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lunes, 20 de noviembre de 2017

Gobierno se echa atrás con brutal aumento al impuesto de rodamiento.

La Asamblea Nacional recibió el pasado jueves la iniciativa de reforma de la Ley 431 “Ley para el Régimen de Circulación Vehicular e Infracciones de Tránsito“, para reformar el artículo 11 que corresponde al pago de impuesto por rodamiento vehicular y que propone un alza brutal en el impuesto, de hasta tres mil córdobas para vehículos livianos menores de cinco años. Tras la indignación desatada en redes sociales al filtrarse la información, el Gobierno reculó y la Asamblea retiró la iniciativa de su sitio de Internet.
De aprobarse dicha propuesta, los más afectados son los usuarios de vehículos particulares. El impuesto de un vehículo con menos de 5 años de antigüedad y un cilindraje menor a 2, 500, aumenta de 100 córdobas, que es el costo actual a 3,100 córdobas.  Horas después de conocida la noticia, la diputada Loria Raquel Dixon, primera secretaria parlamentaria, en una conferencia improvisada dijo que no existía la propuesta.
Juan Carlos López, Coordinador del Centro Jurídico y Social de Ayuda al Consumidor, considera que más que un error, “esta iniciativa no debería pasar, no tiene ningún tipo de corrección jurídica”, y agregó que debe hacerse un análisis de los motivos por los que se está proponiendo esta reforma.
“Nosotros de antemano vamos a oponernos, ya sea a través de cartas a la Asamblea Nacional o en el peor de los casos, si se llegase a reformar y los costos propuestos no bajan, presentaríamos un recurso por inconstitucionalidad”, dijo López.
El activista opina que toda persona que posee vehículo particular también debería presentar un recurso por inconstitucionalidad si esta iniciativa se aprueba, recurrir a organizaciones de la sociedad civil y realizar plantones. Por otro lado, afirma que el COSEP debe pronunciarse y espera que el sector privado influya en la disminución de los costos propuestos en este documento.
Carlos Castañeda es ejecutivo de negocios y dueño de un vehículo liviano con menos de 5 años de antigüedad, el que utiliza como herramienta principal de trabajo.
Como ciudadano, Castañeda opina que esta iniciativa de ley responde a “vacíos” que se han generado en el Presupuesto General de la República por la disminución de la Cooperación Internacional, así como una baja  en el consumo diario en cada ciudadano, lo que se traduce en menos ingreso a nivel tributario.
“Como usuario me afecta grandemente porque son tres mil pesos que no tenés presupuestados, tenés que sacarlos de algún lado y el salario se mantiene fijo. Obviamente te golpea bastante”, expresó. “Definitivamente la reacción de todos nosotros los usuarios debe ser reclamar y plantarnos, el problema es que no tenés manera; no hay libertad para reclamar. Creo que por lo menos desde las redes sociales se podría hacer algo, se ha demostrado que genera alguna reacción por parte de los encargados”, agregó.
Mariana Rivas, directora de cuentas y usuaria de un vehículo liviano, coincide en que la población debe manifestar su descontento con las decisiones tomadas por el gobierno de turno. Opina que se debe consultar a la población sobre cambios tan relevantes y que afectan a la economía nicaragüense.
“La mayoría de personas no tiene más de dos mil córdobas para pagarlos así sin más, pienso que va en contra de los derechos de los dueños de vehículos. Creo que no pueden hacer esto de manera arbitraria, no sé si lo consultaron, no creo que lo hayan hecho”, dijo.
Wilber Espino, ejecutivo de ventas y usuario de vehículo liviano, difiere en que no se deba aumentar el impuesto. Opina que es correcto que se realice un aumento, pero no del nivel que se está proponiendo.
“El aumento es exagerado, pero Nicaragua es el único país de la región que no aplica renovación de matrícula anual ni otro impuesto de gran tamaño sobre el tema vehicular. La medida es bien drástica, pero no extraña”, explicó.  Agregó que de igual forma representa un desembolso anual que no estaba presupuestado, y que no optaría en un futuro por un carro nuevo.
En el propósito de la iniciativa que ahora no existe, el comandante Ortega afirma que es “aumentar los ingresos de las Alcaldías Municipales a fin de ampliar proyectos de vialidad y realizar mantenimiento integral de las redes viales existentes”.
También hace referencia a que “se hace necesario actualizar dichos valores al mantenerse invariable a pesar del incremento de la flota vehicular y la creciente demanda de nuevas vías de circulación vehicular en los municipios del país.”
Otra de las justificaciones para esta iniciativa de reforma de ley es que, tomando en cuenta el informe presentado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) titulado “Seguridad ciudadana, Nicaragua: riesgos, restos y oportunidades, explica y valora la complejidad del tránsito vehicular, que genera contaminación medioambiental y auditiva, además de ser causa principal de accidentes fatales, siendo las principales víctimas conductores y pasajeros de motos y bicicletas, además de peatones. Según este informe, el desarrollo de las personas y la convivencia social se ven afectados por el desorden en el manejo del tránsito terrestre y de su regulación”.
Expone también que los montos propuestos en dicha iniciativa, se han realizado en base a la legislación monetaria vigente y a las correspondientes disposiciones emitidas por el Banco Central de Nicaragua, de conformidad con el artículo 8 de la Ley No. 562, Código Tributario de la República de Nicaragua.
De aprobarse esta iniciativa de ley, el pago del impuesto de rodamiento vehicular debe realizarse antes del 31 de marzo del 2018, de lo contrario se incurrirán en multas.

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