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sábado, 23 de diciembre de 2017

Sanciones de EEUU apuntan a Nicaragua.

Miami Florida EEUU/ Por Judith  Flores - El congelamiento de cuentas bancarias y bienes, así como la imposibilidad de realizar transacciones comerciales y financieras con ciudadanos estadounidenses constituyen las principales implicaciones que afrontan un total de 13 individuos que acaban de ser sancionados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos a través de Global Magnitsky Human Rights Accountability Act, cuyo fin es sancionar a personas o entidades involucradas en actos de corrupción, o abusos de derechos humanos.

Entre los sancionados figura el presidente del Consejo Supremo Electoral de Nicaragua, Roberto Rivas.  Seis congresistas y cuatro senadores solicitaron el primero de diciembre la inclusión de Rivas entre los sancionados. Las sanciones además incluyen la revocación de visas o la prohibición de ingreso a Estados Unidos. De los 13 sancionados, tres son latinoamericanos. Rivas es el segundo de la lista de 13 implicados.

"Como presidente del Consejo Supremo Electoral de Nicaragua, con un salario gubernamental reportado de $ 60,000 por año, Roberto José Rivas Reyes (Rivas) ha sido acusado en la prensa de acumular una riqueza personal considerable, que incluye propiedades múltiples, aviones privados, vehículos de lujo y un yate.

Rivas ha sido descrito por un Contralor General de Nicaragua que actúa "por encima de la ley", las investigaciones sobre sus (actos de) corrupción han sido bloqueadas por funcionarios del gobierno nicaragüense. También ha perpetrado fraude electoral que socava las instituciones electorales de Nicaragua", dice la comunicación publicada por el Departamento del Tesoro.

Antonio Juárez Ramírez, congresista guatemalteco, es de los latinoamericanos mencionados en última ronda de sancionados de la Ley Magnitsky. Juárez Ramírez está “acusado de ordenar un ataque en el que dos periodistas fueron asesinados y otro herido. Los fiscales guatemaltecos y una comisión auspiciada por la Organización de Naciones Unidas (ONU), que investiga la corrupción en Guatemala alegan que Juárez contrató sicarios para matar al corresponsal de Prensa Libre, Danilo Efraín Zapan López, cuyo informe había dañado el plan de Juárez de postularse para la reelección. 

También el periodista Federico Benjamín Salazar de Radio Nuevo Mundo, murió en el ataque y es considerado una víctima colateral. Otro periodista resultó herido en el ataque”, revela la disposición del Departamento del Tesoro.

Igualmente está incluido Ángel Rondón Rijo, hombre de negocios y cabildero, políticamente conectado en la República Dominicana que canalizó dinero de la empresa constructora brasileña Odebrecht, a funcionarios dominicanos, quienes a su vez otorgaron proyectos a Odebrecht para construir carreteras, represas y otras obras.

Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Odebrecht es un conglomerado de construcción global con sede en Brasil que se ha declarado culpable de conspiración para violar las disposiciones antisoborno de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero y aceptó una multa penal de $ 4. 500 millones. En 2017, Rondon fue arrestado por las autoridades dominicanas y acusado de corrupción por los sobornos.

La comunicación del Departamento del Tesoro, explica que, como resultado de las sanciones anunciadas, todos los activos de los incluidos dentro de la jurisdicción de los Estados Unidos (personas o entidades) están bloqueados, y los estadounidenses tienen prohibido realizar transacciones con los implicados.

"Hoy, Estados Unidos está tomando una posición firme contra el abuso de los derechos humanos y la corrupción en todo el mundo al excluir a estos actores malos del sistema financiero de los Estados Unidos. El Departamento del Tesoro está congelando sus activos y denunciando públicamente los atroces actos que han cometido, enviando un mensaje de que hay un alto precio para pagar sus fechorías ", declaró el secretario del 
Tesoro, Steven T. Mnuchin.


En el caso de Rivas, protegido del cardenal Miguel Obando y Bravo, ha sido acusado de enriquecimiento ilícito al amparo de los fondos del estado, y de fraguar cinco fraudes electorales a favor del régimen del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, que mantiene control sobre las instituciones del estado y las fuerzas armadas en Nicaragua.

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