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viernes, 19 de enero de 2018

Los 27 exigen renuncia de magistrado Roberto Rivas y retorne la institucionalidad.

El Grupo de los 27 exigió ayer la renuncia inmediata del magistrado Roberto Rivas, presidente del Consejo Supremo Electoral (CSE), mientras demandaron una renovación total de las estructuras de esta institución con “personas probas y plurales”. 

El Grupo está conformado por políticos, intelectuales, académicos y poetas. Entre sus miembros más destacados se encuentran el educador Carlos Tünnermann, la poeta Gioconda Belli, el periodista y empresario radial Fabio Gadea Mantilla, el economista Enrique Sáenz, el jurista Gabriel Álvarez, entre otros.

El doctor Carlos Tünnermann, uno de los miembros, comentó que “es curioso que mientras en otros países se están haciendo investigaciones y se sanciona a este señor (Roberto Rivas), aquí las autoridades no hacen absolutamente nada”. Rivas fue sancionado el 21 de diciembre pasado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, junto a doce personas más a las que castigó en el marco de la ley Magnitsky, enfocada en personas involucradas en actos de corrupción y violación a derechos humanos.

El nueve de enero pasado, la Fiscalía de Costa Rica abrió una investigación contra Rivas por el presunto delito de legitimación de capitales, “luego de analizar unas publicaciones compartidas por el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), en relación con informaciones difundidas en Estados Unidos sobre presuntos hechos delictivos aparentemente cometidos por Rivas en Costa Rica”.

Lamentaron que “sea desde afuera, mediante la Ley Global Magnitsky y la amenaza de la Nica Act que se emplace al Gobierno a frenar la corrupción y el desmantelamiento institucional del país”. Tünnermann expresó que Rivas “nos ha violado los derechos humanos de todos los nicaragüenses que no hemos podido tener una elección justa y transparente”.


El CSE, dirigido por Rivas, ha sido señalado de perpetrar fraudes electorales a favor del gobernante Frente Sandinista desde 2008. La Nica Act  es una ley actualmente en el Senado de EE.UU que se opone a que instituciones financieras internacionales otorguen préstamos al Gobierno de Nicaragua y exige que se tomen medidas para garantizar la transparencia electoral y combatir la corrupción.

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