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viernes, 22 de diciembre de 2017

Hagamos Democracia demanda la Renuncia del Magistrado Electoral Roberto Rivas.

Este 20 de diciembre se ha conocido la nueva orden ejecutiva emitida por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por medio de la cual aplicando la Ley Global Magnitsky se incluye al magistrado Presidente del Consejo Supremo Electoral de Nicaragua Roberto Rivas Reyes en una lista de personas a quienes el presidente de la nación norteamericana procederá a cancelar sus visas y bloquear sus bienes y activos por estar involucrados en flagrantes violaciones a los derechos humanos y actos de corrupción.

Ante tal situación, Hagamos Democracia como organización de la sociedad civil que promueve la transparencia y anticorrupción, así como la rendición de cuentas en el ejercicio de la función pública expresa lo siguiente:

Demandamos la renuncia a lo inmediato del magistrado Roberto Rivas, por considerar que no puede estar al frente de un poder del Estado un ciudadano que abiertamente ha avalado todos los procesos electorales fraudulentos que desde el 2008 se vienen realizando en el país y hoy es sancionado por el gobierno de los Estados Unidos que lo considera un corrupto y violador de los derechos humanos.

El magistrado Rivas Reyes por dignidad y respeto a la nación debe someterse sin ningún tipo de privilegios a las autoridades pertinentes, por lo cual instamos al Ministerio Público de Nicaragua y la Policía Nacional a iniciar cuanto antes un proceso de investigación por los actos de corrupción que se presumen ha cometido.

Así mismo instamos a los diputados de la Asamblea Nacional a colaborar en lo que a ellos respecta para que en caso de ser encontrado culpable, hacer efectiva la destitución y pueda ser juzgado conforme a las leyes del país sin dilaciones ni prerrogativas.

La lucha contra la corrupción ha de ser permanente y desde esta perspectiva, compete a todos los ciudadanos nicaragüenses denunciar a los funcionarios corruptos y exigir su destitución. No se puede ni debe tolerar la presencia en cargos del Estado de quienes utilizan el poder para lucrarse del dinero del pueblo.


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