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sábado, 30 de diciembre de 2017

Centroamérica culmina otro año con serios problemas.

Por Josué Bravo/ El año que culmina, también fue significativo para Centroamérica. La decisión del presidente saliente Barack Obama de derogar la orden ejecutiva de “pies secos, pies mojados”, que otorgaba el permiso de permanencia en EEUU a los inmigrantes cubanos, terminó con el éxodo de miles de ellos rumbo a la frontera estadounidense.

De hecho, la presencia de más de 8.000 refugiados cubanos varados en Panamá y Costa Rica, ante la negativa de Nicaragua de permitirles el paso, creó una seria crisis humanitaria en 2016 que fue resuelta a finales del año con negociaciones especiales con Washington.
Los países centroamericanos, sobre todo Guatemala, Honduras y El Salvador, iniciaron el 2017 con la enorme incertidumbre sobre los posibles cambios en la política estadounidense hacia ellos, con el ascenso al poder de Donald Trump el 20 de enero. Migración y remesas, relaciones comerciales, cooperación y seguridad formaron parte de los temas que generaron preocupación, dado la amplia dependencia de la región del país norteamericano.
No obstante, las remesas no sufrieron una caída, al contrario, crecieron, y las autoridades de Inmigración han deportado menos inmigrantes.
Por otra parte, aún está pendiente la solicitud presidencial de recortar la cooperación monetaria con varios países del mundo, entre ellos los centroamericanos, así como la anunciada revisión del acuerdo comercial entre Estados Unidos y Centroamérica.
Un incendio en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción, en Guatemala, el 8 de marzo, ocasionó la muerte de 41 menores de edad.  La casa hogar, a cargo de la Secretaría de Bienestar Social, contaba con 748 menores, aunque su capacidad estaba fijada en 400.
Según los documentos de la autoridad nacional, allí se atendían a huérfanos, menores conflictivos, víctimas de la violencia, pequeños con discapacidades y otros que supuestamente habían sido internados por haber cometido delitos.
Un día antes del siniestro, que fue ocasionado por un grupo de las jóvenes, 56 adolescentes habrían huido del lugar por, según sus alegaciones, “maltrato, abuso sexual y malas condiciones de vida”.
Salta a la palestra la condena al ex presidente salvadoreño Mauricio Funes, quien “debe” restituir al Estado unos 206.660 dólares, tras ser declarado culpable por enriquecimiento ilícito durante su gobierno (2009-2014).
Funes, quien llegó a la presidencia por partido del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), fue además inhabilitado por 10 años para ejercer cargos públicos y deberá pagar una multa de miles de dólares.
Por otra parte, el hijo del expresidente salvadoreño, Diego Funes Cañas, también fue condenado por enriquecimiento ilícito y debe devolver a su país la suma de 212.484 dólares.
Asimismo, el presidente panameño Ricardo Martinelli fue detenido en Miami, en cumplimiento con una solicitud de captura de la Corte Suprema de Justicia de su país, adonde podría ser extraditado para enfrentar cargos de corrupción por “supuestos” sobre costos que sumaron unos 45 millones de dólares y fomentar una red espionaje contra sus opositores y críticos.
En Guatemala, una investigación internacional, de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), denunció ciertas irregularidades en los fondos de campaña del entonces candidato a la presidencia Jimmy Morales.
Días después, Morales ordenó la expulsión del país del fiscal colombiano Iván Velásquez, que presidía la investigación, lo que ocasionó un fuerte cuestionamiento internacional y la subsiguiente legislación en el Parlamento nacional que, según sus detractores, “blindaría a los líderes políticos contra posibles acusaciones de financiamiento ilegal”.
Las estadísticas de los homicidios en Honduras, El Salvador y Guatemala han bajado pero la batalla continúa.
Las cifras denotan al menos 3.473 personas que murieron violentamente en Honduras entre enero y noviembre pasado, lo que supone un 27 % menos que los 4.760 casos reportados en el mismo período el año anterior.
El Salvador acumuló de enero a noviembre 3.610 homicidios, lo que significó una reducción de 27% con respecto a igual período, mientras Guatemala reportó 4.981 casos, apenas 1,01 % de reducción.
No obstante, el ascenso de las cifras en Costa Rica es alarmante. Hasta el domingo 17 de diciembre el país contabilizó 579 muertes violentas. Esta cifra ya sobrepasa el récord anterior, establecido en 2016, de 578 muertes.
Entretanto, las autoridades costarricenses calculan que el país podría superar los 600 homicidios en 2017.
La oposición nicaragüense al presidente Daniel Ortega asegura que el mandatario se apuntó otro fraude electoral en las pasadas elecciones municipales, al manipular el cómputo de los votos y otorgar la victoria a su partida en la mayoría absoluta de los ayuntamientos del país.
De esta manera, el 5 de noviembre el partido gobernante, Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), obtuvo 135 alcaldías, frente a 11 del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), seis para Ciudadanos por la Libertad (CxL) y sólo una para la Alianza Liberal Nicaragüense.
Los hondureños acudieron a las urnas el 26 de noviembre para elegir gobierno, parlamento y autoridades municipales. No obstante, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) demoró 21 días para declarar ganador al actual mandatario, Juan Orlando Hernández.
El proceso electoral hondureño ha sido ampliamente criticado, a partir de que la carta magna de la nación no permite la reelección y un fallo del poder judicial otorgó a Hernández el camino para optar por la reelección.
La elección arrojó una cerrada diferencia de votos y un reconteo parcial de votos que no complació las expectativas de los oponentes, liderada por Alianza de Oposición contra la Dictadura, cuyo candidato era Salvador Nasralla.
La situación derivó en protestas callejeras, al menos 12 muertos y saqueos a locales comerciales, lo que condujo al Gobierno a declarar un toque de queda durante diez días.

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