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martes, 27 de marzo de 2018

Ante la amenaza de control de las redes sociales, sociedad civil responde.


Ante los intentos repetidos de control de los medios de comunicación e internet de parte del régimen de Ortega no son nuevos, señala una denuncia del Movimiento por Nicaragua en un comunicado. 

Los ha querido controlar desde su regresó al poder en 2007. Su deseo de reformar la Ley General de Telecomunicaciones y Servicios Postales (Ley 200) no fue posible, por las observaciones hechas por varios sectores, especialmente, de los proveedores de internet.  Recientemente, la Vicepresidenta de la República manifestó que a través del internet y las redes sociales que nos está llegando “información de otras realidades, de otros países… que afectan la concordia que hemos trabajado mucho para construir en nuestro País”. 

Simultáneamente, la Presidenta de la Corte Suprema de Justicia hizo un llamado a erradicar el ciberacoso. Varios diputados propusieron el inicio de consultas para analizar algunas leyes para proteger a la niñez y la familia.    

Demasiadas casualidades para creer que este supuesto coro de indignación de funcionarios del Estado sea producto del azahar, más bien, parece un intento de control de parte del Estado de las redes sociales. Pues, según el Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP) en Nicaragua el 85% de los jóvenes de entre 16 y 30 años, que tienen acceso a Internet, leen las noticias en medios digitales por lo menos dos veces al día; más aún, según la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (FUNIDES) un 62% de los jóvenes ha promovido alguna causa social a través de sus redes, un 33.1% las utilizan para la movilización social, un 30.4% para la denuncia y otro 20% para la colecta.  

En otras palabras, las redes sociales son peligrosas para el monólogo informativo que impone el régimen que considera cualquier espacio de libertad como subversivo. Incluso el mismo IEEPP nos alerta que el 25% de los usuarios de internet afirman tener temor de opinar abiertamente en las redes sociales.  

Hasta ese nivel ha avanzado el régimen de Ortega en el control de las libertades de los nicaragüenses. No obstante, el artículo 30 de nuestra Constitución es categórico al afirmar que “los nicaragüenses tienen derecho a expresar libremente su pensamiento en público o en privado, individual o colectivamente, en forma oral, escrita o por cualquier otro medio”.  

Por tanto, cualquier intento de control, del mayor espacio de participación democrática en las comunicaciones que el mundo haya conocido, es un retroceso profundo en las libertades que nuestra constitución nos consigna. Esto es algo que el MpN por principio no puede ni aceptar, ni callar, ni permitir.   

Adicionalmente, el MpN considera que la legislación nicaragüense cuenta con los mecanismos necesarios para sancionar cualquier posible abuso que pueda darse en las redes sociales. Asimismo, las empresas internacionales que prestan los servicios de internet han mejorado significativamente sus capacidades para identificar y corregir abusos en las redes sociales, por tanto, no hay ninguna justificación para controlar las redes sociales. 

La libertad conquistada con base en las luchas de tantas mujeres y hombre pasa, en el Siglo XXI, por la defensa de la libertad de expresión, la privacidad y la capacidad de escoger por libre albedrio. Por ende, es falso querer argumentar que se defiende a la niñez y la familia restringiendo la libertad y violentando el Estado de Derecho consignado en la Constitución y las leyes.

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