Desde Nicaragua,cuna de Rubén Darío transmite "La Nica" la Radio de Nicaragua.:GRACIAS POR ESTAR EN SINTONIA!!!

TITULARES

lunes, 5 de febrero de 2018

452 empresas públicas en manos del chavismo para ejercer mayor control social.

Caracas Venezuela/ - La participación del Estado venezolano como empresario dentro de sectores estratégicos de la economía nacional no es exclusivo de la era chavista, pero sí su intencionalidad de aumentar el control social y político a través de la plataforma comercial.

En los últimos 16 años el crecimiento de las empresas públicas ha sido exponencial. Venezuela pasó de tener 74 compañías en 2001 a poseer 526 en 2017, 74% de ellas (390) fueron producto de la creación, expropiación o confiscación, advierte un informe de Transparencia Venezuela (TV), asociación civil sin fines de lucro dedicada a promover condiciones, procedimientos y factores para prevenir y disminuir la corrupción.

Con el gobierno de Hugo Chávez se instauró en Venezuela un modelo político económico neosocialista, basado en un mercado tutelado, con control de precios en donde las empresas del Estado son las que dominan el aparato productivo del país, de acuerdo al análisis de Antonio Francés, profesor e investigador del Instituto de Estudios Superiores de Investigación (IESA), en el libro Estrategias y planes para la empresa.

De acuerdo a Francés el modelo neosocialista “toma como protagonista de la actividad económica al pequeño productor, sea agricultor, o comerciante, y lo coloca bajo la égida del Estado (…) Los precios, la tasa de cambio y las tasas de interés son intervenidos. La gran empresa, nacional y multinacional, puede ser tolerada si las circunstancias lo aconsejan. La propiedad privada está consagrada pero sujeta a la intervención por consideraciones de interés social“, sentencia.

La asociación civil explica, por su parte, que a partir de los años 60 el Estado venezolano incursiona como empresario en el sector eléctrico, de extracción y procesamiento mineral y transporte pero con la llegada de Chávez al poder “se manifiesta la intencionalidad de participar en más sectores: como el agroindustrial. 

Con ella ocurre la primera expansión en la creación de empresas públicas que se potencia a partir de 2006. Para esta fecha ocurre también un giro importante en la gestión de las empresas, encauzada al logro de intereses político electorales y de control social“, acota TV.

El lapso de mayor estatización ocurrió entre 2006 y 2010 cuando el Estado se apoderó o fundó 198 empresas. Entre 2011 y 2017, los últimos cuatro años con el Gobierno de Nicolás Maduro, el poder consolidó otras 148 compañías.

El Ejecutivo comienza a hablar de “seguridad alimentaria“ y “protección laboral“ para justificar sus acciones de expropiación, confiscación y creación de empresas públicas, mientras se consolidaba la disrupción del aparato productivo nacional. Todo ello ocurre en un contexto de opacidad, debilitamiento institucional, con mayor control financiero y protección laboral que provocaron caídas en la productividad, pérdidas patrimoniales, y mayor clientelismo.

Justamente la promesa de lograr la seguridad y soberanía alimentaria se convirtió en un mecanismo estratégico para ejercer control social y político de la población. En 2003 se creó Mercal, como programa social adscrito al Ministerio de Alimentación para distribuir alimentos a los más necesitados. En 2008 se funda Pdval con el mismo propósito, pero dejaron de funcionar luego de varios escándalos de corrupción y hallazgos 1,3 toneladas de productos descompuestos en Puerto Cabello. 

En 2010 se expropiaron las cadenas Cada y Éxito, renombradas Abastos Bicentenarios. Pero la soberanía no existió nunca al constatar que los rubros que vendían eran en su mayoría importados. Con la creación y expropiación de empresas distribuidoras de alimentos comenzó a ejercerse una venta selectiva de productos, que dejó de garantizarse el libre acceso a los consumidores. 

Pero su control se perfeccionó con la repartición de alimentos a través de los Comités Local de Abastecimiento y Producción (CLAP) en 2016. “Con la instauración de estos comités, el Gobierno establece un mecanismo que legaliza la escasez y discrimina a partir de ella”, advierte Collete Capriles, psicólogo social, y profesora de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Simón Bolívar (USB). 

Michael Penfold, investigador Global del Woodrow Wilson Center, especializado en temas de Economía Política, explica que los CLAP junto con el Carnet de la Patria han sido utilizados como un gasto clientelar que se traduce en votos para el chavismo, evidenciado en los resultados de las elecciones regionales de noviembre 2017, en donde el Gobierno capitalizó la mayoría de las gobernaciones a pesar de la crisis económica que afronta el país.

Sin embargo, la oferta de bienes ha disminuido considerablemente, por lo que Transparencia Venezuela no duda en afirmar que es evidente la pérdida de soberanía alimentaria en donde el gran perdedor de la apuesta política del Gobierno es la sociedad venezolana.

La creación de Empresas Públicas Estatales sirvió también para favorecer a grupos específicos de las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas (FANB), desvirtuando su compromiso con los valores y principios definidos en la Constitución para dirigirlo hacia la autoridad y el partidismo. De acuerdo a Transparencia Venezuela, en 127 empresas (agroalimentarias, financieras, energía, y básicas) de las que se conocen sus máximas autoridades, 30% tienen algún militar activo o jubilado en la junta directiva.
De las 526 empresas públicas, 132 pertenecen al sector de manufactura (25,1%); 70 al agroalimentario, ganadería y pesca (13,3%); 62 son de la industria petrolera (11,8%); 39 de ellas son instituciones financieras (7,4%); 37 son de servicios (7%); 34 son de transporte (6,5%) y 29 de construcción (5,5%).

Las 123 empresas restantes están distribuidas en nueve sectores: 25 relacionadas con medios de comunicación (4,8%), 23 son de minería (4,4%), 20 en comercios, 19 en el sector del agua (3,6%), 17 en hoteles expropiados (3,2%), siete en electricidad (1,3%), seis en la producción de gas (1,1%) cinco con multipropósitos (1%), y una en actividades especiales (0,2%).

Del total de empresas públicas, solo se conoce la estructura accionaria de 109 de ellas (21%), la composición y miembros de las Juntas Directivas en solo 31 (6%), y la máxima autoridad, en 127 (24%).

Estos datos evidencian que el Gobierno decidió participar en todos los sectores económicos del país, expandiendo su área estratégica: energía, transporte, telecomunicaciones, y agua a controlar todo el aparato productivo. En el sector manufacturero, incluye la fábrica de textiles, autopartes, vehículos, bicicletas, motocicletas, cabillas, cemento, electrodomésticos, rines, envases de vidrio, plásticos, armas, productos de aseo personal, teléfonos móviles, computadoras, entre otros.

Mientras que el sector agroalimentario, era determinante para garantizar la “seguridad alimentaria“ que promulgaba Chávez y que se sustentó de importaciones que hoy han disminuido exponencialmente causando una escasez superior al 80% en todos los supermercados del país, de acuerdo a la organización empresarial Consejo Nacional del Comercio y los Servicios (Consecomercio).

El estudio financiero que realizó Transparencia Venezuela determina que éstas empresas no han generado dividendos, regalías o impuestos para el Tesoro nacional ni tampoco sirven como productores de bienes y servicios para la sociedad, trayendo como consecuencia directa la emergencia humanitaria que padecen los venezolanos, visto que las empresas que deberían producir los principales rubros de la canasta básica están en quiebra producto del descontrolado manejo estatal.

Aunque en la región ha habido otros Gobiernos con ideologías socialistas ninguno ha hecho crecer al Estado como ha ocurrido en Venezuela. Entre 2003 y 2015, en la Argentina de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner el país sumó 39 empresas públicas a las 13 ya establecidas previamente, para sumar un total de 52. Mientras que en Brasil, existen 130 empresas que dependen del Gobierno federal, de acuerdo a Transparencia Venezuela.

La caída de la producción de las Empresas Públicas Estatales, desde PDVSA hasta las empresas de leche, ha sido sostenida y se refleja en el comportamiento del Producto Interno Bruto (PIB) per capita, que tiene una caída acumulada de 35% desde el último trimestre de 2013 hasta junio de 2017 como resultado de menos cantidad y menor diversidad de bienes y servicios producidos.

De hecho, la principal industria venezolana como lo es Pdvsa reportó una caída en la producción de petrolero durante el 2017 de 433.000 barriles diarios, pasando de tener un bombeo de 2,27 millones de barriles diarios a 1,83 millones. Durante la gestión de Maduro, que acumula casi cinco años, se han perdido 924.000 barriles diarios.

Los datos de balanza comercial reflejan mayor dependencia de las importaciones y disminución de la cantidad y variedad de productos de exportación. En el ámbito laboral, Transparencia Venezuela evidenció denuncias recurrentes por incumplimiento de compromisos, despidos, tratos discriminatorios e injerencias indebidas en la actividad sindical de tres grandes empresas públicas: Sidor, Corpoelec, y Pdvsa.

Para el año 2016, en las Empresas Pública Estatales trabajaban 440.717 personas, lo que representa 5,6% de la población ocupada formalmente, según el último dato publicado por el Instituto Nacional de Estadística.

Acerca de " "

LA NICA LA RADIO DE NICARAGUA ES PARTE DEL SERVICIO NICARAGUENSE DE NOTICIAS (SNN)

Publicar un comentario

Comentarios en Facebook

 
Copyright © 2011-2016 (SNN)
Design by SNN | Distributed by Servicio Nicaragüense de Noticias .