Por Hugo Ruiz Olazar/ Guilherme
Canela, consejero de la Unesco en Comunicación e Información para América
Latina, advierte que jueces y fiscales tienen que elegir de qué lado están en
este proceso de lucha contra la corrupción y el crimen.
En esta entrevista, nos
refresca sobre los peligros que acechan al periodismo de investigación y se
refiere específicamente a las demandas que sufren los periodistas de parte de
aquellos que buscan silenciarlos para esconder sus fechorías.
¿Cuál
es su profesión? –Soy politólogo. Empecé
mi carrera en la Universidad de Brasilia y la maestría hice en Ciencias
Políticas en la de São Paulo.
–¿El motivo de su presencia en Paraguay, justo
en una semana caliente en que periodistas de investigación se sienten agredidos
por el poder?
–Desde
hace cinco años venimos cooperando con la Corte Suprema de Justicia de Paraguay
en la formación de operadores judiciales sobre todo jueces, pero también
fiscales y defensores públicos. Hicimos una evaluación pero también estuvimos
en un seminario internacional en la Corte para discutir algo que para la Unesco
es fundamental: la relación entre los periodistas y los sistemas de justicia.
–¿Cuál
fue la discusión? –Partimos de la base de que una prensa libre y un Poder
Judicial independiente y autónomo son condiciones esenciales para la consolidación
de la democracia, y nos parece sumamente relevante que el diálogo –manteniendo
la independencia– entre periodistas y operadores judiciales es fundamental en
pos de ese objetivo.
–Si
hay abismos en la relación es que algo anda mal. –Efectivamente hay desafíos,
diferencias a vencer. Por ejemplo, los tiempos del periodismo son distintos a
los tiempos de la justicia, lo cual no justifica que el Poder Judicial no
ofrezca información transparente y con frecuencia a la prensa.
La segunda
cuestión importante son las diferencias de lenguaje. Por una parte, el
periodismo tiene que comprender el funcionamiento de la justicia y sus
lenguajes en particular, pero también los jueces y fiscales tienen que empezar
a dialogar en un lenguaje más entendible para que el público comprenda sus
fallos. El tercer desafío es el acceso a la información pública y la
transparencia del propio Poder Judicial. Esto obliga a una política de acceso y
transparencia de sus actividades.
–¿Cuál
es su recomendación cuando los periodistas son llamados a declarar por publicar
una investigación? Es evidente que hay un afán de amedrentar, de castigar por
divulgar asuntos que incomodan al poder. –Lo primero es transparentar,
documentarse. Es fundamental que los propios periodistas y sus medios –abogados
también– conozcan los estándares internacionales de libertad de expresión para
que al llegar a una audiencia estén preparados sabiendo cuáles son exactamente
sus derechos y decirle por ejemplo al juez o al fiscal: “Esto ya es
jurisprudencia de la Corte Interamericana...”.
Es
cierto que en la región hay un indicador de que han aumentado las demandas para
que los periodistas se presenten en los tribunales a hablar de sus
publicaciones. Ahí hay un problema. Ahí hay que disparar los mecanismos que existen,
hacer saber a los relatores especiales de libertad de expresión de que estas
cosas están ocurriendo.
–Hay
que agregarle el ingrediente de la impunidad que campea. Los casos de procesos,
sentencias contra las que manejan el poder, sobre todo políticos, como vemos en
Argentina, Brasil, Perú ahora, son nulos en Paraguay. Aquí son todos
“carmelitas descalzas”.
–Claro.
En Unesco tenemos un manual para periodistas que se llama “Investigación a
partir de historias”. El autor es un periodista franco-americano que se llama
Mark Lee Hunter. Algo que él dice es que el periodista de investigación siempre
tiene que pensar que podrá terminar en un tribunal con su historia. Entonces,
la primera cosa es tener muy bien documentado de cómo llegó adonde llegó. Por
supuesto, no tiene que revelar sus fuentes de información. Tiene que
protegerlas pero tiene que estar seguro que si alguien le pregunta, tiene cómo
demostrar que lo que está diciendo tiene sustentación. No estamos hablando de
opinión porque la opinión es una cosa y el periodismo de investigación otra.
Yo
recomendaría a los periodistas de investigación que encuentren los protocolos
para decir: “Señores, acá está. No tengo ningún inconveniente. No puedo revelar
las fuentes, pero los procedimientos periodísticos fueron seguidos”.
Finalmente, yo creo que hay que buscar una alianza entre los buenos. La
sensación que yo tengo trabajando en toda la región con periodistas, jueces y
fiscales es que la mayoría, en ambos lados, quieren más democracia, más
libertad de expresión.
Tenemos que lograr que los éticos del lado del
periodismo y del lado de la justicia trabajen mancomunadamente para combatir la
corrupción, para hacer valer los estándares internacionales. Ahí vamos a salir
airosos y los pocos que hacen mal, pero que son muy ruidosos, van a quedar
aislados. Este tiene que ser el objetivo.
–La
sensación es que políticos poderosos instrumentan a los tienen que impartir
justicia.
–Y
es cierto que a veces ocurre eso, pero nuestras investigaciones demuestran que
la mayoría de las veces es pura ignorancia en la aplicación de los estándares
internacionales. No se puede usar el derecho penal para tratar cuestiones de
libertad de prensa. Las leyes de difamación deben ser derrogadas. En el Plan de
Seguridad de Naciones Unidas, la seguridad jurídica de los periodistas
establece que no se debe usar indebidamente el sistema judicial para reprimir
la libertad de prensa. Jueces y fiscales que usan esos instrumentos tienen una
agenda oculta.
–Parece
que no aprenden. Se sigue usando como “garrote”. Someten al periodista a un
interrogatorio infernal. Es como si lo llamaran para azotarlo.
–Lo
que tenemos que hacer es sumar aliados. Estamos seguros que los jueces y
fiscales, operadores de justicia que pasan por este tipo de formación se
convierten en aliados de la libertad de expresión.
Uno de los principales
problemas de la seguridad de periodistas en el mundo es la impunidad que hay
respecto a los crímenes. De los más de mil casos de asesinatos de periodistas
en los últimos 10 años, menos de 10% llega al sistema judicial y de los que
llegan, solo 1% tiene sentencia contra los autores materiales y a veces
intelectuales de los crímenes.
Ustedes
tuvieron el caso de Pablo Medina, donde parte de los involucrados en el sistema
de justicia, fiscales, jueces pasaron por este proceso de formación. Es uno de
los pocos casos en América Latina donde el autor intelectual del crimen está
condenado. Es una excepción que quizás confirme la regla pero es una
demostración de que cuando se empieza a hacer una discusión de cuáles son los
parámetros de investigación de crímenes contra periodistas, hay avances en esta
perspectiva.
Para
que tenga una idea, hace 20 años –que en términos históricos no es nada–
América Latina solo tenía un país con ley de acceso a la información pública.
Hoy solo cuatro no la tienen. Entonces, ¿cuál es la tendencia acá? La tendencia
es por la transparencia. Es lo que ha ayudado a avanzar en casos como la
Operación Lava Jato en Brasil.
–La
Operación Lava Jato empezó con investigaciones periodísticas.
–La
verdad es que empezó con investigaciones del Ministerio Público y de la Policía
Federal de Brasil; sin embargo, muchos de los elementos subsecuentes fueron
resultados de investigaciones periodísticas, eso en Brasil. En muchos países de
la región los “hijos” de la operación Lava Jato fueron descubiertos por
periodistas que escucharon que el problema no se resumía a Brasil y empezaron a
escarbar y encontraron en Perú, El Salvador, entre otros.
–Es
la mejor demostración de que entre los políticos no existe la “pureza
encarnada” como quieren hacerse pasar aquí.
–Ojalá
los operadores judiciales y otros funcionarios públicos se den cuenta de que la
cuestión hoy es de qué lado de la historia van a querer estar: del lado que
promovió el acceso a la transparencia o del lado que fue un obstáculo para el
acceso a la transparencia. Tarde o temprano, la agenda que va a salir
victoriosa es la agenda del acceso a la información pública y la transparencia.
Este año es muy interesante para promover este objetivo porque estamos
conmemorando varias efemérides como los 270 años del libro El Espíritu de las
Leyes de Montesquieu, pero también son los 70 años de la Declaración Universal
de los DD.HH., donde se estableció internacionalmente el derecho de acceso y de
libertad de expresión en el artículo 19.
También
estamos recordando los 50 años del asesinato de Martin Luther King en Estados
Unidos.
Él fue un gran defensor de las libertades civiles. También se están
celebrando los 40 años de la Corte Interamericana de DD.HH. Son acontecimientos
que muestran que esta defensa no es de hoy. Hubo mucho sufrimiento en este
camino hacia un mundo más democrático, de más protección de los DD.HH.
Ustedes,
periodistas, jueces y fiscales son fundamentales para este proceso de
protección de los derechos humanos. Sin buenos periodistas pero también sin
buenos jueces y fiscales operando con autonomía, con independencia y con
seguridad, la marcha va a ser más larga y penosa en este proceso. Había un juez
de la Corte Suprema de los Estados Unidos a principios del siglo XX, Louis
Brandeis, que decía algo muy relevante: “La luz del sol es el mejor
desinfectante”.
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