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jueves, 1 de marzo de 2018

Daniel Ortega, al banquillo en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.


Por Judiht Flores/ Miami Florida EEUU / - El caso del reo que permanece encarcelado por señalar al mandatario nicaragüense de haber abusado sexualmente de su hermana menor fue debatido en una exposición sobre violaciones de derechos en la nación centroamericana.

La denuncia que pesa sobre el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, por presuntamente haber seducido y sometido al aislamiento a una menor que convirtió en su amante, se escuchó ayer miércoles durante una exposición sobre violaciones a los derechos humanos en la audiencia que tuvo lugar durante el 167 periodo de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que se efectúa en Bogotá, Colombia, hasta el 2 de marzo.

La situación que afronta el abogado Santos Sebastián Flores Castillo, quien permanece en cárcel por sostener la denuncia contra Ortega de haber cometido abuso sexual contra su hermana menor Elvia Junieth Flores Castillo, fue uno de los dos casos de torturas y violaciones a los derechos humanos cometidos en Nicaragua que se expusieron durante la audiencia en la CIDH, solicitada por la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH). El otro caso fue el de Marvin Vargas, desmovilizado del ejército sandinista.

La presidente del CENIDH, Vilma Núñez, calificó el caso de Santos Sebastián como grave, y dijo que es conocido como “el preso de Daniel Ortega”. A Santos Sebastián se le imputó la comisión del delito de violación a una mujer, el mismo por el que el reo acusa a Daniel Ortega.

Fue juzgado y condenado en un juicio lleno de irregularidades, efectuado y con sentencia firme en tiempo récord, con un expediente que solo tenía 30 folios al momento del juicio.

“Incluso se le nombró como defensor al abogado personal del presidente Ortega, el doctor Ramón Rojas, que había defendido al presidente durante la acusación por presunta violación contra su hijastra Zoilamérica (Ortega Murillo)”, dijo Núñez durante la audiencia realizada en la CIDH.

Zoilamérica Ortega Murillo fue la primera en presentar una denuncia por violación contra Ortega, de quien asegura la agredía sexualmente cuando ella tenía apenas 11 años. Esta denuncia fue hecha en 1998. Años más tarde, otras dos acusaciones por situaciones similares con menores de edad han sido documentadas contra Ortega; sin embargo, el sistema de Justicia de la nación centroamericana ha ignorado las acusaciones.

“Llamamos la atención sobre este caso porque según su madre (Elpidia Castillo, madre de Santos Sebastián Flores Castillo), que lo pudo ver el pasado 5 de febrero, el maltrato en el penal se ha agravado y [su hijo] se encuentra al límite de perder la vida. Su deterioro físico y psicológico es evidente”, aseguró Núñez.

“Los familiares señalan que a Santos Sebastián lo han torturado y lo mantienen empernado en una celda de la galería 300. En una ocasión lo mantuvieron 45 días desnudo y 8 días sin probar alimentos. Ha sido obligado a tomar agua contaminada y le cancelan sus visitas, lo cual hemos comprobado cuando hemos acompañado a la madre del preso”, relató la presidenta del CENIDH.

La activista leyó la última carta que Santos Sebastián envió al CENIDH, en la que expresa: “Ya no soporto más tanta tortura. Me dan medicamentos orales, en contra de mi voluntad, sin saber qué son y para qué sirven. Otras veces me inyectan sin saber por qué, que me provoca mucho debilitamiento, fatiga, mareos, náuseas, dolor en la columna y migraña intensa”.

Núñez le recordó a la Comisión que el caso del abogado lo conoce la CIDH porque el 8 de febrero de 2017 “la anciana madre de Santos Sebastián, Elpidia Castillo, solicitó medidas cautelares que tiene el número MS8017, que actualmente se encuentra en trámite y esperamos sea resuelta favorablemente por la CIDH”, indicó.
Marvin Vargas, un desmovilizado del Ejército Sandinista, dirigía la fundación 

“Cachorros de Sandino” y a raíz de su participación en una protesta pacífica en 2011, en la que reclamaba derechos sociales para los desmovilizados de guerra, resultó apresado.

“Fue sometido a juicio arbitrario y condenado a prisión por estafa. Le capturaron por alteración al orden público y lo condenaron por estafa”, dijo la activista. Vargas, cumplió la condena de cinco años y seis meses de prisión, en noviembre de 2016, pero las autoridades penitenciarias, sin explicar, no cumplieron la orden de libertad.

Por el contrario, en abril de 2017, después de haber cumplido la condena y tener seis meses de detención ilegal, fue acusado por tráfico de estupefacientes dentro del penal y condenado a 12 años más de prisión, en un juico que se efectuó a puertas cerradas y con un gran dispositivo de seguridad.

Núñez dijo ante la audiencia de la CIDH, que lo contradictorio del caso, es que la familia de Vargas denunció que el reo permaneció aislado en una celda de la galería 300. “En qué momento cometió ese delito cuando no tenía derecho de visitas, ni de ingreso de alimentos de sus familiares”, cuestionó Núñez, quien añadió que el objetivo del gobierno de Ortega es mantener preso a Vargas.

El estado de Nicaragua fue el gran ausente en la audiencia. La vicepresidente de la CIDH, Esmeralda de Trotino, dijo que la ausencia del Gobierno de Nicaragua no facilita el diálogo que la CIDH quiere abrir sobre la situación de derechos humanos en ese país, particularmente sobre las violaciones a los derechos humanos de las personas privadas de libertad.

La presidenta del CENIDH expuso el grave deterioro de las condiciones carcelarias en los Centros Penitenciarios y en las celdas de la Policía Nacional. Las organizaciones de derechos son impedidas de visitar las celdas policiales y los penales para evaluar las condiciones carcelarias desde 2009.

Núñez hizo alusión al resultado de la visita que en mayo de 2014 hizo en Nicaragua el Subcomité para la Prevención de la Tortura de Naciones Unidas, que evaluó la situación de las personas privadas de libertad como “sumamente preocupante”.
  
“Tres años y medio más tarde, la situación se ha agravado por el hecho de que Nicaragua no está permitiendo el escrutinio internacional de la situación en las cárceles, como ilustra el hecho de que lleva más de cuatro años de retraso en la presentación de su informe periódico al Comité Contra la Tortura”, relató Núñez.

“A pesar de esta situación de opacidad, que obstaculiza toda labor de monitoreo, las denuncias por muerte bajo custodia, tortura, malos tratos, falta de acceso médico y privación arbitraria de libertad, recopiladas por CENIDH, aumentan cada año”, reveló.

En siete años, el CENIDH ha recibido un total de 547 denuncias en contra de los centros penitenciarios, y en los últimos tres años recibió 1.850 denuncias en contra de la Policía Nacional por abuso y violaciones a los derechos humanos.

Otro grave problema expuesto ante la CIDH es el incumplimiento a las órdenes de libertad emitidas por los Jueces y Tribunales, en abierto desacato a las leyes. Sin embargo, Ortega libera a reos a su discreción. El año pasado dio libertad a más de 800.

La falta de atención médica oportuna, y a enfermos de gravedad, es otro flagelo. Núñez ejemplificó el caso del reo Isaías Romero, sobre quien la jueza ordenó en tres ocasiones a las autoridades penitenciarias su traslado a Medicina Legal para ser evaluado, pero desoyeron el mandato judicial.

Rafael Moncada corrió con peor suerte, padecía de tuberculosis, no recibió atención médica y murió esposado a una cama en el penal de Estelí.
La situación de hacinamiento en las cárceles ha provocado amotinamientos que han sido resueltos por las autoridades, con represión. El último motín fue en marzo de 2016.

En 2015 había una población penal de 11.825 personas; en 2017, la cifra subió a 16.855. La información de capacidad de albergue era de 5. 436 plazas, y el número de nuevas plazas creadas en los últimos años es de 900.

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