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miércoles, 27 de diciembre de 2017

La corrupción vuelve a señalar un año que termina.

Por Emilio Ortega/ Diario Las Amèrica - El año 2017 denota la existencia de la corrupción –ya como epidemia o metástasis– en América Latina, donde el fenómeno ha devenido en una práctica común entre gobernantes y políticos que, según convenga, cambian de camiseta de manera circunstancial, bien hacia la derecha, el llamado centro o la decadente izquierda o hacia lo que haga falta.

En Perú el Congreso acaba de intentar la “destitución exprés” del presidente Pedro Pablo Kuczynski, que fue acusado del abstracto concepto de “incapacidad moral permanente”, por ocultar contratos de la brasileña –y ya célebre– Odebrecht con una empresa suya entre 2004 y 2007, cuando era ministro del Gobierno. La fragmentación de la oposición en el seno del cuerpo legislativo peruano impidió que se fraguara la moción de censura o lo que algunos prefieren llamar “impeachment”.

Horas después el presidente Kuczynski indultaba al expresidente Alberto Fujimori, condenado a varios años de prisión por delitos de lesa humanidad y otros agravantes.

Argentina: En el país austral, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015) está a punto de ser juzgada por “presunta” asociación ilícita, lavado de dinero y administración engañosa.

En paralelo, un juez de su país la procesó y pidió su desafuero como senadora para poder detenerla por “traición a la patria”, lo que la exmandataria califica de “causa inventada” y de “persecución política contra el kirchnerismo”.

Brasil: En el gigante del sur, luego del proceso que destituyó a presidenta Dilma Rousseff (2011-2016), se confirmó el padecimiento que vive Latinoamérica. Su colega, el expresidente más popular del país, Luiz Inacio “Lula” da Silva (2003-2010), fue condenado el pasado 13 de julio a nueve años de cárcel por los delitos de “corrupción pasiva y blanqueo de capitales”, una sentencia que ha recurrido con el fin expreso de dar riendas a su pretensión de presentarse en las elecciones presidenciales de 2018, lo que ha evitado su ingreso en prisión.

Por otra parte, el presidente Michel Temer, sucesor de Rousseff, ha estado asediado igualmente por acusaciones de “presunta” corrupción pasiva, solicitar recursos para financiar irregularmente campañas políticas de su partido cuando era vicepresidente, asociación delictiva y uso de sobornos a cambio de concesiones y contratos que le beneficiaban. Pero, una y otra vez, Temer fue absuelto.

Perú: Además del escándalo que casi le cuesta la presidencia a Kuczynski, supimos que el expresidente Ollanta Humala (2011-2016) y su esposa Nadine Heredia encabezaban una organización criminal dedicada al lavado de activos, “beneficiándose con fondos que financiaron las campañas electorales de 2006 y 2011 del Partido Nacionalista Peruano”, según los denunciantes.

Ambos fueron detenidos con un dictamen de prisión preventiva por 18 meses, mientras son investigados. En concreto, se les acusa de recibir millones de dólares de coimas de la mencionada constructora brasileña Odebrecht para financiar su campaña.

De hecho, el director general de la constructora, Marcelo Odebrecht –que acaba de salir de la cárcel luego de tres años recluido–, declaró que entregó tres millones de dólares para la campaña de Humala.

Panamá : El expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014) continúa detenido en Miami y aguarda ser extraditado a su país para enfrentar cargos de corrupción por “supuestos” sobrecostos que sumaron unos 45 millones de dólares y fomentar una red espionaje contra sus opositores y críticos.

Mientras tanto, Martinelli asegura que “todo es parte de una venganza política”. El fardo de cargos es bien pesado y no pocos se preguntan por qué permanece aún en suelo estadounidense.

El Salvador: Para los salvadoreños la corrupción también figura entre los problemas más graves que afronta el país, según una encuesta publicada por El Diario de Hoy.
El expresidente Mauricio Funes (2009-2014) fue declarado culpable de enriquecimiento ilícito y ordenado a retribuir al Estado salvadoreño unos 206.660 dólares.

Su hijo Diego Funes Cañas también fue declarado culpable de una acusación similar y condenado a devolver 212.484 dólares al arca pública salvadoreña. No obstante, ambos acusados alegan “persecución política” y se encuentran en Nicaragua, protegidos por el Gobierno de Managua.   La sentencia expresa, además, que el exmilitante del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) está inhabilitado por 10 años para ejercer cualquier cargo público.

Chile: Al parecer, la presidenta de Chile, Michelle Bachelet (2006-2010 y 2014-2018), que pronto entregará la jefatura al recién electo Sebastián Piñera, que también fue presidente antes (2010-2014), fue nombrada en la lista negra de The Washington Post por su presunta vinculación en la trama de fraude fiscal en la que estuvieron envueltos su hijo Sebastián Dávalos y su esposa, Natalia Compagnon.

Colombia: Del presidente Juan Manuel Santos, una magistrada asegura que existen “motivos fundantes” (motivos suficientes) para investigarlo y presentar cargos en su contra por el supuesto ingreso de dinero procedente de Odebrecht para su campaña presidencial. Santos dijo ser “el primer interesado en que se llegue hasta el fondo de este asunto y quede absolutamente claro”.

Ecuador: Aliado confeso de los regímenes de Cuba y Venezuela, a Rafael Correa (2007-2017) también le saltó una liebre. El expresidente ecuatoriano figura como propietario de una sociedad inscrita en un paraíso fiscal, junto con su hermano, Fabricio Correa, que salió a la luz durante el escándalo Panama Papers. Sin embargo, el intento por enjuiciarlo ha sido fallido, al menos hasta hoy.

Entretanto, la corrupción da muestras de haber impactado en lo más alto de la nación andina, tras la investigación y condena del vicepresidente Jorge Glas (que también lo fue de Correa), recluido en prisión por su relación con los multimillonarios pagos de Odebrecht.  Costa Rica: El presidente Luis Guillermo Solís asegura que hay 14 casos de corrupción atribuidos a la administración de su antecesora, Laura Chinchilla (2010-2014), entre los que resaltan el extravío de 117 vehículos inscritos en el Registro Nacional a nombre de la Casa Presidencial.

La denuncia menciona “contratos millonarios de arrendamiento de edificios de lujo”, y “pagos abusivos” de horas extra en ministerios y la Presidencia. Y lo que es asombroso, pero no sorprendente, el “pago de pensiones a personas muertas”, y las “contrataciones multimillonarias para organizar festivales y ferias”.

Venezuela y compañía: ¿Cómo logran Maduro, Raúl Castro y Daniel Ortega para no ser inculpados por algún tribunal? aun cuando se les consideran los tres gobernantes más corruptos y licenciosos de este hemisferio.

La salida de Venezuela de la fiscal general Luisa Ortega, antes chavista convencida, ha permitido conocer algunos de los turbios manejos de Maduro y sus allegados en los desfalcos de PDVSA, en la trama de Odebrecht, en operaciones sucias para la compra de alimentos y la construcción de viviendas, y en las diversas y continuas operaciones con el Gobierno cubano.

La oposición sostiene que “la corrupción reina impune” en la gestión de Daniel Ortega, en cuyos informes de gobierno no aparece esa palabra ni por equivocación. El ex procurador nicaragüense Alberto Novoa denunció que “la falta de investigación de las denuncias de corrupción refuerza la percepción de que en el país se cometen actos de esa naturaleza”.

En Cuba, donde los Castro han hecho y deshecho con el amparo del poder militar, el fenómeno de la corrupción es tan epidémico que hoy hasta al ciudadano común le resulta imposible evitar el contagio. La cantidad de automóviles, casas, haciendas, embarcaciones, cargos y viajes de recreo obsequiados por la longeva dinastía resulta tan incalculable como imposible de cuantificar ni de probar, en la gran mayoría de los casos por los maquiavélicos mecanismos creados y utilizados por el jerarca mayor, 

Fidel Castro, a lo largo de su extensa historia como “máximo líder” de la que en este momento es una de las naciones más empobrecidas del continente, a pesar de los miles de millones de dólares invertidos por los dirigentes de la desaparecida Unión Soviética y del también extinto “campo socialista” para mantener al “satélite caribeño”.

Fidel y Raúl convirtieron en un “bebé de teta” a aquel no menos célebre presidente cubano, José Miguel Gómez (1909-1913), a quien apodaron “tiburón que se baña y salpica”, por sus conocidos manejos oscuros en el ejercicio del poder.

Pero ahí están los tres. Maduro, Ortega y Castro resisten y son inmunes –hasta hoy- a cualquier cuestionamiento, menos al de la Historia, que sin dudas los juzgará y los situará en el lugar exacto que les corresponde. Ya empiezan a verse algunas de las puntadas y costuras ocultas del “tiburón mayor”, que se fue pensando: “después de mí el diluvio”, la famosa frase atribuida a Luis XV en los últimos años de su vida, cuando el descontento popular presagiaba un fuerte estallido social en Francia. Como en efecto ocurrió.

En Nicaragua la oposición sostiene que “la corrupción reina impune” con la gestión de Daniel Ortega, mientras en Cuba el fenómeno de la corrupción, al amparo del poder militar, logra socavar la raíces de la sociedad cubana.
México: El más reciente informe de Transparencia Internacional coloca a México en la primera posición del informe ‘Las personas y la corrupción: América Latina y el Caribe’.


Según la encuesta, que se realizó en 20 países de la región y tuvo en cuenta las respuestas de unos 22.000 ciudadanos, el índice de México denota que altos funcionarios públicos y líderes empresariales están involucrados en escándalos de sobornos, malversación y tráfico de influencias, entre otros.

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