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martes, 16 de enero de 2018

Ex presidenta de Costa Rica Laura Chinchilla declara non grato a Roberto Riva.

Por Josué Bravo / Corresponsal de La Prensa en Costa Rica/ Laura Chinchilla fustiga a Roberto Rivas: “No queremos ese tipo de huéspedes en nuestro territorio”. A la expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, le sorprende la dulce vida que Roberto Rivas se da en Costa Rica.

Sus fastuosos banquetes y el lujoso grupo de propiedades que por sí solo constituye un complejo habitacional dentro del exclusivo condominio Eco Residencial Villarreal sobrepasan los límites de ingreso de cualquier alto funcionario de Nicaragua y Costa Rica, según la exmandataria.

El Ministerio Público costarricense abrió una causa penal de oficio por el supuesto delito de legitimación de capitales, una vez que conoció de las sanciones de Estados Unidos por corrupción y violación de derechos humanos, en contra del magistrado presidente del Consejo Supremo Electoral (CSE) nicaragüense.

Rivas Reyes y su esposa Ileana Delgado Lacayo son miembros de la sociedad Chibilu del Oeste SA, por medio de la cual el magistrado adquirió casas de lujo en este condominio ubicado en Santa Ana, San José. En esas han vivido su familia y dos hijos de Daniel Ortega, Maurice y Laureano Ortega Murillo. Las cuatro residencias, según publicó el diario La Nación, en el año 2009, miden 2,441 metros cuadrados y estaban en una propiedad de 3,514 metros cuadrados.

Según el Registro Público, citado en ese año por La Nación, dicha sociedad posee otro lote de más de 1,500 metros cuadrados en el mismo condominio “con una casa de una planta en proceso de construcción”.  Una casa como la ubicada en este segundo lote puede costar unos dos millones de dólares al valor del mercado actual, de acuerdo con conocedores de bienes raíces.

Chinchilla inició su carrera de funcionaria como pasante en la embajada de Costa Rica en Washington, a finales de la década de 1980. Fue viceministra de Seguridad entre 1994-1996 y ministra de Seguridad entre 1996 y 1998; durante el gobierno de José María Figueres Olsen.  Fungió como diputada de la Asamblea Legislativa por el Partido Liberación Nacional en el período 2002-2006, vicepresidenta y ministra de Justicia durante una parte del segundo mandato de Óscar Arias Sánchez (2006 -2008), cargo al que renunció para asumir la candidatura que la convirtió en la primera mujer de su país en ser presidenta (2010-2014).

Chinchilla advierte que su casa no tiene grandes acabados. Su área constructiva es un poco más de 300 metros cuadrados. De hecho, la sala de trabajo donde recibió a LA PRENSA no es muy grande, tiene una pequeña mesa de reuniones, un sofá ubicado frente a una pantalla de televisión, dos sillas adicionales y un mueble de pared en el que sobresalen algunos libros, retratos y pequeñas obras de arte.

¿Cómo es vista en Costa Rica una persona como Roberto Rivas?

Tampoco es que sea un tipo muy conocido. Él se ha movido en círculos mucho más cerrados, pero quienes de alguna manera estamos también en contacto con sus círculos y con los políticos, con diplomáticos y demás, pues sí claro que llama poderosamente la atención.

Mire que usted me está entrevistando aquí en mi casa, en el barrio precisamente donde se ha reportado que él posee cuatro residencias, además se ha informado son residencias que pueden significar dos o tres veces más grande que la casa que aquí yo habito; y habiéndome yo también dedicado por casi 20 años al servicio público, todavía estoy pagando la hipoteca de una casa que no llega a tener la extensión ni de una tercera parte de una de las cuatro casas de él.

De manera que llama poderosamente la atención cómo un funcionario, hasta donde yo entiendo los ingresos que perciben los funcionarios nicaragüenses son muy similares a los de Costa Rica, puede ser capaz de acumular un patrimonio de esa magnitud.
Y eso es solo lo que tiene en Costa Rica invertido, tendrá en otros países más inversiones, de manera que llama muy poderosamente la atención. 

Yo creo que por esa misma razón es que tiene que haber dudas bastante razonables y la Fiscalía de Costa Rica decidió investigar de manera oficiosa a partir de las notificaciones públicas que hizo el Gobierno de Estados Unidos por medio del Departamento del Tesoro.

¿Es incómodo para Costa Rica tener un huésped cuestionado como el señor Roberto Rivas?

Nosotros no queremos aquí tener gente que venga a lavar activos. A esos nadie los quiere tener, no nos interesa. Desgraciadamente tengo que reconocer que no debe ser el único en tema de lavado de activos (que llega a Costa Rica), que es el problema que en este momento está agobiando a muchos países a nivel internacional y especialmente en nuestros países asociados al narcotráfico. Claro que no queremos ese tipo de huéspedes en nuestro territorio, así que confiamos en que esas investigaciones sigan a buen puerto.

¿Es toda una contradicción que Roberto Rivas, que les niega el derecho a la libre elección a los nicaragüenses, venga a disfrutar de los beneficios de la democracia en este país?

Sí. Así ha ocurrido no solamente con él, así ha sido con la familia del presidente (Daniel) Ortega. Han logrado sin lugar a dudas disfrutar de condiciones que la mayoría de gente en su propio país no disfruta, pero bueno, en el fondo ellos son los privilegiados de Nicaragua.

De manera que quienes podrían valorar precisamente lo que es no gozar de esas mejores condiciones que debería tener Nicaragua, son personas que no necesariamente son las que están aquí, como son periodistas que son perseguidos, activistas a quienes se les agrede, como lo hemos visto en los últimos meses.

Muchos nicaragüenses se han acostumbrado a convivir con un sistema de justicia corroído. ¿Pueden en este caso confiar en la independencia del poder judicial costarricense?

No hay garantía de independencia en Nicaragua. Cuando uno ve que la Corte Suprema de Justicia está conformada por miembro del sandinismo, pues no se puede garantizar que haya independencia judicial.

¿La justicia costarricense actúa de manera independiente en este caso?
Yo sí podría decirles a ustedes que no me cabe duda de que las intenciones serán las mejores, desde el punto de vista de llegar a la verdad de los hechos.

Aquí por supuesto que el reto mayor es garantizarse el acceso a la prueba material que logre confirmar, y cuando hablamos de delito de lavado sabemos, que el gran reto que siempre tienen las autoridades judiciales es confirmar precisamente los hechos que se presumen. Pero que habrá la intención, que habrá la neutralidad y la honestidad necesaria para llevar el caso adelante, yo no tengo la menor duda que así será.
¿Debería Costa Rica colaborar con Estados Unidos, en caso que este país así lo requiera?

Estoy segura que ya eso debe estar pasando, entre otras cosas. Costa Rica para haber actuado como actuó, estoy segura que han solicitado como mínimo ya un conjunto de información en los Estados Unidos para poder sustentar la investigación. Estoy seguro que esa cooperación se va a dar.

¿Qué pasa en estos casos con bienes de personajes como él, que recibió una sanción de Estados Unidos y ya es investigado por este país?

Costa Rica tiene un sistema legal bastante garantista. Aquí no tenemos todavía la figura de extinción de dominio que ya prevalece en otros países, de manera que hay que esperar a que avance la investigación y cuando ya se logra formalizar una acusación, se puede por lo menos recurrir a la figura del decomiso, que es un congelamiento temporal de los bienes que se presume son objeto o son producto del lavado, para que una vez que haya sentencia en firme, esos bienes queden ya definitivamente comisados.

Es decir, el Estado se los deja y se despoja a la persona de los mismos, pero claro que se requiere avanzar en todo un proceso complejo, pero también lleno de garantías. Yo también presumo que si él tiene esa fortuna, estará contratando abogados muy experimentados para su defensa.

Costa Rica forma parte también de tratados y convenios de legitimación de capitales que establece procedimientos. ¿Cómo se manejan en este caso?

Los procedimientos son bastante estándar, no tenemos algunas figuras como la extinción de dominio, pero sí opera la figura del decomiso y comiso de bienes, pero tiene que avanzarse en una etapa donde ya se proceda con la acusación. Ahora el caso está en una investigación inicial.

Al magistrado Roberto Rivas, presidente del Consejo Supremo Electoral (CSE), se le cancelarían sus cuentas bancarias y le devolverían el dinero de estas, como procedimiento del sistema financiero del país debido a la sanción del gobierno de Estados Unidos, según informó el presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), José Adán Aguerri.

Debido a que no existe en el país un proceso judicial contra Rivas, en el que a las instituciones financieras se les ordene congelar los activos, los bancos realizan un proceso distinto.

“Hasta donde funciona el sistema (financiero) a la persona se le cancela la cuenta y se le entregan sus recursos. Cuando hay una acusación judicial efectivamente te hacen este tipo de congelamientos, se pide dentro del proceso judicial. La Fiscalía solicita que se congelen las cuentas para poder revisar esto. En este caso del señor Rivas es distinto el proceso, lo que aparece es en una lista”, explicó Aguerri.

El representante del sector privado agregó que desconoce si a la esposa e hijos del sancionado también se le cancelarían sus cuentas bancarias, pues ellos no son parte de la lista de sancionados de la Ley Global Magnitsky.

El viernes pasado, durante el programa “IV Poder” el presidente del Cosep, dijo que Rivas debe renunciar a su cargo, “yo creo que efectivamente le conviene no solo al Consejo (Supremo Electoral), sino al país que el magistrado Rivas renuncie”.

Roberto Rivas fue sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, bajo el marco de la Ley Global Magnitsky, por corrupción y violación de derechos humanos.

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