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jueves, 12 de octubre de 2017

Panorama electoral presenta las inconsistencias de las elecciones municipales.

El director ejecutivo de Ética y Transparencia, Roberto Courtney, miembro de Panorama Electoral que integran ocho organizaciones cívicas del país, presentaron su último informe sobre las condiciones en que se desarrollan las elecciones municipales.

Mientras que la coordinadora del Instituto de Liderazgo de las Segovias, Haydeé Castillo, dijo que “cuando la OEA ha observado elecciones en Nicaragua consideramos que ha hecho un trabajo muy profesional, al igual que la Unión Europea. Más que adelantarnos a los acontecimientos, demandamos a la OEA el mismo comportamiento y aún con más cautela por los elementos que ya hemos observado y señalado sobre este proceso”.

“La OEA en sus informes anteriores ha sido muy crítica y muy veraz, así que esperaríamos que cumpla con esa misma función en este caso”, reiteró Courtney. El grupo de observadores, que no cuentan con acreditación por el CSE, presentó ayer su segundo informe de observación electoral en el cual destacó que hay cedulación a menores de edad y fuera de las instancias legales en al menos 80 de los 153 municipios del país y uso de recursos del Estado en la campaña electoral es 146 territorios.

“Se observa que este proceso llega precedido por procesos plagados de graves vicios e irregularidades, que se mantienen y agudizan. De continuar desarrollándose de la mismo forma, no presta garantías de ser un proceso de permita conocer la voluntad soberana del pueblo”, alerta el informe.

“En la medida que podamos, contribuiremos con nuestros comentarios y nuestras recomendaciones a consolidar los procesos electorales, siempre en este caso, en el marco de los acuerdos suscritos entre el gobierno de Nicaragua y la Organización de Estados Americanos, acuerdos que se prolongarán durante tres años con aportes de asistencia técnica y de fortalecimiento de la democracia en este país”, agregó.

La misión de observación de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que llega encabezada por el uruguayo Wilfredo Penco para acompañar la observación en las elecciones municipales, inició este martes en Managua marcada por el hermetismo y exclusión de los medios independientes, que caracteriza al gobierno del comandante Daniel Ortega.

1. Administración Electoral en manos de un partido. En el mes de Junio, el
CSE inicia la entrega de mayorías calificadas (al menos dos de tres
Miembros) al partido de gobierno y sus aliados electorales en todas las
Instancias administrativo-jurisdiccionales que rigen el proceso, como lo
son los CED, CEM y JRV . Vale la pena señalar que la Ley Electoral establece
que ningún partido (entiéndase también alianza) debería de tener más de
un miembro en estos cuerpos (art. 16).

2. Para cerrar el círculo de control sobre todas las decisiones que toman
estos cuerpos, el CSE utiliza figuras no establecidas en la ley (llamados
“coordinadores” o “responsables de centro”) para negarle el espacio y el
peso que según la ley corresponde al principal partido de oposición
(determinado por los resultados de la previa elección presidencial).

3. Manipulación de personerías jurídicas y casillas electorales. De forma
arbitraria, el CSE otorga o despoja de personerías jurídicas y casillas
electorales a fuerzas opositoras según decida el ejecutivo, causando
perjuicio al desarrollo de las fuerzas políticas opositoras en numerosos aspectos que se traducen en una importante dificultad de obtener fondos
para la campaña electoral y la protección del voto, así como establecer
fidelidad electoral a su casilla, entre otros efectos negativos.

4. El abuso del Estado por el partido de Gobierno. El uso de bienes del Estado
y la propaganda partidaria en las instituciones públicas son penados por
ley. (art. 175, incisos 8 y 9). En la práctica, este abuso alcanza extremos
impunes tales que se dificulta encontrar algún colegio público, delegación
policial u hospital en el país sin propaganda electoral del partido de
gobierno. El CSE y demás autoridades competentes (¿?) guardan silencio al
respecto.

5. Cedulación irregular. También han sido documentadas las actividades del
partido de gobierno que con el apoyo del CSE conduce labores reservadas
para instituciones públicas como procesar, emitir y entregar cédulas.


6. Esfuerzos permanentes por eliminar del registro de votantes a los
ciudadanos en el exterior e independientes. Ante la evidencia de varios
procesos electorales anteriores y políticas públicas manifiestas en
reformas a la Ley Electoral para suprimir en primera instancia y de forma
automática el derecho al voto de los ciudadanos que han optado (de
acuerdo a la ley) por no votar en procesos anteriores.

7. Negativa de acreditación a Observadores Independientes nacionales y
extranjeros. El CSE, siguiendo instrucciones públicas de parte del ejecutivo,
niega la acreditación y el correspondiente acceso a los grupos de
observación nacional independientes y calificados, así como a instituciones
de prestigio como el Centro Carter que públicamente manifestaron su
deseo de observar.

8. Castigos presupuestarios a Alcaldías en manos opositoras. Estudios
demuestran que las transferencias del gobierno central a las alcaldías
encabezadas por la oposición son menores que a las demás. Esto incluye la
remoción de alcaldes a discreción del partido. Esto constituye una forma
inaceptable de inducir u obligar al electorado a votar en un sentido
determinado.

9. Impunidad en casos de violaciones de derechos humanos y violencia
estatal a ciudadanos disidentes. En múltiples ocasiones en los últimos
años, el Gobierno ha ejercido o permitido la violencia contra partidos,
agrupaciones e individuos que muestran disidencia.

10. Obstrucción a la Fiscalización de partidos opositores. Los correteos,
limitaciones y exclusiones de los fiscales de los partidos políticos de
diferentes eventos clave del proceso electoral (incluyendo el conteo de
voto y el traslado de material), en procesos electorales anteriores está

debidamente documentado.

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