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sábado, 16 de diciembre de 2017

" Es una mentira los que dice la policía", afirma madre de niños asesinados.

Doña Lea Valle, madre de los niños asesinados por tropas del ejército de Nicaragua en el sector de la Cruz de Río Grande, salió al frente del comunicado de la policía nacional, al afirmar que los menores eran delincuentes. 
“Esa es una mentira lo que ellos (la Policía Nacional) están diciendo, eso es una mentira. Yo no voy a aceptar lo que la Policía dice porque es una mentira”, es lo que sostiene con voz firme Elea Valle, madre de los dos menores que murieron en la masacre a manos del Ejército de Nicaragua en la comunidad San Pablo XXII, municipio de La Cruz de
Río Grande, Caribe Sur.
La Dirección de Relaciones Públicas de la Policía Nacional, publicó una nota de prensa en la que se califica como “elementos delincuenciales” a los hijos de Valle (Francisco Alexander y Yojeisel Pérez Valle, de 12 y 16 años respectivamente) y manda a exhumar los cuerpos de las seis personas muertas en un supuesto enfrentamiento armado, pero no ordena realizar una investigación sobre la masacre.
Valle sostiene lo que ha denunciado desde que inició su lucha para recuperar los cuerpos de sus dos hijos: “Ellos (la Policía y el Ejército) sabían muy bien que no eran delincuentes, que era gente alzada en armas (los cuatro) y los dos menores ahora dicen que eran delincuentes, y que no presentan golpes en el cuerpo; qué van a saber más que yo, que siendo su madre miré donde estaban pasconeados los costaditos del niño con arma blanca y ahora se lavan las manos que no tenían golpes, que solo estaban tirados, es una mentira. Yo no les creo nada de eso”, sostiene Valle en un fuerte reclamo.
La nota de prensa de la Policía expresa es que las autoridades de esta institución entregaron los cuerpos a una comisión de pastores evangélicos y delegados de laPalabra, pero Valle aduce que fue el Ejército quien entregó los cuerpos de sus hijos a los comunitarios, debido a la insistencia de estos, y que además les dijeron que estaba prohibido que hicieran ataúdes.
También relató que al enterarse de la masacre, llegó al lugar el lunes (13 de noviembre —la masacre fue el 12 de noviembre—) por la noche y en el camino hacia la zona donde fue el supuesto enfrentamiento armado, encontró a diez oficiales del Ejército de Nicaragua. “Yo a los del Ejército sí los encontré en el camino, diez no le digo que venían, una hora faltaba todavía para llegar”, dijo.
Valle también sostiene que la Policía no hace ninguna distinción entre los menores y los cuatro adultos, a la vez que insiste en que nadie se ha comunicado con ella para que participe del proceso de exhumación.
“A mí no me ha llamado la Policía, la Policía no ha tenido conversaciones conmigo, para nada. A mis crías, a mis pobres niños, (les) dicen que son delincuentes, que salen los seis delincuentes; yo les he dicho que son cuatro y dos menores de edad que andaban viendo a su padre. ¿Por qué será que estos señores (la Policía) no entienden, no comprenden estos animales?”.
Por su parte, Álvaro Leiva Sánchez, secretario ejecutivo  de la Asociación Nicaragüense pro Derechos Humanos (ANPDH), explicó que la Policía Nacional es un órgano auxiliar del poder judicial, y no está facultada, de forma oficiosa, para hacer exhumaciones.
Para hacer lo que se manda en la nota de prensa, según Leiva Sánchez, se debería de hacer un procedimiento para pedir a un juez competente en materia penal la autorización judicial, según lo que establece el Código Procesal Penal.
“Consideramos que se está haciendo una comunicación en la cual no se está procediendo de acuerdo a lo que establece el procedimiento, es decir, respetando la Constitución, su función, visión y misión como institución (Policía Nacional) apegada a las leyes nicaragüenses”, explicó.
En el caso de la masacre de La Cruz de Río Grande, Leiva Sánchez, sostuvo que la Fiscalía tendría que haber hecho una intervención, de forma oficiosa, debido al nivel de trascendencia; sin embargo, “tenemos una Fiscalía que ha sido ciega, sorda y muda”, expresó a LA PRENSA.
De acuerdo con el Código Procesal Penal de Nicaragua, “cuando en el curso de una investigación para esclarecer la identidad o la causa de muerte de una persona sea necesario proceder a la exhumación de su cadáver, la Policía Nacional o el Ministerio Público, según el caso, solicitarán la autorización judicial correspondiente y el apoyo del Instituto de Medicina Legal para su realización. Si el proceso penal ya ha iniciado, la solicitud podrá ser planteada por cualquiera de las partes, quienes tendrán derecho a participar en la exhumación solicitada”.
De acuerdo con Álvaro Leiva Sánchez, secretario de la Asociación Nicaragüense pro Derechos Humanos (ANPDH), la nota de prensa emitida por la Policía Nacional sobre la masacre de La Cruz de Río Grande, en el Caribe Sur, es una respuesta extemporánea, y con dichas declaraciones no se llenan los vacíos o dudas que existen alrededor de los familiares, de las víctimas y la ciudadanía nicaragüense respecto al caso.
Para Leiva, la respuesta de la Policía responde a un encubrimiento de lo que verdaderamente sucedió y por eso es necesario una investigación. “Hay un interés excesivo, muy visible de que se trata de esconder o de decir los hechos verdaderos de las circunstancias reales que sucedieron alrededor de estas muertes y que verdaderamente lo que se está tratando es de penalizar y criminalizar a víctimas, como ha sido de costumbre de parte del Estado”, sostuvo.
Elea Valle asegura que logró constatar las heridas por arma blanca que tenían los cuerpos de sus hijos, contario a lo que afirma el dictamen forense de la Policía, el cual tampoco lo acepta. “Y siempre con la mentira, que dicen que fueron los médicos forenses allá (La Cruz del Río Grande), y que no presentan golpes los niños, que solo tirados (baleados) que están. Esa es una mentira, mirándolos con mis ojos personal donde están pasconeados con arma blancas en los costados del niño”, dijo Valle.





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