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sábado, 11 de noviembre de 2017

Cero atención de Ortega para los migrantes, afirma especialista.

Tomado de Confidencial/ La coordinadora de Nicasmigrantes, Martha Cranshaw, afirma que la decisión del presidente Donald Trump de terminar con el Estatus de Protección Temporal (TPS) para los más de cinco mil migrantes nicaragüenses que viven en Estados Unidos, afectaría negativamente en el impacto de las remesas y de la estabilidad de las familias en el país. 
Mientras Estados Unidos decidió extender el TPS durante seis meses para los hondureños, que siguen bajo la amenaza de perder su estatus, a los nicaragüenses se les informó que retrasarán el final de este programa un año más, hasta el 5 de enero de 2019, y “permitir una transición ordenada” de sus 5 349 beneficiarios para que puedan solicitar “un estatus alternativo” o que “preparen su regreso y reintegración” a su país.
Aunque no hay vuelta atrás en la orden de terminar con el TPS, los migrantes nicaragüenses cuentan con la protección para que en un año puedan arreglar su estatus migratorio. Sin embargo, la idea del Gobierno estadounidense no es que se queden, sino que planeen su salida del país.
La mayoría de nicaragüenses que se han acercado a la oficina de Nicasmigrante han manifestado que no quieren regresar a Nicaragua porque sienten que no tienen las mismas oportunidades que en Estados Unidos. Algunos están valorando varios caminos que los lleven a la regularización.
“Hay algunos migrantes que tienen relaciones de pareja estable de muchos años, pero que no se han casado, esa podría ser un gran oportunidad. Otra opción es que se trasladen a las ciudades santuarios que tienen programas de protección. Ellos están estudiando más opciones”, afirmó Cranshaw.
Aunque los migrantes estén buscando soluciones para poder tener un estatus de regularización, Cranshaw consideró que el Gobierno del presidente Ortega debe establecer políticas públicas para esos ciudadanos que retornen al país, tal y como se hizo en el período de Violeta Chamorro.
“El Gobierno tiene que organizarse y ofrecer algo a los migrantes que van a regresar. Algo que sea mejor que estar de un lado a otro o escondidos en Estados Unidos, porque algunas personas que van a regresar vendrán a más pobreza”, dijo Cranshaw, quien abogó por una mejoría en la comunicación entre los nicaragüenses en Estados Unidos y las autoridades del país.
Cranshaw destacó que la prórroga que otorgó Estados Unidos a los migrantes hondureños fue por el discurso que ese Gobierno ha mantenido en todo este tiempo, el cual se basa en el tema de la violencia, pobreza y que no tienen capacidad para resolver esa problemática a corto plazo.
En este sentido el discurso del Gobierno de Nicaragua fue distinto. El presidente Daniel Ortega no solicitó una extensión del programa, sino que promovió el crecimiento económico y una baja en la tasa de desempleo y pobreza. Cranshaw destacó que haber vendido la imagen de un país que crece a un ritmo “de potencia europea”, fue algo que tuvo que ver en la decisión del Gobierno estadounidense.
“Eso es lo que dice él de Nicaragua, pero de lo que no habla es que esos datos no son ciertos, pasan por un fenómeno invisible y se nota en la desigualdad que existe entre la brecha de los más ricos y los pobres. También en la concentración de ese crecimiento que afirman y de la adjudicación de empleos”, estimó Cranshaw.
Los estudios realizados por Nicasmigrante revelan que el migrante que ha permanecido más tiempo en Estados Unidos, es el que envía pocas remesas al país, en cambio el que tiene pocos años, es quien destina más fondos para mantener a sus familias.
“Claro que vamos a tener un impacto negativo en las remesas y la estabilidad de los grupos”, afirmó Cranshaw.

Se trata de un programa migratorio creado en 1990 con el que Estados Unidos concede permisos de forma extraordinaria a los nacionales de países afectados por conflictos bélicos o desastres naturales. En el caso de Honduras y Nicaragua, EE.UU. concedió el TPS hace casi dos décadas tras el devastador paso del huracán Mitch por Centroamérica en 1998.


En nombre del Gobierno de Trump, la secretaria interina del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Elaine Duke, anunció que las condiciones que llevaron a conceder el TPS para Nicaragua “ya no existen” y que, por lo tanto, “debe darse por terminado”.
Duke justificó esta extensión “por la falta de información definitiva sobre las (actuales) condiciones sobre el terreno comparadas con las de antes del huracán Mitch”.
“No obstante, dada la información de la que se dispone, es posible que la designación de TPS para Honduras termine al final de la extensión automática de seis meses, con su debido retraso”, apuntó el DHS.
En los últimos años, los beneficiarios del TPS han visto cómo su permiso se renovaba de manera automática por periodos de 18 meses, pero ahora el Gobierno de Donald Trump decidió reevaluar las condiciones que justificaron la concesión del programa.

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