucha es dura”. Aparentemente, todavía le están pasando la factura por esa amenaza.

¿Por qué nos referimos a este caso concreto? Primero por la flagrante injusticia que se comete con esta persona, a quien se le secuestró por las propias autoridades obligadas a tutelar los derechos ciudadanos, dejándolo en la cárcel a pesar de la orden de libertad por haber cumplido su condena. Después, los mismos secuestradores lo acusan por un nuevo delito. Un delito que resulta difícil de creer por las condiciones en que se encontraba el acusado.

Quienes incumplieron la orden de libertad cometieron un delito ¿Quién los ha procesado? ¿Qué ha dicho o hecho la Fiscalía General de la República?
Hay una segunda razón para denunciar el hecho. Debemos desnudar las estratagemas represivas del régimen. Todo régimen dictatorial receta garrote, prisión y a veces eliminaciones selectivas, según el peligro que represente el opositor. Pero además, a veces se ensañan en una persona o en un grupo con el propósito de intimidar.

Con el propósito de “meterle el mono” a la gente. Y aquí, Vargas, a todas luces es una víctima propiciatoria, utilizada para demostrar a todos los desmovilizados la suerte que pueden correr de enfrentarse al régimen.


Corresponde pues denunciar este atropello. Y demandar solidaridad. Y además, exhibir al régimen de cuerpo entero en una de sus estratagemas destinadas infundir miedo en la población.

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