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viernes, 29 de diciembre de 2017

El caso Rivas Reyes.

Muchos factores gravitan alrededor del tema Rivas Reyes: políticos, diplomáticos, financieros, judiciales; son conexos entre sí y muchas personas están inmersas en ellos. Sus consecuencias son automáticas. Esta embarazosa situación procede de una suma de hechos que develan un relevante entorno del estado político nacional.
El antecedente más remoto fue una denuncia interpuesta en el Ministerio Público por tres abogados, por una injustificada importación de vehículos de lujo y otros objetos con libres introducciones en septiembre de 2000 contra el señor Rivas, quien era presidente de Coprosa y desde 1995 magistrado del Consejo Supremo Electoral. La denuncia llevó a imputarle a Rivas cargos penales en su contra, pero misteriosamente no prosperó. El contralor —ya fallecido— Guillermo Argüello Poesy aseguró que Rivas desde entonces ocultaba su Declaración de Probidad.
Establecido un silencio ante las denuncias públicas y a falta de una investigación que llevara a una acción judicial del Ministerio Público, aparentemente Rivas adquirió bienes inmuebles y muebles —públicamente informados—, dentro y fuera de Nicaragua, cuya legal posesión y dominio nunca ha sido develado en una Negativa de Bienes en el Registro Público de la Propiedad. Por tantas denuncias más los sucesivos fraudes electorales, todo explotó el viernes 15 cuando el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó a Rivas al aplicarle.
En lo sucesivo, Rivas no podrá ahorrar ni poseer cuentas en dólares en ningún banco; si los tiene y a nombre de otra persona serían investigados, develados, congelados y sancionados quienes se presten a ello. No podrá pagar en dólares y nadie puede recibírselos porque el Gobierno de EE.UU. tiene control sobre cada dólar que circula en el mundo. No podrá firmar más cheques en dólares, si el CSE tuviera cuentas en esta moneda. Si viaja será investigado en aeropuertos; no entrará a Estados Unidos y porque su nombre está asociado a delitos internacionales su situación es azarosa.
No es ilegal acumular fortunas ni que negocios sean prósperos; pero asombroso es que quien acumula tanta fortuna sea el presidente de un poder del Estado e infantil es el que asegure que su norteña hacienda de café da utilidades para comprar bienes valiosos. De situaciones como esta parte la ausencia de un Estado de derecho, que desde sus leyes impulse investigaciones a altos funcionarios por tanta corrupción denunciada. La excusa de que sin denuncia no hay investigación, como justifica un contralor de inolvidables antecedentes bancarios, es inocuo.
Esta sanción impuesta a Rivas Reyes salpica de agua hirviendo a personas y al Gobierno. Gobierno que nuevamente está conduciendo al país y a su pueblo a innecesarios riesgos, como consecuencia de esa corrupción consentida y de viradas relaciones diplomáticas hacia el este. Tal como escribió el maestro Ortega y Gasset en La Rebelión de las Masas, las denuncias contra la corrupción han sido como una multitud que protesta en el murmullo de las olas en la playa cuando estas se retiran.
El caso Rivas es más profundo; sus efectos están por conocerse, aunque sea a sotto vocce; y aunque ese silencio subyacente trate de ocultarlo resulta ser un lío para este Gobierno justamente porque desde este procede. Rivas fue solamente una pieza de un plan de dimensiones incalculables. 
Una semana después del hecho, cuando escribo este texto, los partidos políticos “acomodados y vacunados” no han expresado sus posiciones ante este aquelarre, a excepción de uno. Si Rivas puede demostrar que sus bienes han sido honestamente habidos, que lo haga y de inmediato. Caso contrario, este asunto parecerá ser el lento principio de un fin anunciado. Hay un tiempo para todo, dice el Eclesiastés.
El autor es Abogado y Notario. 

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