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martes, 6 de febrero de 2018

La Misión de la OEA en Honduras investigaba contratos hidroeléctricos antes de ser mutilada.

Tegucigalpa Honduras/ El País - El trabajo de 10 abogados levantando alfombras, rastreando cheques, cuentas y movimientos durante dos años ha empezado dar frutos. Pero los frutos no están gustando nada a la clase política hondureña.

La Misión contra la impunidad y la corrupción de Honduras (Maccih), creada por la Organización de Estados Americanos (OEA), ultima una investigación sobre el expresidente Porfirio Lobo (2010-2014) y ha reunido pruebas contundentes sobre sus vínculos con el cártel de Los Cachiros en la concesión de proyectos hidroeléctricos.

Los abogados e investigadores de la Maccih, con el apoyo de la fiscalía, investigan al exmandatario, a su esposa y a varios funcionarios vinculados al Partido Nacional, actualmente en el poder, confirmaron a EL PAÍS fuentes cercanas a la investigación.
Según estas fuentes se trata de dos casos distintos. 

El primero, que afecta al desvío de recursos orquestado por la primera dama, Rosa Elena Bonilla, estaría terminado el 15 de febrero. Para el segundo falta todavía detallar la estrategia empleada por el cártel de Los Cachiros para el lavado de dinero utilizando para ello la licitación pública de proyectos hidroeléctricos.

El trabajo de 10 abogados levantando alfombras, rastreando cheques, cuentas y movimientos durante dos años ha empezado dar frutos. Pero los frutos no están gustando nada a la clase política hondureña.

La Misión contra la impunidad y la corrupción de Honduras (Maccih), creada por la Organización de Estados Americanos (OEA), ultima una investigación sobre el expresidente Porfirio Lobo (2010-2014) y ha reunido pruebas contundentes sobre sus vínculos con el cártel de Los Cachiros en la concesión de proyectos hidroeléctricos.

Los abogados e investigadores de la Maccih, con el apoyo de la fiscalía, investigan al exmandatario, a su esposa y a varios funcionarios vinculados al Partido Nacional, actualmente en el poder, confirmaron a EL PAÍS fuentes cercanas a la investigación.

Según estas fuentes se trata de dos casos distintos. El primero, que afecta al desvío de recursos orquestado por la primera dama, Rosa Elena Bonilla, estaría terminado el 15 de febrero. Para el segundo falta todavía detallar la estrategia empleada por el cártel de Los Cachiros para el lavado de dinero utilizando para ello la licitación pública de proyectos hidroeléctricos.

La fuente no quiso detallar la forma de operar, pero señaló que la investigación esconde el trasfondo del acoso que vive la Maccih "y que ha puesto tan nerviosa a gran parte de la clase política", señala.

Algunos de los vínculos entre Lobo y Los Cachiros se han ido conociendo en una corte de Nueva York donde declaran algunos miembros de este cártel, uno de los más poderosos de Centroamérica. Lo que se desconocía hasta ahora es que la Maccih tiene pruebas en Honduras sobre los vínculos con proyectos hidroeléctricos de miembros del Partido Nacional del actual mandatario Juan Orlando Hernández, un controvertido modelo de licitaciones muy criticado por la ecologista Berta Cáceres, en cuyo asesinato en 2016 estuvo implicado personal de una de estas empresas beneficiadas.

La investigación podría tensar aún más la relación entre la misión de la OEA y la clase política local, que sueña con que desaparezca de sus vidas a base de recortes.
Hace dos semanas, el 18 de enero, el Congreso, aprobó una reforma de ley que prácticamente impide investigar a la Misión, al transferir gran parte de sus competencias al Tribunal de Cuentas, controlado por los partidos políticos. Tras la aprobación de esta reforma, cinco diputados encarcelados por quedarse con dinero público destinado a ONG fueron liberados inmediatamente.


El "pacto de impunidad", como es conocido, frenó también una investigación que implicaba a otros 60 diputados más, incluido el presidente del Congreso. Sin embargo, la sospecha es que "la red es más amplía y podría llegar a 140 diputados, incluido el presidente", señala una fuente de la Maccih que habla bajo condición de anonimato.

Con esta reforma tampoco podrán investigarse escándalos relacionado con los sobornos de la constructora Odebrecht a funcionarios de los tres últimos gobiernos de Manuel Zelaya, Roberto Micheletti o Porfirio Lobo.

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