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lunes, 19 de febrero de 2018

Reforma electoral con nombre y apellido.

Por Carlos Tunerman/ La Asamblea Nacional aprobó recientemente una reforma a la Ley Electoral (Ley N° 331) acogiendo, obedientemente como suele hacerlo, una iniciativa del poder ejecutivo enviada para ser aprobada con trámite de urgencia.
La solicitud de trámite de urgencia no era razón suficiente para que la bancada del FSLN, con la complicidad de los diputados de dos de sus partidos satélites, violaran flagrantemente la Constitución Política, que en su artículo 195 establece claramente que “la reforma de las leyes constitucionales (y la Ley Electoral tiene ese rango) se realizará de acuerdo al procedimiento establecido para la reforma parcial de la Constitución, con la excepción del requisito de dos legislaturas”.
Ese es el procedimiento que debió seguirse, tal como lo prescribe el artículo 192 de la Constitución. La iniciativa enviada por el Ejecutivo debió ser remitida a una comisión especial para que la dictaminara en un plazo de sesenta días. Nada de esto se hizo. Ortega y su Asamblea Nacional actuaron con total desprecio a la Constitución que ellos mismos reformaron a su gusto.
La reforma despoja de prácticamente todas las funciones al presidente del Consejo Supremo Electoral (CSE), señaladas en el Artículo 14 de la Ley Electoral. Ahora solo está facultado para presidir el CSE y convocarlo por iniciativa propia o a solicitud de tres de sus miembros, así como cumplir y hacer cumplir las resoluciones del Consejo.
La representación legal del CSE pasa al vicepresidente, así como la administración, el nombramiento del secretario general, de los directores generales y la elaboración del anteproyecto de presupuesto, tanto el ordinario como el de los procesos electorales.
La reforma, además de inconstitucional es insólita, ya que nunca antes se había aprobado ley alguna que despojara al presidente de un poder del Estado de todas sus funciones, dejándole como figura “decorativa”, pero gozando de salario y de protección policial redoblada.
La pregunta es: ¿Por qué Ortega recurrió a semejante adefesio jurídico, que nada tiene que ver con la reforma electoral integral que recomienda la OEA en su Informe Final, y que el pueblo nicaragüense ha insistido en demandar para recuperar su derecho a elegir libremente a sus gobernantes en procesos electorales justos y transparentes, tal como lo mandata la Carta Democrática Interamericana?
Las razones pueden ser varias. Se especula que una de ellas podría ser que Roberto Rivas se niega a renunciar para no perder su inmunidad, ya que está seriamente sancionado por corrupción, fraudes y violación de los derechos humanos en aplicación de la Ley Global Magnitsky de los Estados Unidos (EE. UU.), que Ortega califica de “remanente de la guerra fría”. Otra explicación podría ser que Ortega calcula que cesando al hermano de Rivas como embajador en Costa Rica y despojando a este de sus principales funciones, esto podría ser una manera de mandar un mensaje a los EE. UU. de que está haciendo un cambio en el CSE cuando, en realidad, nada ha cambiado.
Finalmente, la más probable podría ser que con esta reforma Ortega pretende dar la impresión de no someterse a lo que sus seguidores califican de “decreto imperial”, a la par que les hace ver a sus leales servidores que él no los abandona cuando caen en desgracia, aun cuando sean sancionados por corruptos.

No hay que olvidar que los fraudes electorales no los hizo el señor Rivas solo, sino que la responsabilidad de los mismos recae también sobre todos los miembros del CSE y de sus funcionarios más importantes. Por tal razón, todos deberían ser sustituidos por personas que garanticen la honestidad de los procesos electorales.

Esto último debería tenerlo muy presente la OEA. El hecho que la representación legal del CSE ya no la tenga Roberto Rivas no es suficiente excusa para que la OEA siga adelante entendiéndose con un CSE que avaló los fraudes presididos por Rivas. 
Si realmente la OEA quiere credibilidad y contribuir a que los nicaragüenses tengamos elecciones justas y transparentes, tendría que establecer, como prerrequisito, el cambio de todos los actuales magistrados. Seguir adelante, aceptando como suficiente el “cambio” hecho por Ortega, sería un engaño para el pueblo nicaragüense.

El autor es jurista y catedrático.

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