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sábado, 20 de enero de 2018

‘Libro Blanco’ del Gobierno es para “justifica juicios sumarios extrajudiciales del régimen de Ortega".

El “Libro Blanco” del Ejército de Nicaragua y la Policía Nacional, presentado esta semana en la sede de la Cancillería de la República, no recoge en el historial delictivo la masacre de la Cruz de Río Grande, en la que los dos hijos menores de edad de la campesina Lea Valle fueron asesinados por efectivos militares.

La publicación de las instituciones resalta “la incidencia de elementos delincuenciales en Nicaragua” durante “el período 2007-2017”. Sin embargo calla sobre la muerte de los niños a quiénes las mismas autoridades tildaron de “elementos delincuenciales” sin ofrecer pruebas. 

El “Libro Blanco”, presentado a cuerpo diplomático acreditado en Managua, celebra que “la delincuencia no es el problema más importante” del país; de inmediato señala que tampoco el narcotráfico ha logrado consolidarse. “No existen cárteles, células, bases y pistas clandestinas del narcotráfico, no existen maras o pandillas”, enumeran.

Pero luego sostiene que en “a partir del año 2007 pobladores y productores de los sectores fronterizos con Honduras, particularmente en la microrregión de Ayapal y del municipio de La Cruz de Río Grande, denunciaron ante las autoridades sentirse amenazados y atemorizados por la presencia de delincuentes de alta peligrosidad quienes estaban utilizando armas de fuego, llevando a cabo asesinatos, extorsión, abigeato, robo con intimidación, secuestro, lesiones graves, daños agravados, cultivo y comercialización de drogas y crimen organizado”. 

En ese mismo periodo aparecieron los denominados grupos armados por razones políticas contra el gobierno del comandante Ortega. Gabriel José Garmendia Gutiérrez, alias “Yahob”, fue uno de los primeros campesinos que se rebelaron. Sin embargo, este libro blanco lo incluye en la lista de “elementos delincuenciales” dados de baja.

Junto a “Yahob” son mencionados otros quince “elementos”, entre quienes destacan Enrique Aguinaga, alias comandante “Invisible”, Saúl Palacios Navarrete, Francisco Reyes “Cinco Pinos”, a quienes las autoridades les imputan una serie de asesinatos, secuestros y extorsiones.

El “Libro Blanco” expone fechas y nombres de víctimas y afectados por los “elementos delincuenciales”, pero no aporta mayores pruebas de sus fechorías, como investigaciones policiales o judiciales.

Otro de los “elementos delincuenciales” es Rafael Dávila Pérez, comandante Colocho, quien fue asesinado por una tropa del Sexto Comando Militar Regional la madrugada del 12 de noviembre de 2017. En ese embosque estaban los hijos de la campesina Lea Valle y su esposo Francisco, quien también era alzado en armas contra el gobierno de Ortega.

Sin embargo, el “Libro Blanco” no hace referencia a la masacre ni a los menores, cuyos cuerpos todavía no han sido entregados a su madre, pese a su clamor. “Ignorar los ruegos de esa madre es irrespetar su dolor y su humanidad”, afirma un llamamiento publicado este jueves por el Grupo de los 27, conformado por intelectuales, políticos y miembros de la Sociedad Civil, que reclaman la restitución de la institucionalidad democrática al país.

El Grupo de los 27 reclama que las autoridades “no explican” las circunstancias ni razones para terminar con la vida de “los seis nicaragüenses, incluidos los dos menores de edad”.

“Estamos conscientes de que se publicó un Libro Blanco en el que se habla de estas acciones, dicen ellos, delincuenciales, y que han merecido la muerte de estas personas, como que en Nicaragua hubiera pena de muerte”, dijo la renombrada escritora Gioconda Belli, miembro del Grupo de los 27. “No ha habido a un proceso para saber de qué se acusa a cada persona. 

No basta con sacar una lista… tenemos a los dos hijos de Elea Valle: No se explica cómo pueden ser considerados delincuentes”, insistió.

Azalea Solís, abogada constitucionalista y retirada del Ejército de Nicaragua, señaló que en la última década han sido asesinadas personas en el campo bajo el llano pretexto de que son delincuentes. Pero afirmó que ninguna autoridad puede ejecutar a nadie, ni porque esa persona “haya cometido los peores delitos”.   

“No ha habido investigaciones en esas muertes ni explicación de cómo no pudieron capturarlos y los mataron… Hay ejecuciones extrajudiciales, ejecuciones sumarias. Las autoridades no ponen testigos, ni personas a las que juzgar, solo muestran cadáveres”, fustigó Solís.


La abogada constitucionalista le pareció contradictorio que el “Libro Blanco” remarque que Nicaragua es un Estado Seguro, y “luego haga referencia a hechos en que la profesionalidad del Ejército y la Policía ha estado cuestionada”.

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