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jueves, 15 de marzo de 2018

“Situación de Nicaragua es incierta”, afirma la embajadora de Estados Unidos en Managua, Laura F. Dogu.


La embajadora Laura Dogu describio la situación de Nicaragua como “incierta” y afirma que entre los nicaragüenses existe “una disminución de la confianza en las instituciones del país”.

Durante una conferencia magistral promovida por la firma PWC, Nicaragua, la embajadora dijo que: “Si el camino hacia 2030 comienza hoy, primero debemos saber dónde se encuentra Nicaragua hoy.  Para mí la situación de Nicaragua puede ser descrita como incierta, y he escogido la palabra incierta por dos motivos. 

Primero, debido a las decisiones que los nicaragüenses han tomado sobre el rumbo que está llevando el país. Y el segundo, debido a las tendencias mundiales que afectan a todos los países”, dijo este miércoles durante la conferencia Perspectivas 2018, El camino hacia 2030 comienza hoy, realizada en Managua.

 “Las dudas de los nicaragüenses acerca de las elecciones han conducido a una reducción en la participación en el proceso político y a una disminución de la confianza en las instituciones del país”, opinó la representante de Estados Unidos en Nicaragua.

Dogu planteó que aún no se pueden identificar cambios significativos tras el involucramiento de la Organización de Estados Americanos (OEA) para reformar el sistema electoral nicaragüense y que la “incertidumbre acerca de la sostenibilidad del actual sistema político, a su vez,  tiene un componente  económico”.

También expresó que “las maniobras para preservar la inmunidad de Roberto Rivas, presidente del Consejo Supremo Electoral (CSE)”, y que este poder del Estado “continúe funcionando sin ningún tipo de cambio significativo, constituyen una oportunidad perdida para mostrar a potenciales inversionistas que Nicaragua está trabajando para fortalecer sus instituciones y combatir la corrupción”.

Por el contrario, señaló la diplomática, las acciones tomadas por el gobierno “reafirman la percepción generalizada de que en Nicaragua el Estado de Derecho y la institucionalidad son débiles”.
“Los inversionistas están claros que el riesgo y el retorno siempre están ligados”, enfatizó.

La diplomática expresó que en Nicaragua “si el nivel de riesgo aumenta, los inversionistas demandarán un mayor nivel de retorno”. A su criterio, las decisiones que las autoridades de este país han tomado a nivel nacional y en su política exterior han contribuido a generar incertidumbre.

“En particular me refiero: a la Nica Act (proyecto de ley en EE.UU.), el reconocimiento oficial de Osetia del Sur y Abjasia y la ley Global Magnitsky”, señalo.

Dogu refirió que esos aspectos afectan la relación de Nicaragua con su principal socio comercial: Estados Unidos. La diplomática recordó que el magistrado electoral Roberto Rivas Reyes fue sancionado por corrupción, en base a la Ley Global Magnitsky, con el  propósito de evitar que fondos de origen corrupto ingresen en el sistema financiero de Estados Unidos.

Agregó que Nicaragua se ve afectada por las sanciones que Estados Unidos ha impuesto a Petróleos de Venezuela S. A. (PDVSA), la empresa estatal de Venezuela, “en vista de que dicha empresa es accionista mayoritaria de Albanisa”, una sociedad con sede en Managua.

Dogu advirtió que “la suma de la situación política nacional y la política exterior crean incertidumbre entre los potenciales inversionistas y ponen en riesgo futuros préstamos”.

“La inversión es necesaria a fin de que Nicaragua pueda ajustarse a la globalización y enfrentar la Cuarta Revolución Industrial y así continuar creciendo”, agregó Laura Dogu.

La diplomática aseveró que la Nic Act, un proyecto de ley para bloquear fondos a Nicaragua, pendiente de ser presentada en el Senado de Estados Unidos, orientaría al gobierno de Washington a votar en contra de préstamos para el Estado nicaragüense.

“Esta iniciativa de ley surge como consecuencia de la falta de democracia, la violación a los derechos humanos, la corrupción y las relaciones cercanas con Rusia y Venezuela”, explicó.   

“Lo que no muchos saben es que el gobierno de Estados Unidos prohíbe trabajar muy de cerca con gobiernos que han reconocido a Osetia del Sur y Abjasia, siendo Rusia, Venezuela, Nicaragua y Nauru, los únicos países en el mundo que lo han hecho”, comentó.

El comentario de la diplomática, “si el nivel de riesgo aumenta, los inversionistas demandarán un mayor nivel de retorno”, parece coincidir con la decisión del grupo Mota de capital panameño, quienes han decidido retirar sus inversiones de Nicaragua con la venta de las acciones Banco de Finanzas BDF.

La inminente salida del negocio bancario local del poderoso empresario panameño, en momentos en que otros grandes capitales de Centroamérica y Colombia más bien compiten por ampliar su presencia en el país, ha generado distintas interrogantes entre los círculos financieros.

Unos la atribuyen al interés del empresario en enfocarse en otra clase de negocios, que le permita obtener mayores niveles de rentabilidad que en el negocio bancario, pero otros ven detrás de la decisión una señal de cautela y previsión para proteger sus intereses extra regionales, tomando en cuenta los nuevos factores de incertidumbre que rodean el entorno internacional de Nicaragua.

Stanley Motta, accionista mayoritario del Banco de Finanzas (BDF) a través de ASSA Internacional, decidió poner a la venta su participación en esta entidad financiera, en la que controla casi el 60% de las acciones. El principal accionista minoritario es el Instituto de Previsión Social Militar (IPSM, entidad del Ejército de Nicaragua), que controla más de un 25%, mientras el presidente del banco, Juan Bautista Sacasa, y otros accionistas menores, son dueños del resto de las acciones.

Otro grupo económico que demanda apoyo al gobierno central son los cafetaleros. Aura Lila Sevilla, presidente de la Alianza Nacional de Cafetaleros que agrupa asociaciones de productores de Jinotega, Matagalpa, Nueva Segovia, y Madriz, aseguró que todos sus colegas del Norte y del Pacífico del país se vieron afectados por igual con la reducción de sus cosechas, debido a factores climáticos y no cuentan con el respaldo del gobierno ni del sistema financiero nacional.

Sevilla calificó la situación de “emergencia”, y reconoció que están siendo mesurados al cifrar las pérdidas en 30%, porque hay muchos productores que perdieron hasta el 50% de la cosecha esperada, por lo que “calculamos que la merma para este año puede oscilar entre 500 000 y 700 000 quintales”, añadió Sevilla.

“Eso significa más de 50 millones de dólares que no recibirán los productores para invertir en la caficultura, y más de 200 millones de córdobas que han dejado de percibir nuestros colaboradores en concepto de salario. Es plata que ya no va a circular en toda la zona norte”, insistió.

 “Tenemos la crisis a las puertas, porque los financiamientos vencen el 30 de abril, así que todavía tenemos un chance para sentarnos a negociar con la banca”, aseguró Sevilla.

Sevilla refirió que el presidente del Banco Central, Ovidio Reyes, les respondió que eso era un negocio entre privados y que el Gobierno no puede hacer ese tipo de solicitud a la banca porque se estaría inmiscuyendo en sus negocios, aunque sí se comprometió a hablar con los banqueros, para tratar de incidir en que tengan una posición más abierta hacia los cafetaleros.

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