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martes, 28 de noviembre de 2017

Diputados sandinistas se resisten a cuestionar al ejército por masacres de campesinos.

La  mayoría Sandinista en la junta directiva dela Asamblea Nacional,  imposibilita que el jefe del Ejército, general Julio César Avilés explique ante este poder del estado, aclara sobre las circunstancias en que murieron seis personas —dos de estas menores— en un operativo militar en la comunidad San Pablo 22, del municipio La Cruz de Río Grande, en el Caribe Sur.
La Junta Directiva de la Asamblea Nacional la integran siete diputados, de los cuales cinco son sandinistas: Gustavo Porras, quien la preside, Maritza Espinales y Gladis Báez, primera y segunda vicepresidenta respectivamente; Loria Raquel Dixon, primera secretaria y Wilfredo Navarro como segundo secretario. Los colaboracionistas del oficialismo son: Alejandro Mejía Ferreti, tercer secretario y pertenece a ALN; la tercera vicepresidenta es María Haydée Osuna, del PLC.
Los sandinistas también controlan la Comisión de Gobernación donde son diez miembros,los otros dos son del PLC. Esa Comisión la integran 12 diputados.
De acuerdo a la  Ley Orgánica de la Asamblea, la primera secretaria Loria Raquel Dixon debió citar al general Avilés en las siguientes 48 horas de haberlo solicitado por escrito el presidente de la Comisión de Gobernación, Maximino Rodríguez, lo cual no sucedió.
Según Rodríguez la opción legal es que la citatoria la haga el segundo o el tercer secretario. Sin embargo, la segunda secretaría la ocupa el también sandinista Wilfredo Navarro, quien dijo el viernes pasado que consideraba suficiente la versión del Ejército que señala que se trataba de delincuentes.
“Los orteguistas están coludidos para seguir protegiendo ese tipo de acciones inhumanas que comete el Ejército. Imponen una barrera para que ningún funcionario al que se le cuestione sus acciones rinda cuentas a los diputados”, dijo Rodríguez, diputado del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) considerado colaboracionista del oficialismo.
Rodríguez refirió que la última opción es el tercer secretario Alejandro Mejía Ferreti, de la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN). Mejía se ha negado a dar entrevista desde el jueves pasado.
Mientras que la  Primera Secretaría de la Asamblea Nacional no tramitará la citatoria para que el general Julio César Avilés, jefe del Ejército, explique las circunstancias de la masacre por parte de las fuerzas militares de seis personas, entre las cuales están dos menores, en la comunidad de San Pablo 22, en el municipio de La Cruz de Río Grande, en el Caribe Sur.
El segundo secretario de la Junta Directiva, el sandinista Wilfredo Navarro, alegó que el rechazo a que Avilés sea interpelado es porque para el oficialismo “no hay méritos para estar distrayéndolo de su trabajo”, pues consideran suficiente el comunicado del Ejército en que se afirmó que el enfrentamiento del pasado 12 de noviembre entre militares en la comunidad de San Pablo 22 “fue con delincuentes”.
Por su parte, el secretario de comunicación de la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN), obispo Juan Abelardo Mata, aseguró que “es un delito de lesa humanidad ejecutar niños, so pretexto de combate con grupos armados”, expresó el jerarca católico al referirse a la acción del Ejército el pasado 12 de noviembre en La Cruz de Río Grande, en el Caribe Sur del país.
El pasado 12 de noviembre se conoció que en un supuesto enfrentamiento contra tropas del Sexto Comando Militar Regional del Ejército en la comunidad San Pablo 22, municipio de La Cruz de Río Grande, murieron seis personas, entre ellas un niño de 12 años y una adolescente de 16 años, Francisco Alexander y Yojeisel Elizabeth Pérez Valle, respectivamente, quienes eran hermanos.
Mientras que el jefe del Sexto Comando Militar, coronel Marvin Paniagua, informó días después, del supuesto combate que los muertos pertenecían a una banda de delincuentes dirigida por Rafael Pérez Dávila, conocido como Comandante Colocho, pero alegó cuestiones de “seguridad” cuando se le pidió precisar los delitos por los cuales se les perseguía. Tampoco ofreció detalles sobre los niños asesinados.
El obispo Mata cuestionó el actuar del Ejército y resaltó que en Nicaragua no existe la pena de muerte, asegurando además que la solución al problema de los grupos armados no es aniquilarlos.
“El Ejército no está fundado para hacer el trabajo de Policía Nacional. La solución al problema de los rearmados por motivos políticos no es aniquilarlos, sino atender los motivos por los cuales se han rearmado”, manifestó el prelado.
Por otro lado, el también obispo de la Diócesis de Estelí recordó que el país tiene sus leyes para aplicarlas cuando se tienen pruebas de que las personas delinquen o actúan contra la ley.
“Si son grupos delincuenciales, hay que proceder conforme a las leyes de Nicaragua y por los órganos creados para tal efecto: Policía Nacional y la Fiscalía de la República. En Nicaragua no existe pena de muerte para que, a juicio de los que persiguen estos grupos ‘delincuenciales’, se les juzgue sin derecho a la defensa y se les ejecute”, cuestionó Mata.

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