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lunes, 19 de marzo de 2018

Ortega prepara zarpaso a la libertad de expresión.


Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) plantearon en la consulta que impulsa la Asamblea Nacional a petición de la vice presidenta Rosario Murillo, sobre las leyes que regulan el tema de la violencia,  dejaron muy claro las  intenciones del gobierno.

Prácticamente la Constitución Política también debería ser reformada “para acoplarse a los nuevos tiempos”, de acuerdo al informe sobre el encuentro que tuvieron los magistrados con la Comisión de la Mujer de la Asamblea Nacional.

La revisión la dirige la Comisión de la Mujer de la Asamblea a los códigos de la Niñez y Adolescencia, el de la Familia, a la Ley 779 o Integral contra la Violencia hacia la Mujer para adecuarlos al Código Penal y el Procesal Penal en relación con la penalización de la violencia.

La Comisión se reunió la semana pasada con los magistrados Ramos, Francisco Rosales, Rafael Solís, Ileana Pérez, Juana Méndez y el presidente del Tribunal de Apelaciones de Managua, Gerardo Rodríguez, sin comentar lo expuesta ante la comisión parlamentaria.

 “Tomando en cuenta el contexto que vivimos en estos tiempos” se necesita “actualizar todas las normas relacionadas con la niñez y mujer”, señalaron. El objetivo sería fortalecer “los vínculos afectivos de la familia, comunidad y Gobierno, modificación de las prácticas diarias que traen consigo la actualización de las leyes, políticas y hasta preceptos constitucionales”.

“Dentro de la exposición se hizo mención de leyes a modificar por presentar contradicciones entre sí y porque necesitan modificarse para acoplarse a los nuevos tiempos, entre estas sugieren modificar y actualizar: Constitución Política, Ley 779, Código Penal, Código de la Niñez y Adolescencia, sobre todo en lo relacionado con la justicia penal de los adolescentes, quienes entran en una clara contradicción con el actual Código Penal”, recoge el informe.

Por su parte, Monseñor Silvio José Báez, Obispo Auxiliar de Managua, uno de los usuarios de redes sociales desde su misión pastoral más reconocido del país, fue uno de los primeros en el país en rechazar la intención del Ejecutivo, en querer controlar el uso de la información en las redes sociales, pues considera que si al Estado se le permite ejercer el control de la información terminará “imponiéndose sobre las personas y las familias por la fuerza”.

El jerarca católico de la Orden Carmelita, asegura estar consciente de los abusos y delitos que se cometen en el espacio cibernético, pero advierte que tampoco eso justifica que se censure o se intervenga el uso de las redes sociales. Él propone el camino de la educación preventiva más que el del derecho sancionador.

Por otro lado, el prelado asegura que uno de los riesgos más grandes que se presenta en este debate del uso de las redes sociales, en una intención por controlarlo, es ¿cuál sería la autoridad que realizaría el juicio moral sobre la información en las redes y desde cuál referente ético el Estado pretende decidir lo que es bueno o dañino para cada persona o familia?

Báez ante la polémica que se ha desatado en Nicaragua por el uso de las redes sociales, y en la que el gobierno del presidente designado por el Poder Electoral, Daniel Ortega, pretende controlar el uso de la información en el ciberespacio a través de reformas a varias leyes, plantea varias sugerencias para enriquecer el debate o propuesta del gobierno de Ortega.

En una de estas sugerencias, monseñor Báez exhorta al Estado a abrirse al tema irrestricto de la información pública, ofreciendo la versión pública de sus funcionarios y promover un debate de altura, permitiendo que sus funcionarios públicos den entrevistas y respondan a las inquietudes de la sociedad.

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