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viernes, 23 de marzo de 2018

Madre africana vino a Nicaragua a buscar a su hijo, pero el régimen de Ortega le receto cárcel.


La justicia nicaraguense, bajo el control de Daniel Ortega, declaró culpable de tráfico de migrantes a madre de camerunés muerto en Nicaragua.  Casi a la medianoche del pasado martes 20 de marzo de 2018 fue declarada culpable de tráfico ilegal de migrantes la camerunesa Mary Frinwie Atanga, quien vino en diciembre de 2017 a Nicaragua a reclamar el cadáver de su hijo Mbang Atanga, migrante irregular asesinado por miembros del Ejército, en septiembre de 2017, en el sector conocido como Las Lajas, en la Carretera Panamericana Sur.

Mbang Atanga era migrante irregular y viajaba junto a su hermana Azeh Maclaire y 10 africanos más hacia Estados Unidos en busca del “sueño americano”. El día 29 de septiembre a las 3:20 de la madrugada falleció Atanga después de recibir varios impactos de bala de parte de agentes del Ejército y la Policía Nacional.

Atanga fue declarado culpable junto su acompañante Joseph Tchamani Magloire por el mismo delito y los nicaragüenses Kiver Martínez, Yasser García y Byron Jarquín, a quienes también los acusan de crimen organizado y homicidio frustrado, por ser quienes trasladaban en vehículos a los migrantes ilegales el día de los hechos e intercambiar disparos con las fuerzas del órden.

El juicio se desarrolló en cuatro días de forma hermética, en la sala privada del Complejo Judicial Central Managua, (sala de audiencia de bolsón de jurado) donde el poder judicial realiza las audiencias que quieren ocultar a la población, puesto que no hay ingreso de los medios de comunicación.

Además, son altamente resguardados por oficiales de policía y a los abogados defensores les quitan los celulares, afirman litigantes que han visitado la misteriosa sala 33.

El juez Ernesto Rodríguez Mejía fue quien dio el fallo de culpabilidad para los procesados y argumentó que la prueba testifical y documental presentada en juicio por la Fiscalía había sido “concluyente, súper abundante y provechosa”, puesto que a través de esta se probaron los hechos acusados por la Fiscalía, contrario a la prueba de descargo que había sido insuficiente.

A los cameruneses, la Fiscalía los señala de ser los supuestos líderes de la agrupación criminal dedicada al tráfico ilegal de migrantes desde El Congo en África hasta Estados Unidos. Además de mandar a su hijo Mbang Atanga (q.e.p.d) a fingir ser un migrante irregular y guiar sobre la ruta a los migrantes.

Sin embargo, el único testigo que señaló a los cameruneses fue el oficial de inteligencia de la Policía Nacional inspector Norman Gabriel López, quien dijo que otros migrantes ilegales mencionaron el nombre de Mary y Joseph, de ser el primer contacto que tuvieron para su viaje a Estados Unidos, pero no recordó los nombres de los migrantes que le dijeron eso, ni recordó la fecha en que los entrevistó.

Mary y Joseph son los que se encargan de trasladar a las personas desde el Congo… los migrantes no mencionaban nombres completos, solo un nombre”, fue parte de las respuestas del oficial de inteligencia ante las preguntas de Álvaro Ramírez Barrios, abogado defensor de los extranjeros.

Ramírez alegó que no había prueba para declarar culpable a sus representados porque nada se dijo en juicio que los vinculara con los hechos.

“Esta prueba no demostró nada, no vinculó a mis representados… con el acta de anticipo de prueba se evidencia que Maclaire es hija de Mary Atanga y con esto no solo se demuestra que viajaba solo el hijo (q.e.p.d) sino también su hija… mis representados más bien son víctimas, porque ha perdido a su hijo sin que nadie responda por su muerte. De tal manera que no se ha probado el tráfico de migrantes y debe primar la duda razonable que los favorece. Es claro que este proceso es injusto”, alegó Ramírez.

En el juicio estuvo presente EnricoAlejandro Targa Sasso, cónsul honorario de Bélgica, representando a sus conciudadanos. También estuvieron presentes dos interpretes, para los acusados cameruneses.

Después del fallo de culpabilidad, el juez Ernesto Rodríguez pasó al debate de la pena donde la fiscal Inés Miranda, de la Unidad Especializada contra el Crimen Organizado del Ministerio Público, solicitó la pena de cinco años de cárcel para los cameruneses Mary Atanga y Joseph Tchamani Magloire, por tráfico ilegal de migrantes, más 500 días multa.

Álvaro Ramírez Barrios, abogado defensor de los extranjeros, estuvo de acuerdo con la pena mínima que pidió la Fiscalía y pidió la expulsión de sus representados.
 “Pido considere la muerte del ser querido de mi defendida y se considere el convenio de la OIT sobre penas a un ciudadano de un pueblo indígena o afrodescendiente como es el caso y se ordene la expulsión”, dijo Ramírez.

Para los nicaragüenses Kiver Martínez, Yasser García y Byron Jarquín, la Fiscalía solicitó ocho años de prisión por tráfico de migrantes y 1,333 días multa, siete años de cárcel por crimen organizado y 10 años de prisión por homicidio frustrado.
Socorro Meléndez, Rodrigo Leal y José Luis Mayorga defensa de los nicas pidieron las penas mínimas por cada delito que suman 15 años de cárcel.  

Meléndez dejó sentada su protesta porque no fueron llevados al juicio los vehículos en que se trasladan los procesados Kiver Martínez, Yasser García y Byron Jarquín junto a los 12 migrantes entre ellos Mbang Atanga Azehfor, de 23 años el día de los hechos, lo cual era fundamental para probar que los oficiales agarraron a ráfaga a los vehículos y no tiro a tiro a las llantas como declararon los oficiales de policía y sargentos del Ejército de Nicaragua.


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