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jueves, 30 de noviembre de 2017

Alto jefe del ejército afirma que entregó cadáveres menores a la policía.

El jefe del Sexto Comando Militar Regional, coronel Marvin Paniagua, se desligó de la responsabilidad de los seis muertos en un operativo militar, entre ellos dos menores de edad, registrado este mes en una comunidad del Caribe Sur.

Paniagua alegó que los militares entregaron los cuerpos “a nuestros hermanos de la Policía”, trasladando así a esa otra institución la responsabilidad sobre el desenlace de los cuerpos, pero manteniendo el secretismo oficial sobre cómo y porqué se disparó contra los dos menores, por los cuales reclama su madre, Elea Valle.

“Nosotros (el Ejército de Nicaragua) no hemos hecho ninguna fosa, no hemos hecho ningún entierro”, reiterò el alto jefe militar.

“Nosotros cumpliendo con las leyes, hicimos una entrega de esos cadáveres a nuestros hermanos de la Policía, para que ellos siguieran las investigaciones y una serie de trabajos más que ellos realizan como trabajo policial (…) para que quede claro, nosotros no hemos hecho ninguna fosa, no hemos hecho ningún entierro. Lo que hicimos nada más es preservar el lugar (del operativo) y entregar los muertos a quién le correspondía”, reiteró Paniagua.

El jefe militar descalificó los reclamos en contra la la institución castrense, asegurando que hay “una línea de manipulación”, que indica que los militares del operativo también habrían violado a uno de los dos menores, la adolescente Yojeisel Pérez Valle, de 16 años de edad. Según el argumento oficial, los muertos eran “delincuentes comunes”, dedicados al asesinato, robo, abigeato y narcotráfico.

Sin embargo, en el testimonio que cuestiona la verdad oficial, la madre alega que su esposo Francisco Pérez se había visto obligado a sumarse a un grupo de rearmados en contra del gobierno de Daniel Ortega que lideraba su hermano Rafael Dávila, alias “comandante Colocho”, muerto también en el operativo.

“La gente de la comunidad me empezó a decir: mire madre, (su hija) fue violada. La ahorcaron. La violaron y la colgaron. La masacraron a golpes”, relató Elea Valle. También el niño Francisco, de doce años, tenía cortes en los costados y dos disparos en el pecho. Según la madre, ambos menores tenían dos años de no ver a padre y habían aprovechado para reunirse y pasar un rato con su papá, en la comunidad San Pablo 22, del municipio de La Cruz de Río Grande, hasta donde la familia había tenido que huir por el hostigamiento militar.

Contra la versión de Paniagua, que no dio ningún detalle sobre el operativo, Valle también ha asegurado que el Ejército les colocó paquetes de marihuana, para culpar al grupo de narcotráfico.

El periplo de la madre campesina, ahora viuda y con dos hijos muertos, la ha traído hasta Managua, donde el pasado sábado reclamo justicia para su familia.
Valle exige a Policía, la Fiscalía y el Ejército que investiguen la verdad sobre el crimen de sus hijos. Demanda que le permitan sacar los cadáveres de sus niños de la fosa común, para enterrarlos  en un cementerio. Pero en el Estado nadie le abre las puertas. 

El Ejército no recibe su queja y el Gobierno de Daniel Ortega, a quien ella acusa de “asesinar a la gente de la montaña”, no menciona ni una palabra sobre sus hijos muertos.

Obispos de la Conferencia Episcopal de Nicaragua se han sumado a la demanda de justicia de la madre, solicitando a las autoridades que explique qué ocurrió en el operativo, y porqué resultaron muertos los menores.

La embajadora de Estados Unidos en Nicaragua, Laura Dogu, también se sumó al reclamo, al declarar este miércoles que es “muy importante” que el Gobierno “responda” sobre el operativo y la muerte del grupo de seis personas.

“Es muy importante para todos los gobiernos responder a sus ciudadanos, porque cada país trabaja por el beneficio del pueblo”, por lo tanto, “es importante para el pueblo nicaragüense entender esto también”, explicó la diplomática.
El tiroteo ocurrió el pasado 12 de noviembre en la comunidad rural de San Pablo 22, dentro de la zona montañosa de La Cruz de Río Grande, un municipio de la Región Autónoma de la Costa Caribe Sur (RACCS), y las autoridades informaron del suceso un día después, afirmando que se trataba de una banda de seis delincuentes.
“Si hay víctimas inocentes también es importante para las personas entender exactamente qué pasó”, sentenció la embajadora.


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