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sábado, 28 de octubre de 2017

Periodistas expuestos a mayor violencia oficial en Nicaragua

Los niveles de violencia hacia los periodistas de medios independientes y defensores de derechos humanos en Nicaragua, se han recrudecido con el régimen de Daniel Ortega.
Según el informe Índice de Sostenibilidad de Medios de 2017, del organismo internacional Irex, revela que las instituciones estatales se han convertido en una “amenaza” para el ejercicio periodístico crítico al régimen de Ortega, 
Ese informe incorpora los relatos de un grupo de reporteros sobre las agresiones físicas y verbales, el cierre de sus espacios de información y el arresto al dar cobertura a protestas contra la violencia de género, durante las marchas campesinas contra el Canal Interoceánico, así como la expulsión de “defensores internacionales de la libertad de prensa” y la confiscación del “equipo de corresponsales internacionales cuando intentaron ingresar al país para cubrir las noticias”.
“Si trabajás para un medio de comunicación controlado por el Gobierno, se te otorgan entrevistas y acceso a la información, pero si no eres del partido político gobernante, no te dan una entrevista”, expuso al Irex María Cristina Medal, una periodista de Chinandega.
Para la periodista Elízabeth Romero, reportera de LA PRENSA, “el peligro” está ahí.Según el informe, uno de los casos extremos de la represión fue la cancelación, después de 15 años al aire, del programa de la periodista Yolidia Navas en Radio Zinica, “una decisión impulsada por Arturo Valdez, un legislador del FSLN que maneja la estación” por “atacarlos durante las elecciones” de 2016.
El programa de Navas se sumó a Voz de Mujer, Radio La Ley, La Poderosa y estaciones de televisión locales de León y Chinandega.
Igualmente la defensa de derechos humanos representa para defensores y periodistas riesgo a la vida y estar sometidos constantemente a persecución política, coinciden representantes de organizaciones en el país.
Solo la Iniciativa de Defensoras de Mujeres ha documentado ha documentado en Nicaragua 389 agresiones ocurridas entre 2015 y 2017 en contra de 202 defensoras. Un 45 por ciento de los agresores señalados son autoridades estatales destacándose la Policía.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos han juntado esfuerzo alrededor de este tema, que consideran que la protección a las personas defensoras de derechos humanos es uno de los problemas “más apremiantes” que deben abordar en las Américas.Un informe de prensa de la CIDH emitido el viernes al concluir el 165 período de sesiones, realizado en Uruguay, expresa la preocupación por las amenazas, la criminalización, las represalias y la violencia contra personas defensoras de derechos humanos y contra periodistas de la región, donde considera que se ha socavado “su rol fundamental y esencial en la consolidación de la democracia y en la lucha contra la corrupción y contra el abuso de autoridad”.
Juanita Jiménez, del Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM) y de la Iniciativa de Defensoras en Nicaragua, defender derechos de las mujeres reconociò que las defensoras estan sometidas constantemente a actos de persecución política”. Estos hechos trascienden a las organizaciones y a las familias, sostuvo Jiménez, quien señaló que al igual que en la región en Nicaragua los defensores de derechos junto a los periodistas “somos los que recibimos más ataques”.
Jiménez recordó, que existe una convención suscrita a nivel de Naciones Unidas la que obliga a los Estados a garantizar las condiciones para que los defensores puedan desarrollar su labor sin obstáculos y sin riesgos de vida. Sin embargo, en Nicaragua no la han asumido.
El secretario de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH), Álvaro Leiva Sánchez, recordó que personalmente ha enfrentado amenazas a su integridad física y de su familia, que lo llevó denunciar el caso ante diversos organismos internacionales, entre ellos la CIDH.
Leiva Sánchez asegura que los defensores enfrentan a diario hostilidad, persecución, discriminación y represalias por el hecho de defender derechos humanos.
Por su parte, el  secretario de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), Marcos Carmona, por su parte considera que en el país se ha criminalizado el trabajo de los defensores.
Leiva Sánchez y Carmona han solicitado medidas cautelares ante la CIDH, por el hostigamiento y descrédito al que han sido sometidos a través de medios digitales vinculados al Gobierno.

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