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lunes, 4 de diciembre de 2017

Honduras intenta retornar a la normalidad tras crisis postelectoral.

Tegucigalpa/Honduras amanecían vacías y tranquilas luego del toque de queda declarado la noche del viernes por el Gobierno del presidente Juan Orlando Hernández, que tiene vigencia durante diez días y cuyo propósito es intentar normalizar al país.

San Pedro Sula, la capital industrial de Honduras, respiraba una especie de tensa calma y cuadrillas municipales retiraban suciedad y escombros ocasionados por las protestas violentas de opositores, airados por el atraso en los resultados electorales y un supuesto fraude aún no comprobado.
Al menos 50 personas fueron detenidas en la zona comercial de esta urbe por "alterar el orden y cometer delitos", según un comunicado de la Policía Nacional. La terminal de transporte público permanecía cerrada, pero es probable que después del mediodía reanudara el servicio, según la prensa local.
La violencia en todo el país ya deja tres muertos, más de un centenar de detenidos, una decena de heridos y varios comercios saqueados.
El decreto de toque de queda fue promulgado la noche del viernes luego de tres días, y entró en vigencia desde las 11 de la noche hasta la 6 de la mañana del sábado, y continuará durante los restantes 9 días entre 6 de la tarde y 6 de la mañana.
El decreto fue leído en cadena nacional de radio y televisión por el coordinador de Gabinete de Gobierno, Juan Ramón Hernández.
Los hondureños no podrán salir a las calles durante el horario establecido. Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional podrán detener al que lo incumpla o que sea sospechoso de haber causado daño a otras personas o bienes.
Controversia
Seis millones de hondureños estaban convocados este 26 de noviembre para elegir a presidente y vicepresidente, 128 diputados al congreso nacional, 20 diputados al parlamento centroamericano, 298 alcaldes y la misma cantidad de vicealcaldes, así como 2.092 regidores.
No obstante, el conteo final de resultados una semana después sigue sin concluir, alegando inicialmente el presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), David Matamoros Batson, retrasos en la llegada del material físico que contenía una parte de las actas provenientes de las Mesas Electorales Receptoras (MER).
Con el 94,35% de los votos escrutados, el actual mandatario Hernández y candidato del Partido Nacional, obtiene el 42.92% de los votos; seguido de Salvador Nasralla, candidato del izquierdista Partido Alianza de Oposición con el 41.42% de los sufragios; según el TSE.
De lejos les sigue Luis Zelaya, del Partido Liberal, con el 14.75% de los votos. En números reales, Orlando tiene 1.333.264 sufragios, Nasralla 1.286.572 y Zelaya con 458.289.
La atención se centra ahora en otras 1.030 actas equivalentes al 5.65% del total, sobre las cuales hay dudas o inconsistencias, y el Tribunal desea hacer el conteo con observadores internacionales y de los principales partidos políticos, pero la Alianza se negó el viernes a participar.
No obstante, Nasralla insiste en que son 5.200 las actas que le favorecen y que no han sido contabilizadas, por lo tanto alega fraude.
“Matamoros quiere revisar las mil que tiene en su poder, declarar ganador a Juan Orlando y que después nosotros vayamos con las 5.200 actas a los Tribunales de Justicia como en 2013 para que las impugnaciones nos digan que no o que no nos contesten”, declaró Nasralla.
Las denuncias de fraude de Nasralla y su partido han quedado en el discurso, al no presentar un conteo final paralelo de sus propias actas, pero el atraso el TSE en declarar al ganador ha sembrado la duda y el enojo en quienes desde antes del 26 han cuestionado el proceso electoral.
El viernes se reprodujeron nuevos incidentes en distintos puntos de Tegucigalpa, sobre todo en las inmediaciones del Instituto de Formación Profesional, convertido en un fortín donde se recibían y custodiaban las boletas electorales.
En todo el país, más de un centenar de personas fueron detenidas en flagrancia por delitos como robo, asociación ilícita y daños, según indicó esta institución en su cuenta de Twitter.
La Policía mostró fotos de agentes heridos durante las operaciones y aseguró que el saqueo de comercios puede ser castigado con más de 30 años de cárcel.
En la capital, también se registraron ataques a negocios y bloqueos de carreteras.
La crisis ha ocasionado un desabastecimiento de combustible en ciertas zonas que "puede extenderse en muy corto plazo a nivel nacional", según advirtió la Asociación Hondureña de Distribuidores de Productos del Petróleo.
La Federación de Cámaras de Comercio e Industria de Honduras rechazó los actos de violencia y destrucción que en un “ambiente de anarquía” han cometido grupos de personas en diferentes partes del país.
El proceso electoral ha sido cuestionado porque la Carta Magna de Honduras no lo permite, pero un fallo del poder judicial de mayo de 2015 dejó abierta la posibilidad, lo que también rechaza la oposición bajo el argumento de que al Supremo no le compete el tema y también ha violentado la ley.
Observadores internacionales como la Organización de Estados Americanos (OEA) pidieron al Tribunal Supremo Electoral que no declarase vencedor hasta procesar todas las actas. La OEA, además, insistió en la necesidad de que, una vez finalizado el escrutinio, el TSE dé "a los partidos políticos la posibilidad de presentar impugnaciones", las cuales deben ser atendidas de "forma imparcial en un plazo razonable y siguiendo el debido proceso".

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