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viernes, 23 de febrero de 2018

Los feminicidios, la impunidad y los ataques contra defensores de los derechos humanos persisten en Nicaragua.

En Nicaragua persisten los femicidios, la impunidad y los ataques contras activistas y defensores de derechos humanos, denuncio Amnistía Internacional (AI). 

En su informe 2017-2018, AI indica que en Nicaragua “los homicidios por motivos de género eran cada vez más brutales”, y cita datos de la ONG Católicas por el Derecho a Decidir según los cuales entre enero y diciembre pasados hubo 55 feminicidios.

También advierte que sigue vigente la prohibición total del aborto y que Nicaragua tiene uno de los índices de embarazo adolescente y mortalidad materna más elevados de América, según datos del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA).
Asimismo, denuncia que persiste la impunidad por delitos tales como homicidios, violaciones, secuestros, desapariciones forzadas, amenazas de muerte y desplazamientos forzados de pueblos indígenas en la Región Autónoma del Caribe Norte.

AI recuerda que tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) ordenaron al Estado de Nicaragua, en 2015, adoptar todas las medidas necesarias para investigar esos delitos. Además, alerta de que continúan los ataques contra defensoras de los derechos humanos, según se denunció en una audiencia pública celebrada ante la CIDH en septiembre pasado.

Las organizaciones de la sociedad civil integradas por mujeres denunciaron haber sufrido amenazas de muerte, así como detenciones arbitrarias y ataques perpetrados con la complicidad o la aquiescencia de las autoridades del Estado.

En agosto, la CIDH concedió medidas cautelares a la campesina Francisca Ramírez y a su familia después de que sufrieran amenazas de muerte, hostigamientos y ataques en represalia por su activismo en oposición a la construcción del Gran Canal Interoceánico.

“Seguía sin haber un proceso auténtico y efectivo de consulta para las personas que iban a verse afectadas por la construcción del Gran Canal Interoceánico, lo cual violaba los principios internacionales de los derechos humanos”, señala.

Según el Centro de Asistencia Legal a Pueblos Indígenas, no se ha garantizado el derecho de los indígenas y afrodescendientes del territorio Rama y Kriol al consentimiento libre, previo e informado en relación con ese proyecto, pese a la presentación de varias apelaciones ante los tribunales.

Varias organizaciones de derechos humanos y comunidades campesinas han pedido la derogación de la legislación que reglamentaba el Canal por las insuficientes garantías que ofrecía para la protección de los derechos de los pueblos indígenas.
“Estas demandas seguían siendo rechazadas, y las autoridades no habían entablado un diálogo significativo con las comunidades que probablemente iban a verse afectadas por la construcción del Canal”, apunta AI.

Amnistía denuncia además que “hubo informaciones sobre uso innecesario y excesivo de la fuerza por parte de la policía contra personas que se manifestaban pacíficamente contra la construcción del Canal interoceánico, y denuncias de detenciones arbitrarias de manifestantes”.


Sobre la libertad de expresión, de asociación y de reunión, AI indica que en noviembre pasado se celebraron elecciones municipales en un contexto de violencia, y se reportaron al menos cinco muertes y 30 personas heridas en seis municipios.

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