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viernes, 17 de noviembre de 2017

Fiscal Ortega Díaz acusa a Maduro por ejecutar "una limpieza social" desde 2015.

Londres Inglaterra / EFE  - A Nicolás Maduro el mundo se le podría quedar pequeño y Venezuela podría terminar convirtiéndose en su cárcel mientras siga en la Presidencia. 

Al menos esto es lo que busca su otrora aliada y ahora acérrima crítica, la removida fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, quien hoy solicitó a la Corte Penal Internacional que le dicte al mandatario una orden de captura internacional, para así sentarlo en el banquillo de los acusados por cometer delitos de lesa humanidad.

Pero la jefa del Ministerio Público en el exilio no solo desea ver en La Haya(Holanda) a Maduro; sino también a cuatro altos jerarcas militares, comenzando por los ministros de la Defensa y del Interior, generales Vladimir Padrino López y Néstor Reverol Torres; y siguiendo por el actual jefe del temible Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), general Gustavo González López; y terminando con el actual jefe de Gobierno del Distrito Capital, general (r) Antonio Benavides, a los que señaló de cometer, junto al Jefe del Estado, “asesinatos, torturas, encarcelación, así como un ataque sistemático contra la población civil”.
“Nicolás Maduro y su Gobierno deben pagar por estos delitos de lesa humanidad, así como también deben pagar por el hambre, la miseria y las penurias a las que está sometido el pueblo de Venezuela”, declaró Ortega Díaztras consignar su querella, la cual apunta contra los presuntos responsables no solo de la represión a la ola de protestas que sacudió el país, luego de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) prácticamente liquidara a la Asamblea Nacional controlada por la oposición con dos fallos, sino también de las violaciones a los Derechos Humanos ocurridas al menos desde hace dos años en el marco de iniciativas tan polémicas como las llamadas Operación Liberación del Pueblo (OLP).
“Estamos denunciado que en el año 2015 fueron asesinadas 1.777 personas por funcionarios policiales y militares. En el año 2016, 4.667 personas fueron asesinadas bajo las mismas condiciones y hasta el mes de junio de este año se registraron 1.847, todas bajo las órdenes del Gobierno, bajo un plan que persigue una limpieza social. También incluimos en la denuncia las OLP, donde fueron asesinadas 505 personas, otra limpieza, otra razzia, ejecutada por grupos tácticos de combate. También incluimos más de 17 mil casos de detenciones arbitrarias, cientos de casos de tortura y la militarización de la seguridad ciudadana”, enumeró la removida Fiscal General.
Durante las protestas que sacudieron al país entre abril y julio pasado, se registraron más de 120 muertos, miles de heridos y de detenidos. Según cifras del Ministerio Público, efectivos de la Guardia Nacional y de distintas policías fueron señalados como los responsables del 25% de las víctimas fatales. Asimismo el organismo entonces dirigido por Ortega Díaz hasta agosto tenía registrados 28 uniformados detenidos y otros 19 más sobre los que pesaban órdenes de captura por excesos durante sus actuaciones.
Por su parte, las OLP fueron ideadas por el actual jefe del Sebin y puestas en marcha durante su paso por el Ministerio del Interior y continuadas por su sucesor, con la bendición de Maduro quien dijo que las mismas buscan “apretar al máximo el castigo de todos los crímenes” además de la “liberación del pueblo de los delincuentes". Esta iniciativa ha sido duramente cuestionada por organizaciones nacionales de Derechos Humanos y organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por los riesgos que implica para la sociedad colocar a los militares al frente de la lucha contra el hampa.
Ortega Díaz, quien viajó a La Haya junto a su director de Actuación Procesal, Zair Mundaray, no se presentó ante la Corte simplemente con el escrito de su denuncia, sino con más de un millar de pruebas que sustentan sus duros señalamientos contra quienes hasta no hace mucho fueron sus aliados.
Las pruebas las entregaron en físico y digital y constan de un largo expediente de 39 piezas y 12 CD. “En mi condición de Fiscal General he cedido un cúmulo de pruebas, una carga probatoria, todos los elementos con los que cuenta el Ministerio Público, más de mil elementos probatorios, entre ellos experticias, reconocimientos médico legales, psiquiátricos y entrevistas”, aseveró.
Colaboradores que viajaron con Ortega Díaz desde Colombia, donde se encuentra desde que en agosto pasado fuera removida de su cargo por la cuestionada Constituyente, aseguraron que entregaron expedientes para sustentar cada señalamiento contra cada funcionario.
La Fiscal no descartó que su denuncia termine afectando a más jerarcas gubernamentales.  "Dejamos abierta la puerta para que esta denuncia se amplíe. Es posible que más funcionarios que han acatado órdenes de estos que ya he denunciado y que han cometido crímenes de lesa humanidad sean señalados a futuro", dijo sin querer precisar si se refería a militares o también a civiles como los magistrados del TSJ.
La querella interpuesta por la jurista llanera ahora será revisada por el equipo de la Fiscal ante la Corte, la gambiana Fatou Bom Bensouda, quien decidirá si hay elementos para analizarla o no. Desde su creación en 2002, la tribunal internacional ha recibido varios casos relacionados con Venezuela, algunos contra el fallecido presidente Hugo Chávez, por los sucesos del 11 de abril de 2002; y otras contra el propio Maduro, pero todos ellos han sido desechados.
En el caso de que este fuera admitido, sería la primera vez que el juzgado con sede en La Haya tramita un asunto no relacionado con hechos ocurridos en el continente africano y además sería el primero interpuesto por un alto funcionario de un país contra otros altos funcionarios del mismo país.
Pero además si la Corte decidiera dictar la orden de captura, el presidente venezolano se uniría a su par sudanés, Omar Al Bashir, sobre quien pesa desde 2009 dos medidas de esta naturaleza.
Aunque Ortega Díaz se mostró confiada en que su acción prosperará, expertos se muestran cautos. En agosto pasado el expresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Pedro Nikken, en declaraciones a este diario admitió que había motivos para que los jueces de La Haya analicen la situación venezolana, pues “en los últimos meses se han producido situaciones que están tipificadas en el Estatuto de Roma. 
Aquí se ha torturado, ejecutado y detenido arbitraria e ilegalmente a personas, de manera sistemática, con lo cual ya se podría hablar de delitos de lesa humanidad, algo que no tiene precedentes”. Sin embargo, en esa misma ocasión advirtió que la suerte de la demanda dependerá de lo que haya expuesto la ahora díscola Fiscal y de las pruebas que presente.
La decisión del TSJ de amparar a Benavides e impedirle a la Fiscal, cuando aún estaba al frente del Ministerio Público, imputarlo por los excesos cometidos durante las protestas podrían servir de prueba de que las instancias internas se han agotado y que en Venezuela “no se puede conseguir justicia”, como lo declaró hoy mismo.

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