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jueves, 21 de diciembre de 2017

Estados Unidos aplica la ley Global Magnitsky a Roberto Rivas, presidente del Consejo Supremo Electoral.

El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó al presidente del Consejo Supremo Electoral (CSE), Roberto Rivas, como parte de un grupo de 13 personas señaladas como abusadoras de derechos  humanos y corruptos en el mundo, según un comunicado publicado la mañana de este jueves.
La sanción se ha impuesto en el marco de la ley Global Magnitsky, la cual autoriza al presidente de Estados Unidos a  imponer sanciones como cancelar visas, congelar bienes y activos a personas extranjeras responsables de graves violaciones a los derechos humanos  y a funcionarios asociados a casos de corrupción.
De hecho, según el documento oficial en el que se menciona la sanción a Rivas, un aliado del presidente Daniel Ortega,  los EE.UU. están tomando una decisión firme. “El Tesoro está congelando sus activos y denunciando públicamente los atroces actos que han cometido, enviando un mensaje de que hay un alto precio para pagar sus fechorías “, dijo el Secretario del Tesoro, Steven T. Mnuchin.
Seis congresistas y cuatro senadores solicitaronel primero de diciembre que Rivas, y el vicepresidente de Albanisa, Francisco López Centeno, fuesen sancionados.  El nombre del magistrado electoral y del tesorero del FSLN han estado vinculado a escándalos de corrupción en los últimos años.
Según la comunicación oficial, que puede leerse en el sitio del Departamento del Tesoro,  se dice lo siguiente de Rivas: “Como presidente del Consejo Supremo Electoral de Nicaragua, con un salario gubernamental reportado de $ 60,000 por año, Roberto José Rivas Reyes (Rivas) ha sido acusado en la prensa de acumular una riqueza personal considerable, que incluye propiedades múltiples, aviones privados, vehículos de lujo y un yate.  Rivas ha sido descrito por un Contralor General de Nicaragua como “por encima de la ley”, y las investigaciones sobre su corrupción han sido bloqueadas por funcionarios del gobierno nicaragüense. También ha perpetrado un fraude electoral que socava las instituciones electorales de Nicaragua”.
Estados Unidos además señala  que “como resultado de las acciones de hoy, todos los activos dentro de la jurisdicción de los EE. UU. De las personas y entidades incluidas en el Anexo a la Orden o designados por OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros) están bloqueados, y las personas de los EE. UU. Generalmente tienen prohibido realizar transacciones con ellos”.
La congresista republicana Ileana Ros-Lehtinen se pronunció sobre esta decisión. “Me alienta que la administración (Trump) esté tomando medidas decisivas en apoyo al pueblo de Nicaragua, pero este debe ser el primer paso en lugar del último. Espero que en la próxima ronda de sanciones, la administración designe a López por su papel en la erosión de las instituciones democráticas en Nicaragua y por sus violaciones de los derechos del pueblo nicaragüense”, dijo.
“Global Magnitsky es solo una herramienta que la administración puede usar para reducir los abusos contra los derechos humanos en Nicaragua y hacer que el régimen de Ortega rinda cuentas. A principios de este año, la Cámara aprobó otra medida, un proyecto de ley que yo redacté, la Ley NICA, que proporcionaría una herramienta más para que la administración cumpla con estos objetivos. Insto a mis colegas en el Senado a que tomen esta medida y la envíen al escritorio del Presidente para que podamos enviar un poderoso mensaje a Ortega y sus compinches de que no se permitirá que estos abusos continúen sin consecuencias “, dijo Ros-Lehtinen.
La resolución del Ejecutivo estadounidense fue celebrada por el senador republicano Ted Cruz, quien felicitó también a la administración Trump por prestar atención a “mi llamado mi llamado a sancionar a Roberto Rivas, presidente del Consejo Supremo Electoral de Nicaragua. Rivas ha abusado de su poder para socavar sistemáticamente las instituciones electorales y los derechos de todos los nicaragüenses”.
Según la agencia informativa EFE, los otros sancionados son Julio Antonio Juárez Ramírez, parlamentario de Guatemala, y el empresario dominicano Ángel Rondón Rijo.
EE.UU acusó a Juárez de contratar a un sicario para asesinar a un periodista en Guatemala y a Rondón por su participación en la red de sobornos creada por la empresa brasileña Odebrecht para la concesión de obras públicas.

El secretario de Estado, Rex Tillerson, remarcó en una nota paralela que “debemos liderar con el ejemplo, y las acciones de hoy muestran que EE.UU. continuará buscando consecuencias tangibles y significativas para aquellos que cometan graves violaciones de derechos humanos”.

También son objeto de estas sanciones, según EFE,  el ex presidente de Gambia Yahya Jammeh (1994-2017), señalado por ordenar el asesinato y tortura de opositores, y el robo a gran escala de las arcas públicas, y al jefe militar birmano Maung Maung Soe, responsable de “limpieza étnica” de la minoría musulmana rohingya.

Igualmente están en la lista Gulnara Karímova, hija del exdictador uzbeko Islam Karímov, por malversación y desfalco de fondos públicos, y Artem Chayka, el hijo del fiscal general de Rusia, por corrupción en la concesión de licitaciones públicas.

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