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martes, 27 de febrero de 2018

Chavismo adelanta y atrasa elecciones a su antojo para mantenerse en el poder.

Caracas Venezuela/ EFE - En su estrategia para mantenerse en el poder y dividir al liderazgo opositor que aún permanece en Venezuela el chavismo propone adelantar o atrasar elecciones a conveniencia.

La última exigencia de Nicolás Maduro de realizar una megaelección el próximo 22 de abril pudo llevar a Venezuela a un escenario técnico y político mucho más complejo que el que se vivió hace 18 años cuando se intentó designar en un solo día a todos los funcionarios de elección popular del país.

Hace 18 años Hugo Chávez llevó al país (por decisión de la Asamblea Nacional Constituyente electa en 1999) a una megaelección que e implicaba escoger 6.845 cargos el 28 de mayo de 2000. Técnicamente ese proceso fracasó, sin embargo, el chavismo intenta reeditarlo como parte de su estrategia electoral.

La propuesta de Maduro (una parte se corresponde a un anuncio público de Diosdado Cabello, segundo hombre fuerte del gobierno venezolano) fue desestimada el viernes por la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE). No obstante, Lucena dejó abierta la posibilidad de que las megaelecciones se realicen en algún momento de 2018.

La declaración de Lucena coincide con la “oferta electoral” que el Gobierno de Maduro presentó a la oposición en las últimas horas: atrasar en un mes los comicios presidenciales del 22 de abril para realizarlos en conjunto con otras de las elecciones pendientes. La posibilidad de realizar una megaelección implica, además de la disolución de la Asamblea Nacional electa en 2015, el adelanto de dos procesos electorales y la realización de otros dos comicios pospuestos en su momento por el cálculo político de Maduro. 

Según lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en el mes de diciembre de 2016 debía realizarse la elección para escoger a 23 gobernadores y 235 legisladores de ámbito regional. Este proceso fue pospuesto en dos oportunidades hasta que finalmente se realizó parcialmente en el mes de octubre de 2017. En esa oportunidad, por exigencia de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) los venezolanos solo votaron para escoger 23 gobernadores, eliminándose los comicios para 235 legisladores regionales.

La Constitución venezolana también establece que en diciembre de 2017 debían celebrarse los comicios para escoger a 335 alcaldes, los integrantes de la cámaras municipales, dos alcaldes metropolitanos y sus respectivos cabildos metropolitanos. No obstante, la Asamblea Constituyente convocó para diciembre solo la elección para escoger a 335 alcaldes, posponiendo la votación para que los venezolanos votaran por 2.435 integrantes de concejos municipales. 

Además, la instancia constitucional impuesta por Maduro disolvió las dos alcaldías Metropolitanas con la que contaba el país desde hace 18 años y todos los cargos asociadas a estas éstas instancias de poder. Al frente de estas dos alcaldías metropolitanas se encontraban desde 2012 figuras de oposición y disidentes del chavismo.

El caso de la elección anticipada de los integrantes de la Asamblea Nacional es mucho más complejo. No obstante, en algunos sectores de la oposición venezolana se valora la posibilidad de participar en una mega-elección si se retrasa la presidencial del 22 de abril y se otorgan algunas garantías técnicas y políticas. 

Por ejemplo el diputado Simón Calzadilla (Movimiento Progresista) ha sugerido que si la elección de Presidente y Asamblea Nacional se convoca para el mes de junio “habría tiempo para que el oficialismo y la oposición puedan organizarse” y que haya acompañamiento internacional (…) Nos parece fabuloso. Podríamos salir de la crisis midiéndonos todos”.


Los actuales diputados del Parlamento venezolano fueron electos en diciembre del año 2015 para el periodo constitucional 2016-2021. No obstante, las denuncias de fraude electoral en la votación para escoger a tres representantes del estado Amazonas y del circuito indígena Amazonas-Apure presentadas por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) en diciembre del año 2015 provocaron que el Tribunal Supremo de Justicia declarase en desacato al Parlamento. 754 días después de presentada esta impugnación el TSJ no ha recabado las pruebas que demuestran el fraude en esta elección. 

En este tiempo el TSJ ha emitido 56 sentencias que impiden al Parlamento ejercer sus funciones legislativas. Estas sentencias usurpan además el ejercicio de esas funciones, entre las que puede destacar, por ejemplo, la de autorizar el presupuesto de la Nación durante los dos últimos años.

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