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viernes, 16 de marzo de 2018

Denuncian a Daniel Ortega de pretender regular las redes.


El diario El País de España, destaca, las intenciones del règimen de Daniel Ortega, de controlar o restringir las redes sociales, bajo el argumento de evitar el ciberacoso y otros supuestos abusos.

Tras el anuncio,  las alertas se encendieron en Nicaragua, cuando Rosario Murillo, vicepresidenta y esposa del presidente Daniel Ortega, apareció en su cadena diaria de televisión para anunciar que estaba “conversando” con el presidente de la Asamblea Nacional para “revisar” el uso de las redes sociales en este país centroamericano.

Murillo –quien funge como una poderosa primera ministra– aseguró que las redes están “influenciando negativamente” a los nicaragüenses y afectando la “capacidad de convivencia” de las familias del país. En la neolengua creada por la mujer del Comandante, eso se traduce como una necesidad de censurar las críticas que les llueven a través de las redes sociales.

En un país donde cualquier manifestación en contra del Ejecutivo de Ortega es reventada con violencia, los críticos son silenciados y los periodistas hostigados y perseguidos, el anuncio de Murillo se ha tomado con mucha seriedad, generando una ola de indignación precisamente en los medios que ella pretende censurar: Facebook, Twitter y YouTube.

De darse, es la muestra inequívoca de una autocracia cada vez más parecida a una dictadura como la china. Para Murillo se trata de “proteger” la “concordia que hemos trabajado mucho para construir en nuestro país”.

Durante once años de administración de Daniel Ortega en Nicaragua han sido silenciadas radios –principalmente comunitarias–, entre ellas “Radio Voz de Mujer”, localizada en Jalapa, una comunidad ubicada a 292 kilómetros de Managua, por transmitir información crítica del Gobierno, relacionada principalmente a la negligencia con la que las autoridades manejan la epidemia de feminicidios que desangra al país, considerados cada vez más “brutales” por Amnistía Internacional.

Esta emisora no solo fue cancelada, sino que se decomisaron todos sus equipos. También han sido censurados programas de debate críticos con el régimen, se han atacado redacciones y amenazado a periodistas.

Lo irónico de la propuesta del Gobierno es que no hace ninguna referencia a los medios que la familia Ortega controla, cinco en televisión abierta manejados por los hijos de la pareja presidencial, dedicados a transmitir las “noticias alternativas” del Gobierno, noticieros sangrientos y telenovelas y programas de baja calidad, donde se denigran a las mujeres y a los estratos más pobres de la población.

El año pasado la Nueva Radio Ya, controlada por los Ortega, anunció el concurso de “La madre panza” y premió a una adolescente como la mamá más joven de Nicaragua. No hubo una investigación, a pesar de que leyes establecen que un embarazo en una menor de 16 años es una violación y el Estado está obligado a investigarlo.

La propuesta del Gobierno es reformar el Código de la Niñez, el Código de la Familia y el Código Penal, entre otras leyes, para prevenir la violencia y las “noticias falsas”, dicen, en lo que periodistas e intelectuales consideran la pretensión de imponer una ley bozal en Nicaragua. La Asamblea Nacional, controlada por el Frente Sandinista, ya anunció que abrirá un “debate” para analizar las reformas.

Es precisamente en las redes sociales donde han estallado las críticas a las pretensiones de Ortega y su esposa. Las voces más críticas de Nicaragua han alertado sobre la iniciativa. “La vicepresidenta quiere “actualizar las leyes para proteger a los niños y familias que están siendo influenciados negativamente por las redes sociales".

Si de verdad le preocupa, entonces ¿por qué permite que Radio Ya se burle a diario de las víctimas de violaciones y violencia?”, escribió en su cuenta de Twitter el periodista Carlos Fernando Chamorro, director del programa de investigación Esta Semana y de la revista Confidencial, y quien el año pasado denunció ante organizaciones de derechos humanos espionaje del Ejército contra su equipo periodístico.

“No existe, ni tendría que existir quién decida qué es o no es “dañino” en las redes sociales. ¿Qué autoridad moral tendría la pareja presidencial o la Asamblea Nacional para “protegernos” de supuestas inmoralidades? Hasta la pretensión ofende”, escribió también en Twitter la escritora Gioconda Belli.

Agrupaciones políticas de oposición como el Frente Amplio por la Democracia también reaccionaron a las pretensiones de Ortega. El FAD rechazó la propuesta de control de las redes sociales y recordó que “el régimen de Ortega hostiga y denigra a los adversarios políticos, a través de equipos gubernamentales que laboran en la sombra”.

La oposición ha denunciado que el Gobierno cuenta con un “ejército” de personas en las redes sociales encargadas de generar noticias falsas, promover el discurso de “paz y amor” que sale de la pluma de Murillo y atacar a quienes critican a la familia gobernante.

La pregunta que queda abierta es si Ortega y su esposa lograrán cumplir su pretensión de controlar las redes sociales, el único espacio libre donde los nicaragüenses pueden expresar su descontento con el régimen.

“Las lecciones de la historia son enormes, y aunque estemos lejos de los viejos contextos en que el poder absoluto fraguaba mil formas para aplastar la libertad, no es nada del otro mundo pensar que detrás de los argumentos en apariencia razonables, se esté fraguando un zarpazo a la libertad”, dijo la escritora Nadine Lacayo.

Las orientaciones que la presidencia envió al presidente de la Asamblea Nacional en el llamado "debate nacional" sobre el uso de internet y las redes sociales incluyen legislar en un campo "virgen" hasta ahora de la presencia del estado.

El llamado "Plan de trabajo para la promoción de un debate nacional para fortalecer la armonía y los vínculos afectivos saludables en la familia", elaborado en el despacho de la vicepresidenta Rosario Murillo, comenzó a ejecutarse este jueves con audiencias en la Comisión para asuntos de la niñez, adolescencia, juventud y familia, controlada por la bancada del FSLN.

Durante tres días (jueves, viernes y el próximo lunes) la comisión trabajará en cinco puntos, planteados por Murillo, en los que claramente se expresa la posibilidad de reformar las leyes de orden penal y regulatorio de las comunicaciones para incluir el uso de internet y las redes sociales.

El plan propone "estudiar las leyes que tenemos en relación con la familia, niñez y adolescencia para determinar en qué medida debemos trabajar para actualizar", indica el memorando del diputado Gustavo Porras, presidente de la Asamblea Nacional, a los miembros de la comisión.

En la "gran consulta" participan "las instituciones del gobierno y del estado, que de manera directa e indirecta atienden y protegen a este sector.

Entre las orientaciones enviadas a la comisión parlamentaria están:
-Identificar todas las buenas prácticas en materia de niñez, adolescencia, juventud y familia.

-Visualizar si es necesario o no hacer algunas modificaciones o reformas a leyes en materia de niñez, adolescencia, juventud y familia.

-Identificar si existe la necesidad de modificar, actualizar, programas, políticas o reformar las leyes vigentes en materia de familia, niñez, adolescencia y juventud a fin de mejorar la eficacia de las mismas.

-Identificar los principales desafíos para convertirlos en acciones de cara a mejorar la eficacia en la aplicación de las políticas y normas jurídicas relacionadas con este sector.

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