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jueves, 16 de noviembre de 2017

Organismos de Derechos Humanos demandan esclarecer muertes de civiles en supuesto combates con rearmados.

Mientras el Ejército de Nicaragua todavía no aclara del todo la muerte de dos mujeres civiles y un adolescente entre los seis fallecidos en la comunidad de San Pablo, del municipio de la Cruz de Río Grande, en el Caribe Sur, surgen cuestionamientos sobre el hecho sangriento.
Un comunicado emitido por el autodenominado grupo Fuerzas Democráticas Nicaragüenses (FDN 380) asegura que dos mujeres fallecidas en el combate eran civiles.
Esto también está confirmado con las fotografías que circulan por las redes sociales, pese al control militar por evitar que se conozcan más detalles de los hechos. Las imágenes son crudas, algunos de los cuerpos están mutilados y por los impactos que se observan en los cuerpos fueron utilizados explosivos y armas de pesado calibre, según expertos consultados.
El especialista en Derechos Humanos, Uriel Pineda, calificó como un hecho muy grave que el Ejército de Nicaragua esté involucrado en esas muertes, “porque podemos estar en presencia de una ejecución o bien participación del Ejército en tareas de seguridad que simplemente no le corresponden y es contrario al Derecho Internacional de los Derechos Humanos”.
“Lo primero que debe esclarecerse es quiénes son las víctimas. Si las personas asesinadas pertenecían a algún grupo con motivación política, sin perjuicio que no estemos en un conflicto armado y que el Gobierno no haga el reconocimiento de beligerancia; debe tratar a estas personas acorde al Derecho Internacional Humanitario”, dijo Pineda.
Recordó que en reiteradas oportunidades la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha establecido que no pueden utilizarse las Fuerzas Armadas para labores de seguridad, dado que su entrenamiento es para enfrentar al enemigo y no para interactuar con ciudadanos en conflicto con la Ley.
En estos casos “el resultado es el uso desproporcionado de la fuerza que compromete la responsabilidad internacional del Estado, por violar el derecho a la vida”, afirmó Pineda.
En otros casos, señaló Pineda, oficialmente se ha reconocido la actuación conjunta ente la Policía Nacional y el Ejército de Nicaragua, en todo caso, las funciones de ambas instituciones son distintas, lo que supone la renuncia ilegal de la Policía a su deber de garantizar la seguridad ciudadana.
“Estas prácticas sí podrían llegar a constituir crímenes de lesa humanidad en la medida en que se acrediten los elementos de contexto”, apuntó Pineda.
Por su parte, el director jurídico del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Gonzalo Carrión, expuso que por la cantidad de fallecidos la lectura que se puede hacer es que la orden fue “de aniquilamiento”.
Carrión cuestionó el hecho de “¿por qué los enterraron a todos? “La información que hay es que a todos los enterraron en la zona donde los mataron, esto es similar a lo de otros casos (de los) que hemos recibido denuncias que sea una o dos personas, los matan y los dejan ahí”.
Carrión pregunta: “¿Por qué no se los entregan a sus familiares? ¿Se constituyó Medicina Legal para el levantamiento de cadáveres para verificar la forma en que murieron?”.
El mayor en retiro Roberto Samcam recordó que en la guerra de los ochenta “para matar seis Contra, sin heridos, tenía que ser una emboscada muy bien preparada y era una operación de aniquilamiento”.
En la actualidad, dijo, ya se ha vuelto una costumbre que a los muertos en operativos militares “los entierran, no se los entregan a sus familiares, no llega Medicina Legal, en un país donde no hay guerra. Cuando yo hago algo a escondidas estoy ocultando algo”, dice Samcam, quien refiere que lo mínimo que se debería hacer en estos casos es que entreguen los cuerpos a sus familiares, que un médico determine cómo presenta los orificios de bala; “si me dicen que los balazos son de espalda, ya tengo que sospechar otra cosa, que fue una ejecución; si tiene un tiro en la cabeza es que fueron rematados y estas cosas a veces al poder no le gusta que las investiguen, cuando enterrás a alguien apresuradamente es que no querés que la familia denuncie”, dijo el militar en retiro.

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