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martes, 14 de noviembre de 2017

Migrantes nicas temen deportación tras fin del TPS

Por Dánae Vílchez /Tomado de Confidencial -  Yanira Mairena es una nicaragüense que tiene 27 años de vivir en Estados Unidos. Es activista desde hace diez en el grupo “Trabajadoras Domésticas de Nueva York”, una organización de mujeres latinas que luchan por los derechos de los migrantes. 
El pasado 21 de enero, Yanira participó en una protesta nacional en Washington, la capital de ese país, para pedir al Gobierno la continuación del Estatus de Protección Temporal (TPS por sus siglas en inglés).
Este programa permitía que ciudadanos de países afectados por conflictos bélicos o desastres naturales obtuvieran permisos de forma extraordinaria. EE.UU. concedió el TPS a Nicaragua en 1998 tras el paso del huracán Mitch por Centroamérica.
Sin embargo, los esfuerzos por frenar la cancelación del TPS no hicieron eco en la Casa Blanca. Este siete de noviembre, el ejecutivo presidido por Donald Trump, terminó el programa para 5,349 inmigrantes nicas, entre los que se encuentra Yanira.
“Es discriminación, hemos hecho nuestra vida aquí, hemos pagado impuestos, no le estamos quitando trabajo a nadie, estamos haciendo los trabajos que los “gringos” no quieren hacer”, expresó Yanira, quien labora cuidando ancianos.
Salió de Nicaragua porque sentía que el país no le daba oportunidades de crecimiento, dejó un hijo en su natal Matagalpa, y en Estados Unidos nació su hija, quien ahora tiene 25 años. En 1998 aplicó para el TPS para regularizar su estatus migratorio y tener un permiso de trabajo. Desde entonces sus condiciones laborales han mejorado.
Yanira ha construido su hogar en Nueva York, tiene una nieta de seis años y no tiene intenciones de regresarse a Nicaragua.
“Con papeles o sin papeles tenemos derechos, como mi hija ya es mayor de edad me va a pedir, pero me siento mal por los que no tienen la oportunidad que yo tengo”, manifestó la nicaragüense.
A diferencia de Yanira, la historia de “Sara” –cuyo nombre fue cambiado para proteger su identidad– pareciera no tener posibilidades de un final feliz.
“Sara” tiene 91 años y demencia senil. Su mente transita entre su natal Estelí y la Managua posterremoto de 1972. No tiene conciencia de que ahora vive en California, según relata “Eva” –cuyo nombre también fue cambiado–, su familiar más cercana y principal cuidadora.
Sara nació en 1926. A los 12 años su madre murió de cáncer de seno y se trasladó a vivir con su madrina, la madre de Eva. Ahí comenzó su relación estrecha con la familia que la ha acogido como una más de los suyos.
“Ella fue la primera persona que me vio después de nacer. Ella y yo tenemos un amor incondicional, ella siente que yo soy su hija, y para mí es mi segunda madre”, relata Eva, quien emigró a Estados Unidos en los años ochenta y ya es ciudadana.
Sara se quedó en Nicaragua con la madre de Eva hasta que esta falleció en 1992.  Posteriormente, después de muchos trámites, lograron conseguir una visa de turista para que Sara pudiera viajar a Estados Unidos. En 1996, ambas se reencontraron.
Eva cuenta que acordaron con Sara que permanecería en Estados Unidos mientras encontraban la forma de regularizar su estatus migratorio. En 1998 se abrió la posibilidad de acceder a los TPS, y por 19 años, han pagado cada 18 meses alrededor de mil dólares para renovar este permiso, que entre cosas, le permitió a Sara tener un seguro médico de emergencia.
“Hemos usado el “Medical” de emergencia como unas cuatro veces en los últimos dos años, porque se me desmaya, no la puedo dejar sola por que a ella se le olvida todo, se levanta y se puede caer. Sus piernas son muy débiles y tiene osteoporosis”, relató Eva.
Para ella, una sobreviviente de cáncer de mamá de 68 años, cuidar sola de Sara no es fácil. Su mayor miedo es no poder acceder a atención médica de calidad para la anciana, aunque el fantasma de la deportación parece aterrorizarla más.
“Cuando vi que se cancelaba el TPS el mundo se me vino encima porque ella ya es una señora mayor. Lo que se me vino fue ¿qué voy a hacer?, porque no tengo ayuda de nadie… Ella en Nicaragua no tiene a nadie, y si me la sacan yo me tendría que ir con ella y abandonar mi casa. Estamos en una encrucijada”, dijo la nicaragüense.
Su plan por el momento es esperar a que sea el cinco de enero de 2019, el plazo que el Gobierno de Trump ha anunciado para que los nicaragüenses con TPS regularicen su estatus migratorio o salgan del país.
Eva y Sara se refugian en su casa en Los Ángeles, California, esperando que suceda un milagro que impida al gobierno de Trump arrancarlas de su hogar.
Los TPS son uno de los pocos programas migratorios manejados por el ejecutivo de Estados Unidos, específicamente por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en inglés).
La secretaria interina del DHS, Elaine Duke, dijo en un comunicado que las condiciones que llevaron a conceder el TPS para Nicaragua “ya no existen” y que, por lo tanto, “debe darse por terminado”.
Fuentes citadas por el prestigioso periódico estadounidense The Washington Post, aseguraron que la Casa Blanca presionó a la responsable del DHS para que expulsara a los nicaragüenses que residen en Estados Unidos actualmente.
Según el Post, el jefe de gabinete de Trump, el general John Kelly, llamó a Duke advirtiéndole de que prolongar la estancia de los ciudadanos centroamericanos bajo el TPS, estaría “impidiendo la estrategia global” de la Administración.
La secretaria del DHS dijo en su comunicación oficial que el Gobierno de Daniel Ortega no solicitó a Estados Unidos una extensión de dicho programa, que sí se extendió por seis meses más a los 86 mil ciudadanos hondureños, pues su país sí realizó gestiones de cabildeo en Washington.
Para Francisco Aguirre Sacasa, exembajador de Nicaragua en Estados Unidos, y principal negociador del otorgamiento de los TPS a los ciudadanos nicas en 1998 durante el gobierno demócrata de Bill Clinton, el actuar de la misión diplomática de nuestro país fue deficiente.
“El Gobierno tuvo que tomar una posición más proactiva y no reaccionar a ella. Tuvieron que tener alguna gestión de cabildeo, aunque sea discreta, porque la verdad es que las relaciones entre Washington y Nicaragua no son amigables”, declaró Aguirre Sacasa.
La directora de NicasMigrante, Martha Cranshaw, afirmó que la decisión del Gobierno de Estados Unidos en parte se debe al discurso del comandante Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo, quienes destacan el crecimiento económico y una baja en la tasa de desempleo y pobreza. Cranshaw destacó que haber vendido la imagen de un país que crece a un ritmo “de potencia europea”, fue algo que tuvo que ver en la decisión del Gobierno estadounidense.
Hasta ahora la única reacción oficial del Gobierno nicaragüense fue un comunicado de la vicepresidenta Rosario Murillo, quien instó muy vagamente a los ciudadanos a acercarse a su consulado más cercano, sin especificar qué acciones tomarán en apoyo a los migrantes. “Nosotros no hemos tenido solicitud alguna de hermanos nicaragüenses que hayan llegado a los consulados”, dijo Murillo.
Para el nicaragüense Alfonso Hernández, presidente la Asociación Cívica Centroamericana en Boston, Massachussets, esto muestra la desconexión del Gobierno y sus embajadas con la comunidad de migrantes en Estados Unidos.  Según él, ni el embajador en Washington, Francisco Campbell, ni los cónsules tienen relaciones cercanas con los grupos de nicaragüenses residentes en ese país.
“El Gobierno está desconectado de la comunidad inmigrante y la verdad es que la comunidad no los ve a ellos como un apoyo, a diferencia de las relaciones que tienen los salvadoreños o los hondureños con sus consulados”, explicó Hernández.
En el programa de TPS se encuentran unas 413.500 personas entre salvadoreños, hondureños, haitianos y nicaragüenses. Aunque los TPS solo han terminado por el momento para Nicaragua, el panorama también es oscuro para los ciudadanos de otros países, asegura el experto Patrick Young, del Central American Inmmigration Law Center, en Long Island.
“Esto ya se veía venir. Nuestra mayor preocupación es que no hay otro programa al que pueden aplicar. Tienen dos opciones o regularizarse por la vía del matrimonio (o de los hijos) o quedarse indocumentados. Muchos harán lo segundo”, indicó Young.
Según datos del Centro para los Estudios sobre la Migración, más de la mitad de estos 413.500 inmigrantes llevan más de 20 años en Estados Unidos y durante este tiempo han tenido 273.200 hijos que tienen la ciudadanía de estadounidense.
Los analistas entrevistados por CONFIDENCIAL aseguran que la cancelación de los TPS es un claro mensaje de hostilidad contra los extranjeros en Estados Unidos, incluyendo los que tienen documentos legales. Según Aguirre Sacasa esta es una de las acciones que Trump implementará para mantener contenta a su base de votantes “racistas”.
“Realmente para Trump era políticamente menos problemático cancelar los TPS a apenas cinco mil nicas que castigar a decenas de miles de personas de El Salvador y Honduras, países en los que además tiene mayores intereses”, dijo el exembajador en Washington.
Por su parte Cranshaw señala que la política del Gobierno de Trump está enfocada en mantener los programas de trabajos temporales en Estados Unidos, es decir personas que llegan a trabajar en las cosechas de cítricos, uvas, tomates y manzanas, y que luego se regresan a sus países, sin establecer su residencia permanente en Estados Unidos.
Los nicaragüenses con TPS consultados por Confidencial aseguraron a este medio que no tienen intenciones de regresar a Nicaragua. Sin embargo, Cranshaw considera que el Gobierno de Ortega debe establecer políticas públicas para que quienes se vean obligados a volver, tengan apoyo gubernamental.
“El Gobierno tiene que organizarse y ofrecer algo a los migrantes que van a regresar. Hay que estudiar la Ley de atención a nacionales, que exista algún estímulo al retorno”, dijo Cranshaw.

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