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martes, 10 de octubre de 2017

Sistema caduco.

Por Oscar René Vargas.  El autoritarismo de Ortega es la expresión de un sistema caduco e imposibilitado de generar alternativas de desarrollo sostenible y bienestar social. 

El país debe transitar hacia una opción progresista, congruente, austera en el uso de recursos, transparente y que emplee inteligencia en la aplicación del presupuesto para generar inversión productiva e inversión social adecuada.

En vez de la utilización productiva de los recursos, lo que se observa en los últimos años es un gobierno despilfarrador, que gasta de manera indiscriminada sin efecto multiplicador. La estrategia a seguir es pasar de un estado despilfarrador, recaudador, a uno que sea capaza de generar riqueza pública.  

La contratación de la deuda pública sólo ha enriquecido a “los de arriba”. Tenemos 200 millonarios y pueblo pobre. Contratar ha servido para lo que se ve cada día: obras pantallas y algunos utilizan las tragedias como negocios. Se verá ahora con las consecuencias de las inundaciones.

El sistema económico vigente desde hace casi 30 años no desarrolló un modelo de procesamiento industrial de los productos agropecuarios, sino uno en el que prevalecen los salarios miserables. Debe haber una transformación de la matriz productiva, un cambio en el modelo de productividad del país. 

Lo que se necesita es un modelo productivo para colocar en sintonía las necesidades de la población con el sostenimiento de los bienes comunes para las actuales y futuras generaciones. Y eso requiere un nuevo contrato social; este régimen ya debe transformarse, ya no da para más.

Para que haya crecimiento económico sostenible, las ciudades y los municipios del país deben funcionar bien. Y para que así sea tiene que haber buena infraestructura, buenos servicios públicos, funcionarios capaces y transparencia en la gestión. Si las ciudades funcionan bien, si la movilidad social funciona bien y si se combate la corrupción, va a haber mayor productividad y el país va a crecer más económicamente.


En principio, la relación entre el gobierno y el sector privado no es mala, de hecho es necesaria, pero no bajo un modelo de sumisión y subordinación de las políticas públicas a los intereses del gran capital, el axioma aplicado en los últimos años ha sido “el que tiene dinero manda”.   Eso debe de cambiar.

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