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lunes, 6 de noviembre de 2017

Empresarios nerviosos por sanciones a lavadores de capitales.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (por sus siglas en inglés OFAC), adscrita al Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, anunció que en diciembre de este año comenzarán a utilizar una versión ampliada de la ley Global Magnitsky Human Rights Accountability Act, como base para aplicar sanciones a personas y entidades sospechosas de actividades relacionadas con la corrupción y violaciones a derechos humanos  
La OFAC publicará los nombres de estas personas y entidades en las próximas semanas, tal como lo hace actualmente con su “Lista de Personas Especialmente Designadas y Personas Bloqueadas”, y la “Lista de Narcotraficantes Especialmente Designados”, que representa una virtual declaración de muerte civil y liquidación económica, como ocurrió el año pasado con el con el empresario hondureño Jaime Rosental Olivas, presidente del grupo Continental, acusado de conspirar con el grupo de narcotraficantes conocido como “Los Cachiros”.
La ampliación del mandato de la OFAC para investigar casos no solamente de lavado de dinero, sino también de corrupción y violación de derechos humanos, implica que los afectados pueden ser sancionados con medidas que incluyen la prohibición de ingresar a los Estados Unidos, la cancelación de visas, la congelación de activos en los Estados Unidos y la prohibición de involucrarse en negocios con personas y entidades de los Estados Unidos.
Fuentes vinculadas al Congreso de Estados Unidos no descartaron que en la mira de la OFAC, ahora cobijada por la nueva versión de la ley Magnistky, se encuentran altos funcionarios del régimen de Nicolás Maduro y empresas estatales encabezadas por Petróleos de Venezuela (PDVSA), que mantiene un millonario flujo de recursos con Nicaragua a través de Albanisa.
La llamada ley Magnitsky, fue aprobada en 2012, como resultado de las investigaciones realizadas contra funcionarios del gobierno de Vladimir Putin que se vieron involucrados en el crimen del abogado Sergei Magnitsky, quien denunció actos de corrupción en Rusia, y afectaba únicamente a ciudadanos de ese país. Sin embargo, en 2016 fue reformada para que su espectro de acción afectara a otros extranjeros implicados en casos de corrupción y violaciones a los derechos humanos.
En agosto de este año PDVSA de Venezuela ya fue sancionada por medio de una orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump. El espectro de acción de esta ley podría abarcar a Alba de Nicaragua S.A (Albanisa), empresa binacional propiedad en 51% de PDVSA y 49% de Petróleos de Nicaragua (Petronic).
La orden ejecutiva prohibió todas las “transacciones relacionadas con la provisión de financiamiento y otras transacciones por una persona de los Estados Unidos o dentro de los Estados Unidos”. Por esa razón los empresarios aglutinados en la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (Amcham) fueron citados el pasado siete de septiembre a la embajada de Estados Unidos en Managua.
William Muntean, Consejero Económico de la legación norteamericana, enlazó a los empresarios vía videoconferencia con un funcionario del Departamento del Tesoro para evaluar los efectos que las sanciones a PDVSA podrían tener en Nicaragua sobre Albanisa.
El Departamento de Estado de EE.UU. ha calificado la relación del Gobierno de Nicaragua con Albanisa como un caso que refleja un déficit de transparencia fiscal, mientras las investigaciones de la prensa independiente en Nicaragua han documentado el desvío de más  de 4,000 millones de dólares de la cooperación estatal venezolana a través de canales privados ligados a los negocios de la familia presidencial, como un caso de mega corrupción pública.
“Había muchas preguntas (de Amcham)”, sobre las recientes sanciones a PDVSA expresó el agregado Muntean. “La orientación es que los ciudadanos y las entidades estadounidenses debían revisar de cerca todas las transacciones con Albanisa para asegurar el cumplimiento de las sanciones OFAC”.
Al menos dos fuentes vinculadas al sector empresarial confirmaron a Confidencial que desde hace más de dos meses, existe un clima de temor y preocupación en el sector privado por las consecuencias que podrían tener las sanciones a PDVSA en Albanisa y en el entorno de negocios privados de esta empresa mixta. “En las últimas semanas, las principales entidades del sistema financiero en las cuales Albanisa mantenía montos millonarios de depósitos, le solicitaron a la empresa que preside el ingeniero Francisco “Chico” López el retiro de sus cuentas”.
Según la fuente esto ya había ocurrido desde el mes de octubre y los fondos se habrían reubicado en el Banco Corporativo, propiedad mayoritaria de Albanisa. Sin embargo, los datos de la Superintendencia de Bancos aún no se encuentran disponibles al público, de forma desagregada, para poder corroborar las bajas y altas en los depósitos de los bancos.
Otra fuente del sector empresarial, aseguró que “las principales empresas del sector agroindustrial que exportaban a Venezuela a través de Albalinisa, han reducido al mínimo su actividad”. La fuente describió estas acciones como “medidas preventivas que todos los empresarios están obligados a adoptar, pero sobre todo aquellos que además son ciudadanos norteamericanos”.

No necesitan la Nica Act

La Secretaria de Estado adjunta interina de la Oficina de Asuntos Económicos y Empresariales del Departamento de Estado Patricia M. Haslach resaltó que las sanciones bajo la Ley Magnitsky puede ser aplicada en cualquier país del mundo sin necesidad de que existan leyes con sanciones específicas aprobadas previamente.
“Magnitsky Act crea una autoridad adicional para permitir que la administración estadounidense responda a las crisis y busque rendición de cuentas, incluso cuando no existan programas de sanciones específicos”, expli Haslach.
Es decir que Magnitsky podría ser aplicada en Nicaragua, incluso si  la Nicaraguan Investment Conditionality Act, mejor conocida como Nica Act, no ha sido aprobada en el Senado estadounidense, ni ha entrado en vigencia.  
El temor a que se apliquen las sanciones de la OFAC combinadas con la Magnitsky Act, aun si la Nica Act nunca llega a ser aprobada por el Senado, ha sido una de las principales motivación del empresario Carlos Pellas, para asumir el liderazgo del sector privado contratando a una firma de cabildeo en Washington DC a través de AMCHAM. “La contratación del Carmen Group y la iniciativa de Pellas están directamente relacionadas con el temor al impacto que esta clase de sanciones podrían tener en Nicaragua” indicó la fuente empresarial.
Según la Secretaria de Estado adjunta interina de la Oficina de Asuntos Económicos y Empresariales del Departamento de Estado, Patricia M. Haslach,  su país “ahora tiene una autoridad específica para identificar y responsabilizar a las personas responsables de violaciones graves de los derechos humanos y actos de corrupción significativa”.
“El alcance global de esta autoridad, combinado con una juiciosa selección de personas y entidades, enviará una poderosa señal de que Estados Unidos continúa buscando la eliminación de la impunidad con respecto a las violaciones de los derechos humanos y la corrupción”, señaló Haslach.
Aunque Venezuela no ha sido sancionada con la ley Magnitsk, a la orden ejecutiva de Trump se suman las sanciones específicas a funcionarios chavistas emitida por el Departamento del Tesoro; entre esos nombres sobresale el hermano del fallecido presidente Hugo Chávez, Adán, el vicepresidente Tarek El Aissami y otros miembros del círculo íntimo de Nicolás Maduro.
Haslach explicó que Magnitsky unificaría programas ya vigentes orientados al castigo de la corrupción y los derechos humanos en una sola unidad. “Con el establecimiento del primer programa mundial dedicado de derechos humanos y sanciones contra la corrupción, los Estados Unidos se encuentran en una posición única para liderar a la comunidad internacional en la búsqueda de rendición de cuentas en el exterior en consonancia con nuestros valores”, justificó la diplomática
La Orden Ejecutiva de Trump afecta a la empresa petrolera PDVSA, ya que prohibió operar acciones y bonos de PDVSA y el Estado venezolano. Incluso “pagos de dividendos u otras distribuciones de ganancias al Gobierno de Venezuela de cualquier entidad que sea propiedad o esté controlada, directa o indirectamente por el Gobierno de Venezuela”.

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