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jueves, 30 de noviembre de 2017

Ejército de Ortega practica ejecuciones

“¿Dónde están nuestros hermanos campesinos? Que contesten los asesinos!”

Era una consigna que resonaba en los recintos universitarios  y en las marchas ciudadanas contra la dictadura somocista. Era Nicaragua a finales de los años setenta, cuando por la represión política en el campo se contabilizaban decenas de campesinos asesinados o desaparecidos.

Desde hace dos semanas la misma consigna vuelve a leerse en las redes sociales y en los muros de las ciudades y a escucharse en las protestas ciudadanas. Es siempre en Nicaragua, y aunque han pasado 40 años el drama es un déjà vu. Ejecución sumaria. Masacre. Torturas. Violaciones. Son palabras que han regresado y con ellas el dolor de quienes  las  han padecido y la creciente indignación de una sociedad que no quiere repetir todo lo sufrido.

El último de los hechos que ha dado lugar a ello podría haber pasado como una noticia más de los últimos meses, aunque con una dudosa credibilidad por la parcialidad de sus emisores primarios: “El delincuente Rafael Dávila Pérez, alias “Colocho” y 5 de sus compinches murieron este fin de semana al enfrentarse a balazos con tropas del Sexto Comando Militar Regional, en el sector de la comunidad San Pablo 22, en el municipio de la Cruz de Rio Grande, al este del país.” Así informó la radio oficiosa su versión de lo ocurrido.

Lo que se ha sabido  después, por la valiente denuncia de Elea Valle, la esposa del mencionado Rafael Dávila Pérez y por unas desgarradoras fotografías que de manera anónima empezaron a circular por la red, es lo que tiene estremecida a la sociedad nicaragüense: Dávila Pérez  no era un delincuente común, era un alzado en armas contra el régimen de Ortega por razones políticas; los muertos fueron el resultado de una ejecución sumaria, no de un combate; entre los muertos hay dos menores de edad, Yojeisel  y Francisco de 16 y 12 años respectivamente, ambos hijos de Dávila y quienes habían acudido a encontrarse con su padre después de largo tiempo de no verlo. Los cadáveres de los menores, según las fotografías y testigos,  presentan evidentes signos de torturas y acuchillamiento. En palabras de la madre, Yojeisel, la niña, también fue ultrajada sexualmente.

La jefatura del ejército, incluyendo a su jefe supremo, Daniel Ortega, ha guardado un estrepitoso silencio frente a las denuncias hechas. Pero no solo, también ha puesto oídos sordos a la demanda de la ahora viuda de Dávila Pérez y madre de las dos víctimas menores de edad, para que los cuerpos sean entregados. Al dolor por la ejecución de sus tres seres queridos, se suma el escarnio de no poder darles la debida sepultura.

En los últimos siete años en Nicaragua, según los registros oficiales, se han dado 20 enfrentamientos armados de las fuerzas de la policía o del ejército con grupos “delincuenciales“. De ellos han resultado  41 ciudadanos muertos. Nunca se han presentado capturados y pese a la recurrente versión oficial de que son delincuentes comunes, familiares y amigos de los fallecidos y sacerdotes, han sostenido -en todos los casos-  que eran personas alzadas en armas por razones políticas.

Pero delincuentes comunes o no, el  Estado y las autoridades militares y policiales, no han cumplido con la obligación de respetar la vida y la integridad física de los capturados y procesarlos debidamente como en derecho les corresponde.

El último caso, ya conocido como la masacre de La Cruz de Río Grande, ha dado lugar a que ex jefes militares, jerarcas religiosos, entre ellos varios obispos católicos, diversas organizaciones de la sociedad civil y  partidos políticos de oposición, adviertan que el régimen de Ortega se ha configurado ya de manera clara en una dictadura en que la policía y el ejército son instrumentos de represión política, que violan constante y flagrantemente los Derechos Humanos.

La situación es preocupante, no solo por el último hecho denunciado en sí mismo, sino porque podría ser el inicio de un nuevo ciclo de violencia política en un país en donde las heridas morales de dos guerras en los últimos cuarenta años están todavía frescas y las consecuencias materiales de 100 mil muertos, otro tanto de sobrevivientes con lesiones físicas y morales permanentes, centenares de miles de migrantes y millonarios daños, todavía son notorios.

En Nicaragua, como en cualquier otra parte del mundo, el  delincuente o el asesino, como el corrupto, cuando siente el amparo de impunidad que le da la protección del poder, es incentivado  a repetir sus acciones. Pero además su conducta tiende a ser imitada.


De allí que la responsabilidad de quienes ahora  ejercen el poder en Nicaragua es enorme. Y están frente a una disyuntiva: o  investigan y castigan a los responsables de la masacre de la Cruz de Río Grande y de todas las denunciadas antes,  o se mantienen como cómplices encubridores, y se atienen a las consecuencias políticas y legales que tales hechos inevitablemente tendrán a corto y mediano plazo.

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