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lunes, 26 de febrero de 2018

Nicaragua guarda distancia con Maduro en la OEA, pero...

El gobierno de Daniel Ortega desconoció en la sesión celebrada el pasado viernes por la Organización de los Estados Americanos (OEA), una resolución que emplaza a Venezuela a cancelar las elecciones presidenciales del 22 de abril y propone otros comicios “justos, libres y con observación internacional”.

A diferencia de resoluciones anteriores, esta vez Nicaragua no votó en contra de la decisión —como lo hizo Bolivia—, pero sí se abstuvo, bajo el argumento de rechazar la convocatoria y “y por tanto” la resolución del Consejo.

El embajador nicaragüense ante la OEA, Luis Alvarado, fue el último de los llamados países del Alba en hacerlo, pero cuando se disponía a hablar, en el micrófono, sonó su celular y se pudo  la voz de la vicepresidenta y primera dama, Rosario Murillo, dándole instrucciones del caso.

Alvarado, visiblemente confundido, intentaba tomar la palabra, pero no se atrevía a colgar la llamada. Un par de segundos después, con las manos temblorosas, alcanzó a pasar el celular a una asistente e hizo una declaración breve: “Nicaragua no participa de la votación ya que desconoce la legitimidad de la misma”, dijo y cedió la palabra.

Minutos más tarde, El 19 Digital publicó que “Nicaragua rechaza y desconoce la sesión de la OEA sobre Venezuela”, citando las declaraciones de Murillo, pero no al embajador. Además, añadió una nota del Gobierno sobre su “invariable e incondicional respaldo” al Gobierno de Maduro.

“El Gobierno de Nicaragua ratifica su invariable posición de principios sobre el respeto a la soberanía y a la independencia de los Estados y pueblos”, señaló el Ejecutivo sandinista en una nota leída por Murillo.

 “El Gobierno de Nicaragua ratifica, por lo tanto, su invariable e incondicional respaldo al Gobierno Bolivariano de Venezuela, al presidente Nicolás Maduro y al pueblo bolivariano, en su defensa de sus instituciones, su legislación y sus decisiones propias, soberanas e independientes”, continuó.

 Además, sostuvo que “rechaza categóricamente todas las declaraciones y resoluciones injerencistas promovidas y emitidas contra el Gobierno y el pueblo venezolano, y en particular rechaza y condena firmemente la convocatoria a la sesión del Consejo Permanente de la OEA, realizado sin consenso esta mañana (de viernes)”.

“Y rechaza, por lo tanto, una vez más, el orden del día y las declaraciones allí presentadas”, agregó.

Según la nota del Gobierno, el embajador Alvarado, “dejó claro que nuestro Gobierno no ha respaldado, ni respalda ese Consejo, su agenda o la declaración allí presentadas, por considerarlos ilegítimos, e ilegales, y violatorios del Derecho Internacional”. La resolución de la OEA salió adelante, pese al rotundo rechazo de Venezuela y Bolivia a que se celebrara la reunión. El texto tuvo 19 votos a favor, 5 en contra, 8 abstenciones y dos ausencias.

Esta es la primera sesión en la OEA sobre Venezuela desde la asamblea que el organismo celebró en Cancún (México) en junio del año pasado, donde el bloque caribeño salvó a Caracas de una resolución de condena regional.

En esta ocasión votaron a favor Bahamas, Santa Lucía, Argentina, Barbados, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, Guatemala, Guyana, Honduras, Panamá, Jamaica, México, Paraguay, Uruguay y Perú.

En contra se pronunciaron Venezuela, Bolivia, Surinam, Dominica y San Vicente y las Granadinas. Se abstuvieron Ecuador, Nicaragua, El Salvador, Haití, República Dominicana, Belice, San Cristóbal y Nieves y Trinidad y Tobago.

En esta ocasión el texto fue aprobado en un Consejo celebrado en la sede de la OEA en Washington a solicitud de México, Estados Unidos, Argentina, Brasil, Panamá y Santa Lucía. Chile, que tiene la presidencia de turno, se sumó después a la iniciativa.

En la resolución aprobada, los países “consideran” que la convocatoria de comicios presidenciales para el 22 de abril “imposibilita la realización de elecciones democráticas, transparentes y creíbles de conformidad con las normas internacionales”.

Resuelven, así, “exhortar al Gobierno de Venezuela a que reconsidere la convocatoria prematura de elecciones presidenciales y presente un nuevo calendario electoral que haga posible la realización de elecciones con todas las garantías necesarias para un proceso libre, justo, transparente, legítimo y creíble”.


Además, piden que las elecciones “incluyan la participación de todos los partidos y actores políticos venezolanos sin proscritos de ninguna clase”, “observadores internacionales” y “un Consejo Nacional Electoral cuya composición garantice su independencia y autonomía”.

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