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martes, 5 de diciembre de 2017

Con la pérdida de la gallina de los huevos de oro, se acabaron los proyectos populistas del orteguismo.

La reducción al subsidio a la tarifa eléctrica para los consumidores de menos de 150 kilovatios hora al mes, anunciado por el gobierno, se ejecutará de forma gradual hasta 2021 y desde el Gobierno buscan suavizar el golpe anunciando negociaciones con empresarios y sindicatos. El sistema actual establece un subsidio de más de un 50% para quienes se mantienen ese consumo.

La decisión nació del Programa para Fortalecer el Sector Eléctrico en Nicaragua III, que será financiado con un préstamo de 65 millones de dólares otorgados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Según el documento oficial, el subsidio es aprovechado mayoritariamente por el segmento que consume menos de 100 kWh al mes. El Estudio de Actualización de Diagnóstico y Estatus de los subsidios del Sector Energético en Nicaragua del BID, que es parte del mismo programa de fortalecimiento, el 42,7 por ciento del subsidio se otorga al segmento que consume de 0 a 50 kWh, el 35,8 por ciento se otorga al segmento que consume de 50 a 100 kWh y el 12,6 por ciento es para el segmento de consumidores que se mantienen en el rango de 100 a 125 kWh.

La población beneficiada con el subsidio de entre 125 a 150 kWh, representa apenas el 7,7 por ciento, se explica en el estudio del BID.  Por ello la propuesta es que los subsidios se reduzcan desde el 2018 hasta el 2022 cuando termina el programa de fortalecimiento. Esto significaría que los primeros 50kWh consumidos por un hogar tendrían un 50 por ciento  de descuento de la tarifa plena vigente, 45 por ciento para los siguientes 50 kWh y 25 por ciento  para los últimos 50 kWh consumidos.

Aunque la proyección inicial del BID con el Plan de Fortalecimiento establece aplicar 
los cambios desde el 2018, Bayardo Arce, asesor presidencial para asuntos económicos, dijo el miércoles que será algo gradual que primero discutirán con empresarios y sindicatos.

“No es que mañana o el primero de enero del 2018 se quita el subsidio o se bajó la tarifa o se subió la tarifa. No es así. Esto es un asunto de cuatro años”, dijo Arce.

En cambio, un día antes el ministro de Energía Salvador Mansell expresó en la Comisión de Economía y Presupuesto de la Asamblea Nacional que quienes gozan del subsidio no sentirán el cambio, porque como parte del programa con el BID se logrará una reducción de la tarifa eléctrica.

La diputada de la misma Comisión Económica, Azucena Castillo, dijo que la medida de retirar los subsidios le parece correcta, si eso conlleva mayor estabilidad para el sector energético de Nicaragua, sin embargo, cree que no debe meterse en el mismo bolsón a los jubilados.

“Los subsidios fueron una medida populista y eso se veía venir, que de alguna manera no era sostenible. Lo que estás haciendo es que las personas que sí pagan su energía mantengan al 70 por ciento de las personas subsidiadas”, explicó Castillo.

En los asentamientos precarios, según el BID, el subsidio tuvo un costo para el Estado de 7,62 millones de dólares en el 2016. En el caso de los jubilados, son unos 40 mil beneficiados y el costo para ese sector fue de 5 millones de dólares en el mismo año.  

El sector residencial es el más grande de los tres evaluados por el organismo financiero multilateral. En el 2016 el costo del subsidio fue de 61,38 millones de dólares en beneficio de más de 767 mil clientes.

La especialista en temas energéticos Patricia Rodríguez, explicó que la decisión no debería tener una repercusión en el trabajo que se ha hecho para reducir las conexiones ilegales.


“Como nos han mal acostumbrado durante tanto tiempo con subsidios, puede ser que las personas reaccionen así (con conexiones ilegales), pero a las personas que le van a quitar el subsidio son personas que pueden pagar la energía eléctrica”, argumentó la especialista.  Según declaró Mansell a los medios de comunicación a su salida de la Comisión Económica el pasado martes, las conexiones ilegales se redujeron en el último año de 680 asentamientos a 320.  

El presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada, José Adán Aguerri, ve poco probable que exista un incremento en conexiones ilegales, pues dentro de los componentes del préstamo de 65 millones de dólares del BID está el trabajo en esta área.

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