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martes, 27 de marzo de 2018

La corrupciòn en Nicaragua, una tarea dificil de combatir con el régimen de Ortega, dice informe anti corrupción.


En Nicaragua donde la corrupción es galopante, la afectación es enorme en todos los ámbitos del acontecer político, económico, jurídico, social y ambiental, señala de manera preliminar un informe del Observatorio Anticorrupción.  

En realidad, si continúan en el país los altos niveles de corrupción observados en la actualidad, todos los problemas nacionales que desde siempre nos han afectados permanecerán sin resolverse.

Socialmente hablando el efecto de la corrupción es claramente perceptible ya que el país sigue estancado en su meta de alcanzar el anhelado desarrollo económico sostenible para salir de la pobreza. Aún cuando la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) ha destacado el crecimiento de la economía nicaragüense y proyecta a Nicaragua como el tercer país de Latinoamérica que más crecerá en el 2018 con un 5% , a pesar de ello, el desempleo y la carestía de la vida, continua siendo para el 64% de la población, según última encuesta de la CID-Gallup  el principal problema a resolver.

Es obvio que, al no hacer un uso responsable y transparente de los recursos públicos, el país reciente la calidad de los servicios de salud y educación, así como el desarrollo de una infraestructura vial y urbana adecuada que facilite el incremento de la productividad y con ello la generación de empleos formales.

Ahora, desde el punto de vista jurídico, como lo expresa el Dr. Alberto Novoa, Director Jurídico del Observatorio Pro Transparencia y Anticorrupción, el efecto de la corrupción es “un empantanamiento de las instituciones, una confusión total de las personas con las instituciones, es un desbarajuste institucional, es decir, no hay ninguna seguridad de que los funcionarios y los organismos ejecuten lo que la ley les ordena realizar y por tanto lo que queda es un Estado de derecho colapsado” . Sin lugar a dudas, toda esta situación genera inseguridad jurídica, que termina afectando enormemente el clima de inversión en la nación.

La corrupción que hoy existe en el país, también tiene un efecto económico indiscutible en la medida que impide el desarrollo y progreso de la nación. Refiriéndose específicamente a los efectos económicos de la inclusión del magistrado electoral Roberto Rivas, en una lista de funcionarios corruptos, el ex Contralor General de la República Agustín Jarquín Anaya, señala como consecuencias principales el deterioro de la seguridad jurídica y la certidumbre política “si no hay seguridad jurídica y certidumbre política definitivamente la inversión comienza a descender ”y como se sabe, al no haber inversión, sea esta nacional o extranjera, el país seguirá batallando con grandes obstáculos para conseguir un buen crecimiento de la economía e incluso se podría incrementar el riesgo país si organismos como el GAFI  perciben una debilidad en el sistema en contra de la legitimación de capitales y la corrupción.

Por su parte, el doctor Carlos Sequeira, catedrático del INCAE en Nicaragua, durante la exposición que hiciera en el foro “Efectos de la corrupción para el desarrollo del país” organizado por Hagamos Democracia, mencionó como efectos económicos que la corrupción “encarece artificialmente la actividad económica y la disuade” porque hay “mayor costo de hacer negocios, mayor riesgo por exposición arbitraria a la extorsión y el chantaje, mayor inflación de precios por bienes y servicios para la población”.

En línea con las afirmaciones del Dr. Sequeira la corrupción también propicia el surgimiento de negocios al margen de la ley, creando un falso crecimiento económico que más bien perjudica a la población en vez de beneficiarla. Por ejemplo, recientemente el presidente de la Cámara de Construcción de Nicaragua Rodrigo Pereira, en el programa Esta Semana, transmitido por el Canal 12 de Televisión denunció que hay empresas internacionales inscritas en el Ministerio de Transporte e Infraestructura como proveedores del Estado que no están cumpliendo con las leyes del país, específicamente con la afiliación de los trabajadores a la seguridad social, lo que les permite reducir costo y en virtud de ello presentar propuestas más competitivas que las empresas nicaragüenses.

“Hay empresas efectivamente, que están inscritas en el Ministerio de Transporte e Infraestructura en contrataciones del Estado, son empresas grandes, inclusive más grandes que todas las empresas de Nicaragua juntas, en temas de facturación, son empresas internacionales que no están cumpliendo con las leyes.”

Esto es un típico caso de competencia desleal que solo en un sistema corrupto tiene cabida, afectando, por un lado, los derechos de los trabajadores y por otro dejando los recursos en manos de pequeños grupos que terminan sacando las divisas fuera del país.

A nivel político el efecto de la corrupción en Nicaragua tiene su principal expresión en el debilitamiento de la democracia y la institucionalidad a raíz de los procesos electorales fraudulentos que le han permitido al partido gobernante mantenerse en el poder desde el año 2007, a partir de la compra de voluntades no solo de los magistrados del Consejo Supremo Electoral, sino también de los dirigentes de partidos políticos minúsculos que se han prestado al juego del gobierno para tratar de legitimar los resultados de elecciones plagadas de vicios e ilegalidades contribuyendo únicamente al fortalecimiento de un régimen de corte dictatorial y dinástico en Nicaragua.

El efecto político de la corrupción también se expresa en la violación de los derechos civiles y políticos de los nicaragüenses, a quienes desde el año 2008 no se les permite elegir libremente a sus autoridades. Además, todo aquel que no comparte la forma en que se está gobernando el país, es reprimido y se ve expuesto a múltiples amenazas en contra de su vida y la de sus familiares.

El uso indebido de los fondos públicos ha servido para garantizar privilegios a los allegados al poder y mantener comprado a un amplio sector de la población con regalías y pequeñas ayudas que solo han venido a crear grandes desigualdades entre la ciudadanía. Solo quienes se declaran afines al partido gobernante pueden beneficiarse de los programas sociales impulsados por el gobierno o recibir un trato preferencial.

Para nadie es un secreto, por ejemplo, que solo los militantes sandinistas pueden acceder a los programas hambre y usura cero. También es del conocimiento público el manejo diferenciado que hace el gobierno con las transferencias municipales. A los municipios gobernados por la oposición se les atrasa, reducen o estancan los montos transferidos mientras que en las alcaldías oficialistas el traslado de dinero es fluido y aumenta en cantidades considerables cada año.

Este tipo de actuación en la que el dinero de los contribuyentes se maneja a discreción y antojo de los operadores del gobierno con fines políticos, lógicamente impide el desarrollo igualitario y equitativo del país.

En conclusión, la corrupción es un fenómeno de alcances impredecibles que se esparce sin ningún control en el país de manera institucionalizada. Ya no se puede hablar de casos aislados en una u otra institución del Estado, sino de un complacencia y tolerancia gubernamental hacia este nociva practica en el ejercicio de la gestión de gobierno, que se sustenta en una política de secretismo y falta de acceso a la información pública.

No existe en el país una política pública encaminada a castigar la falta de transparencia en el manejo de los recursos del erario público. Todo lo contrario, se promueven y consienten actos de corrupción de personas y grupos de allegados al poder, fortaleciendo la cultura de la impunidad y el despilfarro del dinero de los contribuyentes como se pudo observar con el caso del magistrado electoral Roberto Rivas y el saqueo a las alcaldías que los partidos de oposición ganaron en las elecciones municipales del año pasado.

Los órganos estatales de control para la lucha contra la corrupción son infuncionales en el país y el marco legal sobre el mismo tema no se aplica, en casos de actos de corrupción cometidos en contra de la función pública. La concentración de poder en manos del ejecutivo ha degenerado en una administración pública que cuyas instituciones estatales actúan al margen de la ley haciéndose las desentendidas cuando de perseguir y sancionar la corrupción se trata.

El dinero proveniente del Presupuesto General de la Republica es utilizado de forma discrecional para el desarrollo de obras sociales de manera sesgada, favoreciendo a los barrios y municipios simpatizantes de partido gobernante y marginando a la población de los municipios donde la oposición gobierna como quedó demostrado con las transferencias municipales. La ciudadanía nicaragüense no está consciente de los efectos de la corrupción tanto para el desarrollo del país como para su vida cotidiana y en general desconocen los casos de corrupción que existen en el en sus propios municipios.

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